Representantes de la denunciante cuestionaron la resolución de la Presidencia legislativa y señalaron que buscarán responsabilidades por eventuales acciones u omisiones en el trámite del expediente.
El equipo legal de la exdiputada y funcionaria legislativa Marulín Azofeifa Trejos lamentó la resolución de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, que ordenó archivar la denuncia por hostigamiento sexual presentada contra el exdiputado Fabricio Alvarado Muñoz, y anunció que continuará agotando vías para que los hechos denunciados no queden sin respuesta.
En un comunicado de prensa, la representación legal de Azofeifa sostuvo que la resolución “da la espalda a una víctima de acoso sexual” y acusó al Congreso de haber fallado nuevamente a la denunciante.
Una vez más, el Estado le falla a Marulín Azofeifa Trejos, una sobreviviente de graves hechos de violencia sexual que esperaba justicia por parte del primer poder de la República”.
La reacción se produjo después de que Jiménez resolviera no someter a discusión ni votación del plenario legislativo el expediente 25.400, al considerar que el Congreso perdió competencia para sancionar a Alvarado tras el cierre del periodo constitucional 2022-2026.
Cuestionan criterio usado por Presidencia
El equipo legal recordó que la Presidencia legislativa contaba con un criterio del Departamento de Asesoría Legal (AL-DALE-PRO-0078-2026), según el cual los informes presentados por la comisión especial investigadora podían continuar su trámite ordinario ante el actual plenario, aunque Alvarado ya no fuera diputado.
No obstante, Jiménez fundamentó su decisión en un criterio del Departamento de Servicios Técnicos, que concluyó que la Asamblea Legislativa perdió competencia para imponer sanciones una vez que Alvarado dejó de ejercer como legislador.
La representación de Azofeifa rechazó esa interpretación y sostuvo que el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas no exige que la persona denunciada mantenga la condición de diputada hasta la votación final del expediente.
El único requisito es que la persona denunciada ostente la condición de diputado al momento de activarse el procedimiento y no establece como requisito de validez que la persona continúe siendo diputada hasta la votación final”.
El comunicado también cuestionó que la Presidencia legislativa haya distribuido entre las diputaciones informes del expediente, al considerar que ello revictimizó a la denunciante por tratarse de información confidencial del proceso.
Anuncian nuevas acciones
El equipo legal indicó que no detendrá sus gestiones hasta obtener una respuesta institucional sobre los hechos denunciados.
No nos detendremos hasta que exista verdadera justicia. Es importante reiterar que este equipo continuará agotando todas las vías necesarias para garantizar que los hechos denunciados no queden sin una respuesta”.
Además, anunció que buscará determinar eventuales responsabilidades de personas funcionarias que, según su planteamiento, hayan entorpecido el proceso, ignorado denuncias, incumplido deberes o contribuido a proteger estructuras de poder frente a víctimas de violencia sexual.
La Presidencia legislativa sostuvo este jueves que su decisión no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos investigados ni sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad de Alvarado. Según la resolución leída en el plenario, el archivo responde a razones de competencia, legalidad, debido proceso y límites del reglamento aplicable.
Alvarado también figura como imputado en una causa penal en trámite ante el Juzgado Penal de Desamparados, proceso en el que se dictaron medidas cautelares orientadas a proteger a la denunciante.