Nogui Acosta sostuvo que los diputados no reciben salario y que la prohibición debería establecerse mediante una reforma constitucional, cuyo trámite exige cinco votaciones en dos legislaturas distintas.
El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este martes dar prioridad al proyecto que pretende impedir que las diputaciones ejerzan profesiones liberales de forma remunerada mientras ocupan una curul. La moción obtuvo 23 votos a favor y 28 en contra.
La propuesta necesitaba el respaldo de 38 congresistas, equivalente a dos terceras partes del Congreso, para recibir la dispensa especial de trámites establecida en el artículo 177 bis del Reglamento legislativo. La negativa no archiva el expediente 24.282, que podrá continuar su recorrido mediante el procedimiento ordinario.
La mayoría de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) votó contra la moción. José Miguel Villalobos Umaña fue el único legislador chavista que respaldó la vía rápida y justificó su decisión con las declaraciones que la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, dio la semana anterior.
Doña Laura dijo que los diputados deben dedicarse, a tiempo completo, incluyendo sábados y domingos. Yo la escuché, yo voto porque esa fue una solicitud directa de la presidenta de la República”.
El legislador también anunció que gestionará su suspensión voluntaria del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para dejar de ejercer como penalista. Villalobos afirmó que no asumió nuevos casos desde que llegó al Congreso y señaló que terminar sus procesos pendientes le tomó más tiempo del previsto.
El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta Jaén, sostuvo que la bancada comparte la intención de impedir que los congresistas mantengan actividades profesionales remuneradas, pero considera que el texto debe abarcar todas las ocupaciones sin establecer diferencias.
Si vamos a prohibir el ejercicio liberal de la profesión, hagámoslo bien y hagámoslo para todos. No queremos paños tibios como los que propone el Frente Amplio: prohibirle a unos y permitirle a otros. La regla tiene que ser clara y pareja. Y si esa excepción puede beneficiar a diputados de su propia fracción, entonces con más razón tienen que explicar por qué quieren dejarla abierta”.
La fracción oficialista cuestionó específicamente que la iniciativa no incluya de manera expresa las labores académicas. Acosta también argumentó en el plenario que el proyecto ya figura en el orden del día y que puede avanzar mediante el trámite ordinario, por lo que su bancada no consideró necesario acelerar el procedimiento.
Fernández expresó el miércoles 12 de agosto su respaldo a una regulación de este tipo, después de que la prensa le preguntara si el Gobierno apoyaría el expediente 24.282. La mandataria respondió que quienes ejercen cargos públicos deben dedicar todo su tiempo a esas responsabilidades.
Sí, desde el Gobierno se apoyaría un proyecto como ese. Yo siempre he sido muy clara en que las personas deben entregarse a tiempo completo al servicio público. Usted no me ve a mí vendiendo servicios sábados o domingos después de que salgo aquí de la Casa Presidencial. Así que yo, en lo personal, como Presidenta de la República, estoy en contra de que personas que están al servicio del pueblo de Costa Rica tengan otros trabajos en paralelo”.
El entonces diputado del Frente Amplio Jonathan Acuña Soto presentó el expediente el 24 de abril de 2024, junto con siete congresistas de la anterior Asamblea Legislativa, entre ellos la exjefa del oficialismo Pilar Cisneros Gallo. El proyecto recibió un dictamen negativo de mayoría y un dictamen afirmativo de minoría en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
El artículo único propone agregar a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública la disposición de que las diputaciones no podrán ejercer profesiones liberales de forma remunerada. También establece que no recibirán la compensación económica que la legislación reconoce a otros funcionarios sujetos a prohibición y fija la entrada en vigencia seis meses después de la publicación de la eventual ley.
El debate surgió después de que trascendiera que Villalobos continuaba trabajando como abogado penalista, pese a que durante la campaña electoral afirmó que dejaría de litigar cuando asumiera su curul. El pasado 27 de julio asistió como defensor a una audiencia del denominado caso Pana, relacionado con presunto narcotráfico y legitimación de capitales, mientras Fernández acudía al Congreso para presentar su agenda de seguridad.
Villalobos anunció este martes al plenario que pedirá su suspensión voluntaria y temporal al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.