Proyecto presentado por la diputada Sigrid Segura obligaría al Poder Ejecutivo a consultar previamente a la Procuraduría y prohibiría clasificar información sobre violaciones a derechos humanos.
La diputada del Frente Amplio (FA), Sigrid Segura Artavia, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.752) que propone regular las declaratorias de secreto de Estado, limitar su duración a un máximo de diez años y establecer cuáles materias pueden quedar sujetas a esa clasificación.
La iniciativa define el secreto de Estado como una condición jurídica excepcional y temporal que el Poder Ejecutivo podría atribuir, mediante decreto, a información cuya divulgación genere un riesgo real e identificable de daño significativo para la seguridad nacional, la integridad territorial o la conducción de negociaciones internacionales en curso. Además, establece que ese riesgo deberá ser superior al interés público de divulgar la información.
El proyecto señala que las causales para declarar un secreto de Estado serían taxativas y que, ante una duda sobre la procedencia de la clasificación, deberá prevalecer la divulgación. La responsabilidad de justificar tanto la declaratoria como la permanencia de las condiciones que la sustentan recaería en el Poder Ejecutivo.
La iniciativa permitiría declarar secretos de Estado únicamente en los siguientes supuestos:
- Cuando se comprometa la capacidad del Estado para repeler agresiones externas que atenten contra su soberanía, independencia o integridad territorial.
- Cuando se revelen planes, capacidades o procedimientos operativos destinados a proteger el orden constitucional o las fronteras y su conocimiento permita neutralizarlos o eludirlos.
- Cuando exista un riesgo cierto para la vida o integridad física de personas determinadas debido a las funciones públicas de seguridad que tengan legalmente asignadas.
- Cuando se involucren las relaciones exteriores de Costa Rica con otros sujetos del derecho internacional público, respetando el derecho a la paz.
El proyecto establece expresamente que no podría utilizarse el secreto de Estado para proteger la reputación o imagen de autoridades e instituciones públicas, ocultar responsabilidades de funcionarios, ilegalidades, errores o conductas ineficientes, ni sustraer información del control ciudadano, legislativo o judicial.
Además, la propuesta prohíbe declarar secreto de Estado la información relacionada con genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales u otras violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos o fuerzas del orden nacionales o extranjeras en territorio costarricense. La prohibición abarcaría también la información sobre acciones u omisiones que facilitaran, apoyaran, documentaran o encubrieran esos hechos.
El proyecto también establece que en ninguna circunstancia podrán declararse secreto de Estado los montos de las compras públicas ni los expedientes administrativos de contratación pública, incluso cuando la contratación se realice con ocasión de una declaratoria de secreto de Estado.
Declaratorias tendrían vigencia máxima de diez años
La iniciativa señala que el decreto que establezca un secreto de Estado tendría que fijar su plazo de vigencia según la duración prevista del riesgo y no podría extenderse inicialmente por más de cinco años. El Poder Ejecutivo podría prorrogarlo una única vez, mediante un nuevo decreto, por un máximo de otros cinco años, por lo que ninguna declaratoria podría permanecer vigente durante más de diez años.
Adicionalmente, el texto señala que, cuando desaparezcan las razones que sustentaron la clasificación, el Poder Ejecutivo tendría que desclasificar de oficio la información. Cualquier persona también podría solicitar una desclasificación anticipada y la Administración tendría diez días hábiles para resolver la petición mediante un acto motivado.
La iniciativa establece que, antes de emitir o prorrogar una declaratoria, el Poder Ejecutivo tendrá que consultar a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual deberá emitir su criterio en 15 días hábiles. Si no lo hace dentro de ese plazo, el Ejecutivo no quedaría habilitado para emitir el decreto. El dictamen de la PGR sería público, aunque tendría que omitir la información cuya eventual protección esté bajo análisis.
La propuesta también establece un régimen disciplinario para quienes incumplan las reglas. Entre las faltas graves, sancionables con suspensión sin goce de salario de 15 a 30 días, incluye declarar un secreto sin acreditar el riesgo correspondiente, utilizar una causal distinta de las previstas en la ley, emitir el decreto sin consultar previamente a la Procuraduría e invocar el secreto de Estado respecto de información que no haya sido así declarada.
Como faltas gravísimas, que podrían conllevar despido sin responsabilidad patronal o el cese de una persona ministra, contempla retener información cuyo secreto haya vencido, clasificar información sobre violaciones a derechos humanos o contrataciones públicas, obstaculizar la entrega de información solicitada judicialmente o destruir, alterar, ocultar o sustraer información declarada secreta, así como reincidir en una falta grave.
Adicionalmente, la iniciativa reforma los delitos de revelación de secretos de Estado y espionaje contemplados en el Código Penal. En ambos casos mantendría penas de uno a seis años de prisión, pero establecería que no será punible revelar u obtener información relacionada con actos delictivos, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos o fuerzas del orden nacionales o extranjeras en territorio nacional. En el delito de espionaje, el proyecto agrega el uso de inteligencia artificial dentro de los agravantes de la pena.
La exposición de motivos señala como antecedente que a inicios de este mes la actual administración emitió una amplia declaratoria de secreto de Estado sobre información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la denominada Fuerza Élite, las operaciones para proteger a jerarcas y dignatarios, las evaluaciones de confiabilidad de funcionarios y una extensa variedad de contrataciones y gastos vinculados con seguridad nacional.
Al respecto señala:
Una clasificación de confidencialidad como el secreto de Estado, que abarque indiscriminadamente documentos, expedientes, contrataciones y partidas presupuestarias impide distinguir entre información verdaderamente sensible y gestión administrativa ordinaria".
La exposición de motivos añade:
Nuestro ordenamiento jurídico debe ser particularmente celoso en prevenir y evitar que las prerrogativas de los poderes públicos –como la potestad de declarar secretos de Estado- sean utilizadas abusivamente en detrimento de garantías constitucionales".
La iniciativa dispone que, dentro de los tres meses posteriores a una eventual entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo tendría que revisar todas las declaratorias de secreto de Estado, reservas o clasificaciones de información que estén vigentes y ajustarlas a la nueva legislación o dejarlas sin efecto, y señala que las que no se adecúen dentro de ese plazo perderían vigencia automáticamente.
La propuesta retoma como antecedente el expediente 21.172, presentado en una legislatura anterior por José María Villalta Florez-Estrada, que obtuvo dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos en 2020, pero terminó archivado en 2023 por vencimiento del plazo cuatrienal.
El texto fue presentado con la firma de respaldo de:
- Eugenia Román Mora (FA).
- Antonio Trejos Mazariegos (FA).
- Edgardo Araya Sibaja (FA).
- Joselyn Fabiola Sáenz Núñez (FA).
- José María Villalta Florez-Estrada (FA).
- Vianey Mora Vega (FA).
- Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
- Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
- Janice Sandí Morales, del Partido Liberación Nacional (PLN).
- Marco Badilla Chavarría (PLN).
Tras ser presentado este 28 de agosto, el expediente deberá ser asignado a una comisión legislativa para continuar su trámite.