Magistrada de la Sala Tercera cuestionó decisión del Poder Ejecutivo de recortar presupuesto del OIJ y Ministerio Público, al considerar que limitará la lucha contra el crimen organizado.
La magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro, cuestionó este lunes la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar un nuevo recorte al presupuesto del Poder Judicial y advirtió que la reducción de recursos para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público afectará los esfuerzos contra el crimen organizado.
Las declaraciones fueron dadas en un video circulado a la prensa, posterior a la sesión de Corte Plena en la que las magistraturas analizaron el recorte adicional de ₡23.721,8 millones planteado por el Ministerio de Hacienda. De ese monto, ₡9.536,3 millones corresponden al OIJ y ₡558,1 millones al Ministerio Público.
Solano puso como ejemplo el costo de las operaciones contra estructuras criminales y cuestionó que Hacienda reduzca los recursos destinados a las instituciones encargadas de investigarlas y perseguirlas:
El día del allanamiento del Diablo, el operativo costó 50 millones de colones. ¿Cuántos operativos podemos hacer exitosos que viene realizando una investigación el Ministerio Público, en asocio del OIJ, para combatir la criminalidad? Si tuviéramos todos los recursos, los que ya nos deberían haber dado y los que tenemos. Nos recortan, entre más exitoso es el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, pareciera que el mensaje que nos dan es que no se quiere combatir la seguridad ciudadana".
La magistrada agregó que el Poder Judicial participa en los esfuerzos contra las bandas criminales pese a que la seguridad ciudadana corresponde principalmente al Poder Ejecutivo y dirigió sus cuestionamientos directamente a la presidenta Laura Fernández:
Hacemos un esfuerzo para poder eliminar las bandas criminales, para darle seguridad a Costa Rica, que no es la labor esencial del Poder Judicial. Eso le corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, con todo el interés y la preocupación que tenemos, trabajamos en eso. Pero entre más exitosos, nos quitan recursos. Cuál es el mensaje que hay en esto? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Hay una preocupación, y esa es la pregunta que le hago a Laura Fernández, ¿cuál es la preocupación que tiene con la seguridad ciudadana, si le elimina los recursos al Ministerio Público, si le quita los recursos al OIJ para que no investiguen?
El magistrado de la Sala Tercera, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, coincidió en advertir sobre las consecuencias que tendría la reducción para todo el sistema de justicia penal y destacó los resultados obtenidos durante este año en investigaciones contra estructuras criminales:
Este año ha sido un año fundamental en la lucha contra el crimen organizado, y esa lucha se ha dado de manera primordial desde el Poder Judicial. Un recorte para el sistema de justicia penal, para la investigación desde el Organismo de Investigación Judicial, para la persecución desde la Fiscalía, para la jurisdicción desde los jueces y juezas, para la Defensa Pública, nos significa un impacto que tendría consecuencias casi desastrosas".
Alfaro también cuestionó cómo podría sostenerse la operación durante los últimos cuatro meses del año con menos recursos:
Hoy hemos logrado que se disminuya el número de homicidios. Hoy hemos desarticulado bandas. ¿Pero qué va a pasar en este último cuatrimestre si no tenemos fondos para que nuestros policías, para que nuestros jueces, para que nuestros fiscales y para que nuestros defensores sigan en ese combate?".
Recorte en partida de remuneraciones incrementaría la mora judicial
Durante la sesión de Corte Plena de este lunes, la directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez, informó que el ajuste propuesto por Hacienda incluye alrededor de ₡1.855 millones en remuneraciones, principalmente en partidas relacionadas con años de servicio y otros incentivos salariales.
Las autoridades judiciales cuestionaron que, al formular el recorte, Hacienda consideró plazas vacantes como una posible fuente de holgura presupuestaria. Sin embargo, Arrieta explicó que el Poder Judicial mantiene más de 2.300 plazas sin nombramiento en propiedad que no están desocupadas, sino que las ocupa personal interino.
El presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, explicó que esas plazas continúan existiendo y prestando servicios, aunque administrativamente aparezcan como vacantes porque todavía no tienen una persona nombrada en propiedad. Reducir los recursos destinados a ellas podría impedir mantener los nombramientos y afectar la prestación de servicios judiciales.
La magistrada de la Sala Primera, Damaris Vargas Vásquez, destacó que esos recortes podrían generar un incremento de la mora judicial. Vargas explicó que la realización de una audiencia requiere la participación conjunta de personas juzgadoras, fiscales, defensores, personal del OIJ y equipos técnicos, por lo que la falta de una de ellas obliga a suspenderla.
Con solo una de esas personas que falte, la audiencia ya no se puede realizar. Entonces, eso es especialmente gravoso ante esa situación que se está exponiendo".
Vargas advirtió además que reducir recursos actualmente comprometidos podría generar incumplimientos contractuales y terminar aumentando los costos para el propio Estado. Por ello, pidió que decisiones de esta naturaleza surjan de un diálogo técnico entre Hacienda y el Poder Judicial "para poder sacar un producto que realmente se materialice y que sea en beneficio del país".
La magistrada Vargas explicó que una reducción de personal obligaría a modificar la programación de audiencias que el Poder Judicial ya realizó incluso para años posteriores y ampliaría los plazos de resolución de los expedientes:
Este plan que tenemos de acelerar los procesos judiciales de programación de audiencias ya se vendría atrás y habría que hacer una replanificación que implicaría una duración aún mayor de los procesos, y eso no lo quiere ni el Poder Judicial ni lo quiere el Estado costarricense y la ciudadanía menos, que es la destinataria en nuestros servicios".
La Corte Plena acordó este lunes autorizar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, a presentar las acciones administrativas y legales que considere procedentes contra el recorte propuesto por Hacienda.