Medida cautelar mantiene vigentes los contratos actualmente suscritos por el Instituto bajo el esquema cuestionado por el órgano contralor.
El Tribunal Contencioso Administrativo acogió una medida cautelar provisionalísima solicitada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contra las órdenes de la Contraloría General de la República (CGR) relacionadas con el uso de empresas privadas para ejecutar contratos que otras instituciones públicas adjudicaron directamente al Instituto.
Según informó el ICE, el tribunal ordenó “mantener la vigencia y ejecución de los contratos actualmente suscritos por el ICE bajo la modalidad cuestionada por la Contraloría General de la República, garantizando la continuidad, calidad y oportunidad de los servicios que actualmente reciben las instituciones públicas usuarias y los ciudadanos beneficiarios de dichos servicios”.
La institución aseguró que la decisión permite mantener servicios como el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la conectividad a internet de escuelas y colegios del Ministerio de Educación Pública (MEP).
El pasado 28 de julio, la Contraloría ordenó al ICE cesar el uso de alianzas con empresas privadas para ejecutar contratos que otras instituciones públicas le adjudicaron directamente, tras concluir que ese esquema permitió eludir procedimientos ordinarios de contratación y redujo, en varios negocios, la participación del Instituto a funciones comerciales, administrativas y de coordinación.
Posteriormente, el ICE presentó recursos de revocatoria y apelación contra los oficios de la Contraloría y sostuvo que las órdenes afectaban sus negocios, sus servicios y las competencias que la legislación le otorga para establecer asociaciones empresariales.
Sobre esta orden, el presidente ejecutivo de Grupo ICE, Marco Acuña Mora, señaló en la conferencia de prensa del 29 de julio:
Muchos medios han sacado información diciendo que la Contraloría ha detectado irregularidades y por esto manda a cesar o a suspender este tipo de contratos, pero en ningún caso se ha evidenciado irregularidad o indicios de corrupción. Es simplemente un cambio en la interpretación de la Contraloría a la ley especial que tiene el ICE de contratación".
¿Qué señaló la Contraloría?
La Ley General de Contratación Pública permite que una institución contrate directamente a otra entidad estatal sin promover una licitación, siempre que la entidad contratada tenga la capacidad técnica para cumplir por sí misma la parte sustancial del servicio. La excepción parte de que el proveedor reúne las condiciones necesarias precisamente por su naturaleza, experiencia y recursos públicos.
Según la Contraloría, varias instituciones utilizaron esa excepción para adjudicar servicios al ICE, pero el Instituto incorporó posteriormente a compañías privadas mediante alianzas o acuerdos comerciales. Estas empresas asumieron tareas como el diseño técnico, la compra e instalación de equipos, la configuración de programas, el mantenimiento, el soporte y la sustitución de componentes.
El ICE, por su parte, concentró en varios acuerdos la relación con la institución contratante, la supervisión general, la facturación, el cobro y la distribución de una parte de los ingresos al socio comercial. Para la Contraloría, ese reparto convirtió al privado en un coprestador del servicio y no en un simple subcontratista encargado de labores accesorias.
La Contraloría sostuvo que este modelo desnaturalizó la contratación directa entre entidades públicas porque las compañías privadas accedieron a negocios estatales sin competir en una licitación. De esa forma, las instituciones contratantes tampoco pudieron comparar todas las opciones disponibles en un mercado de telecomunicaciones abierto a la competencia.
La fiscalización no cuestionó la facultad general del ICE para formar alianzas empresariales al amparo de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. La CGR señaló que la restricción aplica cuando el Instituto obtiene un contrato mediante la excepción reservada para negocios entre entidades de derecho público.
La Contraloría tampoco prohibió que el ICE subcontrate servicios especializados. Sin embargo, ordenó que el Instituto demuestre que cuenta con capacidad técnica para ejecutar directamente al menos el 70% del objeto contractual y limite la subcontratación al 30% restante, únicamente para labores especializadas o accesorias.
Además, el ente contralor ordenó a las instituciones que contrataron directamente al ICE definir las acciones necesarias para regularizar los contratos examinados y elaborar planes de transición que garantizaran la continuidad, calidad y oportunidad de los servicios.