La Corte Plena acordó recortar ₡13.242 millones del presupuesto de este año, y rechazó reducir el presupuesto para 2027.
El Poder Judicial informó este lunes que la Corte Plena, por mayoría, acordó realizar un recorte de ₡13.242 millones en el presupuesto para el resto del año, tras la solicitud planteada por el Ministerio de Hacienda y como parte de los esfuerzos institucionales para contribuir a la sostenibilidad fiscal del país. Advirtió, sin embargo, que esta reducción tendrá consecuencias en la prestación de servicios y en iniciativas dirigidas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y a agilizar procesos judiciales.
El acuerdo de la Corte se da luego de que el miércoles anterior, el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, anunció que iban a realizar un recorte del 5% al presupuesto de este año para todas las instituciones.
Adicionalmente, la Corte acordó, por mayoría, rechazar la solicitud de rebajo de ₡26.549 millones al anteproyecto del presupuesto para el año 2027, señalando "el impacto que tendría en la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia, los programas para disminuir el rezago judicial y la atención de las víctimas".
Desde la Corte detallaron que del monto total recortado para este año, ₡8.687 millones corresponden a recursos aprobados por la Asamblea Legislativa en el cuatrienio anterior para fortalecer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público mediante la creación de nuevas plazas y la apertura de dos subdelegaciones en La Cruz y Cabo Velas y una oficina policial en Puerto Jiménez, zonas estratégicas por su ubicación. Aunque esos fondos fueron incorporados al presupuesto del Poder Judicial, Hacienda no autorizó ejecutarlos; además, fueron eliminados del presupuesto de 2027 por dicha cartera. El monto restante corresponde a remanentes producto del tipo de cambio del dólar, contrataciones sin ofertas y reprogramación de proyectos de construcción.
En un comunicado de prensa, la Corte reiteró que "los recursos asignados a la administración de justicia son fundamentales para garantizar la atención de la ciudadanía, la protección de los derechos de las personas y la continuidad de las acciones que han permitido desarticular organizaciones criminales, llevar casos ante los tribunales y obtener condenas contra líderes de estructuras delictivas".
La Corte añadió que el recorte aprobado "constituye el mayor esfuerzo de ajuste que la institución puede realizar sin comprometer directamente la continuidad de servicios esenciales", y advirtió:
Una reducción adicional obligaría a tomar medidas más drásticas con impacto directo sobre la atención que reciben las personas usuarias".
El Poder Judicial recordó que, del 2023 a 2025, ha mantenido una ejecución presupuestaria por encima del 95% y aseguró que esto evidencia "una gestión eficiente de los recursos públicos y un firme compromiso con el cumplimiento de las medidas de disciplina fiscal establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público".
La Corte aseguró que, pese a las limitaciones presupuestarias, continuará "trabajando para combatir el crimen organizado, resolver los conflictos que llegan a los tribunales, defender los derechos de las personas y garantizar el acceso a la justicia".