Entre las medidas solicitadas está el arresto domiciliario y la entrega del pasaporte, así como que se gire una orden de captura internacional si no regresa al país.
Este jueves los equipos legales que representan a las mujeres que denunciaron a Fabricio Alvarado Muñoz por presuntos delitos sexuales presentaron solicitudes a la Fiscalía para la adopción de medidas cautelares con el objetivo de evitar cualquier intento de evasión de los procesos penales que actualmente se siguen en contra del exdiputado.
Las solicitudes fueron presentadas por la defensa de Marulin Azofeifa Trejos, quien denunció a Alvarado el pasado 9 de marzo por presuntos delitos sexuales ocurridos entre el 2018 y el 2025, y la defensa de Alicia Castillo quien denunció a Alvarado en febrero de 2025 por presunto abuso sexual y corrupción agravada contra una menor de edad.
En un comunicado de prensa, ambos equipos legales explicaron que las gestiones presentadas buscan garantizar el sometimiento de Alvarado a la justicia costarricense y proteger la integridad del proceso judicial.
Los equipos legales explicaron que, dado que Alvarado salió del país el pasado 30 de abril, último día en que contaba con inmunidad, solicitaron al Ministerio Público que valore esta circunstancia como un potencial riesgo de evasión de un proceso penal. Los equipos legales indicaron que, en caso de que Alvarado regrese al país, se le imponga arresto domiciliario con tobillera electrónica, que tenga que presentarse semanalmente a firmar ante la fiscalía correspondiente, y que entregue su pasaporte, para evitar que vuelva a salir del país.
Adicionalmente, solicitaron que en caso de que Alvarado no regrese al país próximamente, se emita una alerta internacional a través de la Interpol para que se gire una orden de captura internacional.
En el comunicado agregaron:
Las sobrevivientes tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Este proceso no se detendrá y agotaremos todas las vías legales necesarias para evitar la impunidad”.
Asimismo, los equipos legales indicaron que continuarán vigilantes del desarrollo del proceso y accionarán de manera inmediata ante cualquier conducta que represente un riesgo para el avance de las causas penales o para los derechos de las víctimas.