Salud programó una visita al sitio y pidió el expediente administrativo de la empresa, mientras la Sala Constitucional tramita un recurso de amparo contra Salud y el Minae.
La Defensoría de los Habitantes abrió una intervención de oficio para examinar la actuación de las autoridades ante denuncias sobre una presunta contaminación de una quebrada en Calle Vieja La Chinchilla, en San Rafael de Oreamuno, atribuida por el Frente Eco Cipreses a vertidos de aguas residuales provenientes de la planta de tratamiento de Sigma Alimentos.
El Ministerio de Salud también solicitó a las direcciones regionales de Salud de Cartago Central Este y de Oreamuno Dirección acompañar una visita al sitio, programada para este martes 4 de agosto a las 9:00 a. m.
Mediante el oficio CARTA-MS-DGS-1904-2026, fechado el 31 de julio, Salud pidió además una copia del expediente administrativo de Sigma correspondiente a 2025 y 2026. La solicitud incluye los reportes operacionales de aguas residuales, la documentación sobre denuncias por presunta contaminación de cuerpos de agua y cualquier otra información relacionada con el caso.
Defensoría pide explicaciones en cinco días
La Defensoría comunicó la apertura de la intervención el 3 de agosto y otorgó cinco días hábiles a las autoridades de Salud para presentar un informe y las pruebas correspondientes.
El órgano defensor pidió detallar las inspecciones, análisis de laboratorio, órdenes sanitarias, resoluciones y demás actuaciones emprendidas tras la denuncia presentada por el Frente Eco Cipreses el 15 de julio. También solicitó explicar si el ministerio comprobó que la planta de tratamiento cumple el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales y cuáles criterios técnicos respaldan esa conclusión.
La Defensoría requirió además una valoración de los resultados atribuidos al Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica. Según la denuncia del Frente Eco Cipreses, los análisis reportaron valores de demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno superiores a los límites máximos permitidos, además de un incumplimiento ligero en sólidos suspendidos totales.
El ente defensor también preguntó si Salud ordenó medidas preventivas, correctivas o sancionatorias relacionadas con la planta de tratamiento, el manejo de las aguas residuales o los malos olores denunciados por las comunidades. Asimismo, pidió informar sobre cualquier coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Dirección de Agua, el Tribunal Ambiental Administrativo u otras entidades.
Sala Constitucional tramita recurso de amparo
La Sala Constitucional también tramita el recurso de amparo 26-022200-0007-CO, presentado por Fabián Pacheco Rodríguez y Helmuth Geork Hasbum Fernández contra el Ministerio de Salud y el Minae.
En una resolución del 2 de julio, la Sala ordenó al director del Área Rectora de Salud de Oreamuno y al contralor ambiental del Minae rendir informes sobre los hechos denunciados dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación.
Según las alegaciones recogidas en la resolución, habitantes de la urbanización Takiscú, en Oreamuno, denunciaron el problema ante Salud desde el 20 de noviembre de 2025. Los recurrentes también afirmaron que presentaron una gestión ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales el 29 de abril de 2026, registrada bajo el número 36045.
El Frente Eco Cipreses sostiene que los vertidos provocan malos olores y afectan la quebrada y las comunidades cercanas.