Corte Plena analizará el lunes posibles acciones legales contra el recorte adicional de ₡23.721,8 millones, anunciado por el Ministerio de Hacienda.
El Poder Judicial advirtió este viernes que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por el Ministerio de Hacienda para aplicar un recorte adicional de ₡23.721,8 millones a su presupuesto de 2026 tienen un disponible inferior al monto que el Gobierno pretende rebajar.
La institución informó que llegó a esa conclusión tras realizar un estudio técnico sobre las partidas escogidas por Hacienda y señaló que la diferencia responde, entre otros factores, a que el cálculo del ministerio utiliza información disponible al 30 de junio y patrones históricos de ejecución presupuestaria.
Según el Poder Judicial, desde esa fecha continuó realizando procesos de contratación, adjudicaciones, adquisiciones de bienes y servicios, además de asumir compromisos y efectuar pagos correspondientes al segundo semestre.
Esto significa que, al revisar las partidas de manera individual, en esos casos los recursos que Hacienda considera susceptibles de recorte no se encuentran realmente disponibles en la magnitud proyectada".
La institución anunció que evaluará las acciones legales que correspondan y que la Corte Plena conocerá el tema con prioridad en su sesión del próximo lunes 24 de agosto.
OIJ concentra el mayor recorte
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibiría la mayor reducción dentro del ajuste adicional, con ₡9.536,3 millones menos. Le siguen Administración y Operación, con ₡8.728,8 millones, y los juzgados y tribunales, con ₡3.287,9 millones.
La Defensa Pública perdería ₡1.087 millones; el Ministerio Público, ₡558,1 millones; Atención y Protección de Víctimas y Testigos, ₡335,7 millones; y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, ₡187,8 millones.
El Poder Judicial sostuvo que esas reducciones afectarían recursos vinculados con la persecución penal, las acciones contra la delincuencia, los juzgados y tribunales, la Defensa Pública y los servicios de atención a víctimas y testigos.
El ajuste adicional fue ordenado el pasado 18 de agosto por el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, quien instruyó incorporar la rebaja en el II Presupuesto Extraordinario de 2026 que deberá conocer la Asamblea Legislativa.
Hacienda justificó la medida en una caída de ₡373.390,8 millones en los ingresos proyectados para este año y en la solicitud que realizó en junio para que varias instituciones redujeran en al menos 5% sus presupuestos de 2026.
El ministerio calculó que el Poder Judicial debía aportar ₡26.641,9 millones para alcanzar ese 5%. Sin embargo, consideró que únicamente ₡2.920,1 millones de la reducción propuesta previamente por la Corte podían contabilizarse para esa meta, por lo que determinó que faltaba aplicar un ajuste adicional de ₡23.721,8 millones.
Dentro del recorte aprobado por Corte, iban ₡8.687,9 millones que la Asamblea Legislativa había incorporado al presupuesto mediante mociones para reforzar al Poder Judicial, pero que se encontraban en estado de no ejecución. Hacienda sostiene que esos recursos no pueden contabilizarse para cumplir la meta del 5% porque no formaban parte del presupuesto inicial sobre el cual calculó la reducción.
El Poder Judicial, por su parte, recordó este viernes que la decisión de la Corte Plena de poner a disposición ₡13.242,08 millones respondió precisamente a la solicitud de Hacienda y sostuvo que el nuevo ajuste constituye una reducción adicional.
Los ₡23.721,8 millones tampoco incluyen los ₡3.053 millones que Hacienda pretendió retener de las cuotas correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2026.
Poder Judicial vuelve a aclarar cifra de fideicomiso
El comunicado también respondió a la discusión sobre los recursos que el Poder Judicial mantiene en cuentas bancarias. La institución reiteró que el fideicomiso destinado a infraestructura judicial asciende a unos $82 millones, no a los $700 millones que la presidenta Laura Fernández Delgado atribuyó al fideicomiso durante una cadena nacional.
Esos recursos tienen como destino la construcción de infraestructura judicial y, según la Corte, buscan atender el déficit de edificios, disminuir el pago de alquileres y generar ahorros en el largo plazo.
El Poder Judicial también recordó que los depósitos judiciales que custodia no pertenecen a la institución. Esos fondos corresponden a personas usuarias y están vinculados con procesos en los que una autoridad ordenó embargos, retenciones u otras medidas, además de incluir depósitos correspondientes a pensiones alimentarias.