José Miguel Villalobos cuestionó la redacción del proyecto y dijo que lo apoyó por disciplina de fracción; la oficialista Marta Esquivel respaldó la iniciativa, pero pidió garantizar el debido proceso antes de imponer sanciones.
El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en segundo debate una reforma que permitirá inhabilitar a contratistas del Estado por incumplimientos de la legislación laboral, incluidos problemas con el pago de salarios, aguinaldos y jornadas laborales, así como con pólizas de riesgos del trabajo y contribuciones sociales.
La Ley de responsabilidad laboral de los contratistas con el Estado (expediente 24.547) recibió 51 votos a favor y ninguno en contra, mientras seis diputados estuvieron ausentes. Entre quienes respaldaron el proyecto estuvieron los oficialistas Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y José Miguel Villalobos Umaña, aunque este último dedicó su intervención previa a cuestionar severamente la técnica legislativa de la propuesta.
La iniciativa reforma el artículo 14 de la Ley General de Contratación Pública para exigir a oferentes y contratistas el cumplimiento de sus obligaciones laborales con las personas trabajadoras y el pago de la póliza de riesgos del trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros (INS), además de las obligaciones de seguridad social y tributarias que ya contempla la normativa.
También introduce un nuevo inciso r) en el artículo 119, que incorpora como causal de sanción “el incumplimiento de la legislación laboral en cuanto al pago de salarios, aguinaldo, jornada laboral, entre otras”, así como la falta de pago de la póliza de riesgos del trabajo y de las contribuciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
El texto aprobado establece además que, cuando alguna de esas infracciones quede debidamente acreditada, se excluirá la oferta del procedimiento de contratación o se rescindirá el contrato si el incumplimiento se detecta durante su ejecución. La responsabilidad de los particulares prescribirá cinco años después de ocurrido el hecho.
La ubicación de la nueva causal en el inciso r) tiene otra consecuencia. El artículo 118 vigente de la Ley General de Contratación Pública establece una inhabilitación calificada de dos a diez años para participar en concursos con toda la Administración Pública cuando se acredite alguna de las causales que enumera expresamente, entre ellas la contenida en el inciso r) del artículo 119.
Villalobos cuestionó precisamente la amplitud con la que quedó redactado ese inciso y señaló que la expresión “entre otras” podría permitir que cualquier incumplimiento de la legislación laboral active el régimen sancionatorio, incluso cuando se trate de una falta de menor magnitud.
Este es uno de esos casos en los que uno tiene que tragar grueso para votar y tragar grueso de verdad. Y no creo que sea por mala intención, sino por un desastre de redacción del texto".
El diputado puso como ejemplo el caso de un patrono con 500 trabajadores que se atrase un día en el salario de una sola persona y cuestionó que el régimen no establezca una prevención previa que permita corregir determinadas faltas antes de recurrir a una inhabilitación. "El proyecto tiene un excelente sentido, lo que está es pésimamente diseñado desde el punto de vista técnico", manifestó.
Durante su argumentación, Villalobos afirmó que la sanción aplicable podría ser una inhabilitación de seis meses a dos años. Sin embargo, esa es la inhabilitación simple contemplada por el artículo 118, mientras que la ley vigente asigna expresamente a las infracciones del inciso r) una inhabilitación calificada de dos a diez años. El proyecto aprobado no modifica ese artículo y coloca precisamente los nuevos incumplimientos laborales en el inciso r).
La reforma también desplaza al inciso s) una conducta que actualmente ocupa el inciso r): las causas atribuibles al contratista que provoquen la resolución judicial del contrato cuando la Administración promueva el proceso y exista una condenatoria en firme. Como el artículo 118 continúa mencionando expresamente el inciso r), pero no el s), el cambio de numeración modifica también cuál de esas dos conductas queda expresamente sometida a la inhabilitación calificada.
Esquivel, por su parte, señaló que la fracción oficialista respaldaría el proyecto porque busca fortalecer el cumplimiento de la legislación laboral, aunque insistió en que las instituciones deberán respetar el procedimiento sancionatorio correspondiente antes de acreditar una infracción.
Cualquier castigo, cualquier sanción por un principio de seguridad jurídica, debe seguir un debido proceso".
La legisladora también planteó que deben atenderse los atrasos que, según afirmó, enfrentan empresas, patronos y trabajadores independientes en trámites relacionados con la CCSS, y pidió una mayor automatización y coordinación para evitar demoras en el aseguramiento.
Villalobos cerró su intervención reconociendo abiertamente que su respaldo respondió a la disciplina de la bancada oficialista pese a sus objeciones al texto. “Hoy votaré este proyecto con desagrado, con dolor y sintiendo que no estoy haciendo algo bueno desde el punto de vista específico”, afirmó antes de anunciar su voto favorable.
La iniciativa la presentó el 5 de septiembre de 2024 la entonces diputada del Frente Amplio Rocío Alfaro Molina, junto con Sofía Guillén Pérez, Priscilla Vindas Salazar, Jonathan Acuña Soto, Ariel Robles Barrantes y Antonio Ortega Gutiérrez. El texto concede seis meses desde su entrada en vigor para que las instituciones involucradas ajusten sus sistemas informáticos y operativos con el fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y regirá a partir de su publicación.