La diputada oficialista acusó al fiscal general de exceder sus funciones y defendió la decisión del Ministerio de Justicia.
La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kathia Calvo Cruz, arremetió este jueves contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, por el recurso de amparo que presentó ante la Sala Constitucional contra la decisión del Ministerio de Justicia y Paz de poner fin al convenio que permitía realizar audiencias judiciales virtuales con personas privadas de libertad desde los centros penitenciarios.
Calvo cuestionó que Díaz recurriera la decisión del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas, y sostuvo que el fiscal general estaría excediendo las funciones propias de su cargo.
Ahora resulta que el fiscal general, que yo creo que no tiene claras cuáles son sus funciones, presenta un recurso de amparo contra el ministro de Justicia y Paz por haber eliminado las audiencias virtuales”.
La legisladora defendió la potestad del Poder Ejecutivo para poner fin al acuerdo y aseguró que este se encontraba vencido desde 2022. También afirmó que había sido firmado “en el marco de la pandemia” y presentó las audiencias virtuales como una facilidad para los funcionarios judiciales.
Resulta que ya los jueces que están tomando estas audiencias desde su casa cómodamente en pijama van a tener que sacudir el saco y la corbata y regresar al Poder Judicial a la presencialidad”.
Sin embargo, el convenio no nació durante la emergencia sanitaria. El acuerdo de Cooperación Interinstitucional Poder Judicial-Ministerio de Justicia n.º 3-CG-2018 ya estaba vigente en 2018.
Ese año, el Consejo Superior del Poder Judicial aprobó lineamientos para utilizar sistemas de videoconferencia con personas privadas de libertad con el propósito de disminuir traslados a los tribunales, mejorar el acceso a la justicia, reducir los riesgos asociados con esas movilizaciones y disminuir costos.
Durante la pandemia, el Poder Judicial amplió el uso de las herramientas virtuales y desarrolló nuevos protocolos, además de instalar y entregar equipos tecnológicos en los centros penitenciarios al amparo de ese mismo convenio.
Fiscal pidió a Sala IV mantener el mecanismo mientras resuelve
Díaz presentó el recurso de amparo el pasado 7 de agosto, cuatro días después de que Justicia anunciara la terminación del convenio. La gestión se tramita bajo el expediente 26-028608-0007-CO. El fiscal alegó que la eliminación inmediata de las audiencias virtuales puede afectar la continuidad de actuaciones judiciales y, con ello, derechos fundamentales de personas privadas de libertad, víctimas y otros intervinientes en procesos penales.
Díaz solicitó además una medida cautelar urgente para suspender provisionalmente los efectos de la decisión, mantener operativa la infraestructura tecnológica y permitir que las audiencias mediante videoconferencia continúen mientras la Sala Constitucional resuelve el recurso.
El expediente permanecía esta semana bajo estudio de admisibilidad.
Calvo cuestionó también ese argumento y comparó la actuación del fiscal con las funciones de la Defensa Pública.
Ahora parece defensor público más que fiscal (...) ahora resulta que es defensor y anda presentando recursos de amparo también por la virtualidad de las audiencias”.
La diputada enlazó sus críticas con otro enfrentamiento reciente entre Díaz y el Ministerio de Justicia: las denuncias de posibles torturas formuladas por Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, y Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”, antes de ser extraditados a Estados Unidos.
Díaz documentó esos señalamientos y los remitió a las autoridades competentes para que fueran investigados. Posteriormente, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura advirtió sobre el riesgo de que las condiciones del Circuito de Alta Contención generen un “entorno torturante”.
Justicia puso fin al convenio tras disputa por audiencia de alias Diablo
El Ministerio de Justicia anunció el 3 de agosto que daría por terminado el convenio, después de una disputa con autoridades judiciales por la modalidad en que debía realizarse una audiencia de medidas cautelares contra Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
Aguilar había pedido que Arias Monge participara de forma remota debido a los riesgos asociados con su traslado. La diligencia finalmente se realizó de manera presencial. Justicia argumentó posteriormente que la terminación del acuerdo permitiría destinar más personal de la Policía Penitenciaria a labores de vigilancia y seguridad dentro de las cárceles.
Según datos divulgados por el propio Ministerio, entre enero y junio de 2026 se realizaron 2.416 audiencias y diligencias virtuales desde centros penitenciarios. Para atenderlas, la institución reportó haber destinado 2.775 policías penitenciarios a tareas de custodia y coordinación.
La decisión también ha recibido cuestionamientos desde otros órganos del Poder Judicial.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, pidió a Aguilar reconsiderar la ruptura del convenio, mientras dos jueces de Ejecución de la Pena de Alajuela advirtieron sobre posibles atrasos y mayores necesidades logísticas.
Según datos de la Dirección de Planificación del Poder Judicial divulgados por La Nación, 62% de las diligencias de los juzgados de Ejecución de la Pena durante el primer semestre de 2026 se realizaron mediante medios tecnológicos.
Calvo afirmó que esperará lo que resuelva la Sala Constitucional y reconoció que no le sorprendería que el tribunal eventualmente acogiera los argumentos de Díaz.
Esperemos a ver qué dice la Sala. No me sorprendería que le diera en algún momento la razón, pero empecemos por respetar la división de poderes”.