Dirección Ejecutiva calculó una insuficiencia de ₡17.258 millones para aplicar el ajuste en las partidas seleccionadas por Hacienda.
La Corte Plena autorizó este lunes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, a presentar las acciones administrativas y legales que considere procedentes contra el recorte de ₡23.721,8 millones que el Ministerio de Hacienda pretende aplicar al presupuesto del Poder Judicial de 2026.
La Corte tomó el acuerdo después de que las direcciones técnicas del Poder Judicial expusieran las consecuencias del ajuste anunciado por Hacienda la semana anterior. Las magistraturas discutieron en sesión privada parte del análisis jurídico sobre las eventuales acciones, por lo que no se conocen los mecanismos concretos que utilizará la Presidencia de la Corte.
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, reiteró que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda ya no tienen disponibilidad suficiente para aplicar los montos de rebaja planteados y cuantificó en ₡17.258,2 millones la insuficiencia presupuestaria para absorber el recorte en los términos definidos por Hacienda.
Según Romero, Hacienda elaboró su cálculo con información disponible al 30 de junio y mediante un modelo basado en patrones históricos de ejecución. Desde entonces, el Poder Judicial continuó ejecutando el presupuesto, realizó contrataciones, asumió compromisos y aplicó una modificación presupuestaria por unos ₡2.900 millones que el análisis de Hacienda no contempla.
La funcionaria cuestionó que Hacienda equiparara recursos que todavía no aparecían como devengados al 30 de junio con dinero disponible para recortar. Señaló que parte de esos recursos ya está comprometida para contratos, órdenes de compra, servicios recurrentes y otras obligaciones que deben pagarse durante los últimos meses del año.
Romero agregó que Hacienda no sostuvo previamente una reunión técnica con el Poder Judicial para revisar las partidas seleccionadas. Según explicó, Hacienda consideró insuficiente la reducción presupuestaria que la Corte había ofrecido previamente y posteriormente aplicó su propio modelo para determinar dónde realizar el nuevo ajuste.
Recorte alcanza recursos para salarios
La directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez, informó que el ajuste incluye alrededor de ₡1.855 millones en remuneraciones, principalmente en partidas relacionadas con años de servicio y otros incentivos salariales.
Durante la discusión, las autoridades judiciales también cuestionaron que Hacienda considerara plazas vacantes como una posible fuente de holgura presupuestaria. Gestión Humana explicó que el Poder Judicial mantiene más de 2.300 plazas sin nombramiento en propiedad que no están desocupadas, sino que las ocupa personal interino.
Aguirre explicó que esas plazas continúan existiendo y prestando servicios, aunque administrativamente aparezcan como vacantes porque todavía no tienen una persona nombrada en propiedad. Reducir los recursos destinados a ellas podría impedir mantener los nombramientos y afectar la prestación de servicios judiciales.
Durante la discusión, las magistraturas detallaron que entre esas plazas hay puestos relacionados con reformas recientes, como la implementación del Código Procesal de Familia, y advirtieron que la ausencia de una sola persona en los equipos que participan en audiencias puede provocar suspensiones y aumentar la mora judicial.
OIJ concentra la mayor reducción
El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas, compareció ante la Corte Plena para explicar el impacto del recorte sobre esa institución, que concentra alrededor del 40% del ajuste planteado por Hacienda.
Según Hacienda, al OIJ le correspondería una reducción de ₡9.536,3 millones. Soto expuso que el ajuste alcanzaría partidas necesarias para la operación cotidiana, entre ellas combustibles para realizar investigaciones y atender diligencias, mantenimiento de vehículos e insumos utilizados en labores periciales y de laboratorio.
El jerarca del OIJ advirtió que una reducción de esa magnitud afectaría la capacidad operativa del organismo en momentos en que mantiene investigaciones contra estructuras de crimen organizado y realiza esfuerzos para contener la violencia homicida.
La Defensa Pública enfrenta, por su parte, un recorte de ₡1.087 millones. Su director, Juan Carlos Pérez Murillo, señaló que la reducción afectaría principalmente recursos operativos utilizados para atender a poblaciones vulnerables en materias como pensiones alimentarias, laboral y agraria.
El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, también advirtió sobre las consecuencias para el Ministerio Público, cuyo ajuste asciende a ₡558,1 millones. Díaz subrayó que la institución ya enfrenta carencias de recursos y sostuvo que un recorte adicional podría obligarla a limitar servicios, concentrarse en asuntos urgentes e incluso reducir la operación de algunas oficinas.
Advierten daño incluso si Asamblea rechaza recorte
La Dirección Ejecutiva planteó además un segundo riesgo: que la afectación ocurra incluso si la Asamblea Legislativa termina rechazando el recorte que Hacienda pretende incluir en el presupuesto extraordinario.
Romero explicó que, durante la tramitación legislativa, los recursos sujetos a una eventual rebaja podrían tener que mantenerse apartados para evitar que el Poder Judicial los ejecute antes de que el Congreso tome una decisión:
Lamentablemente, a esta altura del año y bajo la dinámica de un presupuesto extraordinario, el daño está hecho. Tenemos que decirle a la ciudadanía que el daño está hecho".
En un video distribuido a la prensa, el magistrado de la Sala Primera, Jorge Leiva Poveda, explicó:
Si se aprueba [el recorte presupuestario], evidentemente, la carencia de los recursos va a afectar terriblemente el funcionamiento del Poder Judicial. Pero si no se aprueba y los recursos se liberan en noviembre o diciembre de este año, esos recursos no se van a poder ejecutar, no se van a poder invertir en lo que se tiene previsto, y eso podría generar un castigo a los presupuestos del Poder Judicial del 2027 y del 2028".
Hacienda justificó el recorte en la caída de los ingresos proyectados para 2026. El ministerio estima que recaudará ₡373.390,8 millones menos de lo presupuestado para este año.
El Poder Judicial sostiene que ya realizó un primer esfuerzo fiscal después de la solicitud de Hacienda, por lo que considera los ₡23.721,8 millones como una reducción adicional que, en las condiciones planteadas, no puede ejecutar sin afectar la prestación de servicios.
Con el acuerdo adoptado este lunes, la Corte Plena dio por recibidos los informes técnicos y dejó en manos de Aguirre la presentación de las acciones administrativas y judiciales que correspondan para defender el presupuesto institucional.