El presidente de la Corte respondió a una propuesta del Colegio de Abogados y fijó cinco criterios para una eventual conversación sobre la situación de la administración de justicia.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, manifestó la apertura del Poder Judicial a valorar su participación en un espacio de diálogo promovido por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica entre los poderes de la República, pero advirtió que las obligaciones constitucionales y legales relacionadas con el financiamiento de la administración de justicia no pueden someterse a negociación entre instituciones.
En una carta fechada el 5 de agosto y dirigida a la Junta Directiva del Colegio, Aguirre agradeció el ofrecimiento para facilitar una conversación sobre las condiciones que enfrenta actualmente la administración de justicia. El magistrado condicionó una eventual participación a que la iniciativa llegue a concretarse y el Poder Judicial conozca previamente sus términos generales.
Aguirre estableció como primer criterio que cualquier diálogo debe partir del cumplimiento de las obligaciones que la Constitución y la ley imponen en materia de financiamiento judicial. Sobre ese punto, afirmó:
La conversación puede contribuir a determinar la manera de asegurar ese cumplimiento, pero aquello que el ordenamiento manda no constituye materia negociable ni concesión entre instituciones; es un deber jurídico cuyo acatamiento sostiene el funcionamiento del Estado”.
El presidente de la Corte también señaló que el Poder Judicial acudiría a una eventual mesa de diálogo en su condición de poder de la República encargado de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento con apego a la ley, y no como una parte dentro de una disputa política con el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Aguirre cuestionó además que la relación entre los poderes de la República se describa como un “pulso”. Según expuso, cada poder ejerce funciones diferentes.
Por eso, describir la relación entre poderes como un pulso establece una equivalencia improcedente y desplaza la discusión desde el terreno de las reglas hacia el de los intereses y las voluntades, propio de la esfera política”.
Corte pide transparencia y condiciones de igualdad
Como tercer criterio, Aguirre sostuvo que la conversación debe orientarse a preservar las condiciones materiales necesarias para que la administración de justicia cumpla sus funciones, entre ellas perseguir el delito, proteger a quienes buscan amparo y mantener el servicio judicial en todo el territorio nacional.
El presidente de la Corte también pidió que cualquier espacio de diálogo deje constancia clara y verificable de las posiciones de cada participante y de sus fundamentos, con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer las razones expuestas y valorarlas.
Adicionalmente, señaló que el Poder Judicial concibe el diálogo como un ejercicio de buena fe que debe desarrollarse bajo condiciones de imparcialidad, equilibrio y confianza, con disposición para escuchar y comprender las distintas posiciones.