Organizaciones cuestionan el archivo del expediente 25.400 y piden reformas al reglamento legislativo.
Un amplio grupo de organizaciones y colectivas feministas dirigió un comunicado abierto a las diputaciones de la Asamblea Legislativa del período 2026-2030, en el que expresan su preocupación por el archivo del expediente 25.400, vinculado a una investigación por una denuncia de hostigamiento sexual contra el diputado Fabricio Alvarado.
En el pronunciamiento, las firmantes cuestionan la decisión de la Presidencia legislativa de archivar el expediente el pasado 14 de mayo de 2026, y señalan que el caso evidencia fallas institucionales en la atención de denuncias por violencia de género dentro del propio Congreso.
El documento también destaca el reconocimiento a la exdiputada Marulin Azofeifa por haber activado los mecanismos internos de denuncia establecidos en el reglamento aprobado en 2021, al tratarse de la primera vez que se utilizaban dichos procedimientos para una denuncia de este tipo dentro del órgano legislativo.
Las organizaciones firmantes sostienen que el hostigamiento sexual constituye una forma de violencia de género que afecta derechos fundamentales como la dignidad, la integridad personal, la igualdad y el derecho a trabajar en entornos libres de violencia. En ese sentido, subrayan la responsabilidad de las instituciones públicas de garantizar mecanismos efectivos de investigación y sanción.
Asimismo, el comunicado critica la decisión de archivar el expediente, señalando que esta habría implicado la omisión de responsabilidades institucionales y la afectación de los derechos de la persona denunciante. También cuestiona la falta de traslado del caso al Plenario Legislativo y la existencia de criterios legales divergentes sobre el procedimiento seguido.
Las firmantes insisten en que los procesos internos por hostigamiento sexual en el ámbito legislativo tienen una naturaleza distinta a los procesos penales, y que ambos pueden coexistir sin excluirse mutuamente.
En el documento, las organizaciones plantean cuatro peticiones principales a las diputaciones: garantizar mecanismos efectivos para la atención de denuncias de hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa; abrir un debate reglado sobre el expediente y posibles reformas al reglamento interno; asegurar la transversalización del enfoque de género en todos los procedimientos; y fortalecer las medidas de protección, no revictimización y reparación para las personas denunciantes.
El pronunciamiento concluye con la suscripción de decenas de personas y más de cincuenta organizaciones feministas, de derechos humanos, sociales y comunitarias de todo el país.