"Una vez es casualidad, dos veces es coincidencia, tres veces es un patrón".
El plenario de la Asamblea Legislativa sepultó definitivamente este jueves la investigación administrativa abierta contra el entonces diputado Fabricio Alvarado Muñoz, líder ideológico del Partido Nueva República, quien fue denunciado por conductas de hostigamiento sexual por parte de la exdiputada y funcionaria legislativa Marulin Azofeifa Trejos.
Los encargados de dar muerte al proceso fueron nuevamente los representantes del oficialismo chavista en el Congreso, esta vez liderados por la presidenta legislativa Yara Jiménez Fallas, quien leyó una resolución de once páginas justificando las razones para archivar el expediente, al tiempo que dijo repudiaba el acoso sexual en cualquier ámbito, y que haberse instruido sobre este caso le generó un "sentimiento importante de impotencia como mujer, madre, hija y como diputada".
Además, me ha generado el sinsabor al poder identificar una vez más el deber no cumplido por parte de la asamblea anterior, la cual tenía las plenas potestades para juzgar el caso conforme la legislación aplicable".
El trámite del caso contra Fabricio Alvarado pareciera haber dado un giro de 180 grados en cuestión de horas, según un cúmulo de factores que vistos en su conjunto, podrían generar suspicacias en cualquier persona.
Luego que el Partido Liberación Nacional pidiera a la presidenta del Congreso someter a votación los informes de la comisión investigadora, la presidencia legislativa dijo el jueves de la semana pasada que pedirían un criterio a la Asesoría Legal sobre ese tema. Los portavoces de los grupos parlamentarios de oposición objetaron en ese momento esa pretensión, señalando que quien debía pronunciarse era el Departamento de Servicios Técnicos, sin embargo, la presidencia legislativa se mantuvo firme en pedirle criterio a la otra dirección.
La primera sorpresa ocurrió el 7 de mayo, cuando Freddy Camacho Ortiz, de dicho departamento, respondió a la oficina de la presidenta que los informes emitidos por la comisión especial podían votarse en el pleno, porque el requisito para este tipo de procedimientos era que las faltas hubiesen sido cometidas por alguien que, al momento de los hechos, ostentaba una credencial de diputado de la república, sin importar si ya había dejado de serlo.
Ante ello, Yara Jiménez ordenó el 11 de mayo trasladar a las 57 diputaciones, en sobre sellado, los tres informes emitidos por la comisión dictaminadora, así como el criterio de la Asesoría Legal, señalando para el jueves 14 de mayo la fecha en la que emitiría la resolución que regularía el procedimiento a seguir para conocer, discutir y votar los informes.
Sin embargo, y pese a que todo apuntaba en que esta vez los informes sí serían conocidos, el primer secretario del directorio legislativo, Gerald Bogantes Rivera realizó una solicitud de criterio al Departamento de Servicios Técnicos que cambió todo.
Bogantes Rivera es, según su currículum presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones, vicepresidente del Frente Nacional por la Vida, una de las organizaciones evangélicas más vocales de los últimos años, y de la cual los registros públicos dan cuenta que mantenía una cercanía notable con Fabricio Alvarado Muñoz.
No se sabe la fecha y hora en que Bogantes realizó dicha solicitud, pues a diferencia de las demás ocasiones en las que Servicios Técnicos responde solicitudes de criterio hechas por los diputados, en el oficio suscrito por Fernando Campos Martínez, director del departamento, no se consignó un número de oficio, fecha ni hora alguna.
Lo que se sabe, según los metadatos del documento, es que ese criterio fue emitido a las 2:32 p.m. de este jueves 14 de mayo, y tan solo 23 minutos después, también según los metadatos, la presidencia legislativa terminó de redactar la resolución de 11 páginas que archivaría la investigación.
En dicha resolución, Jiménez se basó casi exclusivamente en una razón semántica para ordenar el archivo del expediente: el reglamento habla de "diputados", por lo que no se podía sancionar a alguien que ya no lo era, bajo riesgo de cometer prevaricato (emitir resoluciones contrarias a Derecho).
La oposición recriminó con dureza tal argumentación. José María Villalta Florez-Estrada, jefe del Frente Amplio, calificó la resolución como contraria a Derecho e ilegal, y afirmó que la decisión violentaba los derechos de la denunciante: “La resolución emitida por usted es contraria a Derecho. Es una resolución ilegal y es una resolución que violenta groseramente los derechos de la víctima denunciante en este proceso”.
Villalta también desestimó la defensa usada por Jiménez de que los derechos de Azofeifa podían tutelarse en el proceso penal en curso, al recordarle que el acoso sexual laboral no es un delito penal, y por ende, debe tramitarse administrativamente. En el proceso en sede judicial se estudian otros hechos: presuntos delitos sexuales cometidos por Alvarado en perjuicio de la denunciante y otras víctimas que le han acusado.
El prevaricato lo estamos cometiendo aquí con la excusa de no cometer un prevaricato. Estamos cometiendo un prevaricato al engavetar un procedimiento sin emitir resolución final, violentando los derechos de la víctima”.
La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo, también pidió sin éxito revocar la resolución de Jiménez, sosteniendo que el plenario sí podía conocer y votar los informes de la comisión especial investigadora. "Es absolutamente falso y contra toda normativa que este plenario no puede dar conocimiento y votación al proceso que se le abrió al exdiputado Fabricio Alvarado", dijo Dobles.
Dobles citó el criterio del Departamento de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa, según el cual los informes de la comisión podían seguir su trámite ordinario en el plenario, aunque Alvarado ya no estuviera acreditado como diputado, y afirmó que el artículo 29 del Reglamento contra el Hostigamiento Sexual permitía continuar el procedimiento aun cuando la persona denunciada dejara de ostentar la condición de diputada o diputado, por lo que el archivo automático carecía de sustento normativo.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez Bogantes, apeló a la conciencia de las diputaciones oficialistas y afirmó que no quería que una situación como la denunciada en el expediente le ocurriera a su hija.
Yo no soy abogado, pero soy padre de una muchacha de 23 años. Y esto que pasó aquí en esta Asamblea Legislativa, yo no quisiera que jamás le pasara a mi hija”.
Ramírez cuestionó lo que calificó como una “obsesión” por defender a Alvarado y recordó que en la legislatura anterior se rompió el quórum para evitar la votación del expediente.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko López, sostuvo que la Asamblea Legislativa le falló tres veces a la denunciante: primero por los hechos denunciados, luego por la ruptura del quórum en la legislatura anterior y finalmente por la resolución de archivo.
Gordienko también cuestionó la forma en que se manejaron los criterios técnicos y afirmó que una resolución de la Defensoría de los Habitantes que instaba a continuar el proceso, así como el criterio de Servicios Técnicos no se comunicaron oportunamente a todas las jefaturas de fracción.
Tras las intervenciones de las diputaciones apelantes, Jiménez leyó la respuesta de la Presidencia y confirmó en todos sus extremos la resolución impugnada, afirmando que no existían elementos de hecho ni de derecho para variar su criterio. La presidenta legislativa también rechazó las acusaciones de impunidad o encubrimiento, insistiendo en su resolución que los hechos se mantienen bajo conocimiento de la jurisdicción penal.
Luego de la defensa de las apelaciones y de la resolución, el plenario votó y dejó en firme el criterio de Jiménez por 29 votos contra 24. Tras ese resultado, las diputaciones opositoras presentaron varias mociones de revisión para insistir en revertir el resultado.
Durante la discusión de la revisión, la diputada frenteamplista María Eugenia Román Mora afirmó que resultaba “lamentable” que la primera Asamblea Legislativa con mayoría de mujeres protegiera a una persona denunciada por acoso sexual.
Román también cuestionó que la Presidencia utilizara el criterio de Servicios Técnicos para archivar el expediente, pese a que, según dijo, existían informes que apuntaban a la continuidad del proceso.
En contra de la revisión intervino la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez, exmagistrada suplente de la Sala Constitucional, quien defendió el criterio de Servicios Técnicos y sostuvo que las comisiones legislativas investigadoras no son equivalentes a la comisión que tramitó el expediente contra Fabricio Alvarado, por lo que la Asamblea no tenía potestad para imponer una sanción a una persona que dejó de ser diputada y ya no mantenía vínculo con la Administración Pública.
Yo debo decirles que realmente uno desearía que lo moral siempre estuviera en línea con lo legal y tenemos que luchar todos nosotros para que esa brecha cada vez se vaya acortando. Pero, señores y señoras, por favor. Los problemas políticos de cada quien con otros que han pasado por aquí tienen que respetar la ley, les guste o no les guste".
El diputado oficialista Nogui Acosta Jaén también se pronunció contra la revisión y dijo que el plenario no discutía el fondo de la denuncia contra Alvarado, sino la legalidad de continuar o no con el procedimiento, por lo que Jiménez había resuelto conforme a Derecho, al tiempo que pidió no presentar a quienes apoyaban la resolución como personas proclives al acoso sexual.
Al final de la discusión, el plenario rechazó las mociones de revisión por 29 votos en contra y 25 a favor, dejando en firme el archivo del expediente contra Alvarado.
Después de rechazar la apelación y las mociones de revisión, la presidenta ordenó la apertura de un espacio de "debate reglado" por un máximo de 30 minutos, según el artículo 107 del Reglamento, en el cual solo diputaciones de oposición hicieron uso de la palabra.
La diputada liberacionista Iztarú Alfaro Guerrero afirmó que el Congreso envió un mensaje negativo a las mujeres y cuestionó que una Asamblea Legislativa integrada mayoritariamente por mujeres no conociera el fondo del caso.
En los pasillos de este lugar se hacen leyes y lo que va a quedar hoy es que el tema de acoso sexual es algo menor para esta legislatura. ¿Por qué hablamos de historia cuando decimos que es la primera vez que esta Asamblea Legislativa está dominada por mujeres? Si son mujeres las que están votando para que no se conozca este tema”.
La diputada verdiblanca Janice Sandi Morales expresó vergüenza por lo ocurrido. "Hoy, como mujer y como mujer, miembro de la primera composición de Asamblea Legislativa mayoritariamente compuesta por mujeres y presidida por una mujer, me siento supremamente avergonzada".
La liberacionista Karen Alfaro Jiménez sostuvo que la decisión no respondía a un asunto político, sino de humanidad, y afirmó que el criterio del Departamento Legal permitía continuar con el trámite del expediente en el plenario, pese a que Alvarado ya no estuviera acreditado como diputado. "Durante muchos años, demasiados años, a las mujeres no se les ha creído cuando denuncian violencia sexual. Muchas aprendieron a callar, a minimizar, a pensar que denunciar no valía la pena porque al final iban a ser ellas las cuestionadas, las expuestas, las señaladas".
La diputada del Frente Amplio, Joselyn Sáenz Núñez, dijo que “la omisión también es violencia” y cuestionó que la resolución de Jiménez no incluyera referencias a convenciones internacionales en materia de género como la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el artículo 33 de la Constitución Política. También aludió al caso Barbosa de Souza y otros contra Brasil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sostener que el Estado costarricense podía exponerse a responsabilidades internacionales.
Eso es una vergüenza. No solo política, ética y moral, también es una vergüenza jurídica de quien haya hecho esa resolución, pero que doña Yara la asume como suya".
La diputada Vianney Mora Vega, del Frente Amplio, cuestionó a la presidenta legislativa que hubiese distribuido a los 57 congresistas los informes emanados de la comisión investigadora, para terminar ordenando que el expediente fuera desechado, lo que consideró un acto de revictimización en perjuicio de Marulin Azofeifa.
Me indigna, además, que si la Presidencia legislativa sabía que no íbamos a conocer por el fondo este caso nos haya hecho estudiar los informes, lo cual es una clara revictimización de la víctima".
El diputado Jesús Calderón Calderón, del Partido Liberación Nacional, recordó que el expediente pudo haberse conocido antes de finalizar la legislatura anterior y señaló como responsables a quienes abandonaron sus curules para impedir el quórum, pero que la actual Asamblea tuvo una oportunidad de “lavarse la cara” ante la opinión pública.
La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura Artavia, reprodujo en el plenario una declaración pública de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, quien durante la campaña electoral acusó a Alvarado de conductas de acoso cuando ella trabajó como asesora legislativa. Tras reproducir ese testimonio, Segura preguntó si el relato de Fernández les parecía poco a las diputaciones que votaron contra conocer el expediente.
Doña Laura Fernández. Señora Presidenta, mi solidaridad con usted y con todas las víctimas de violencia sexual en este país. ¿A ustedes les parece poco el testimonio público de la señora Presidenta de la República? Yo no sé, no quisiera pensar que siguen habiendo ticos con corona en ese país".
El frenteamplista Edgardo Araya Sibaja afirmó que no seguiría con la discusión jurídica porque, a su juicio, el archivo respondía a una decisión política. Araya acusó al oficialismo de pagarle un favor político a Alvarado y sostuvo que, desde su punto de vista, el exdiputado era responsable de acoso laboral.
Aquí están los que están pagando el favor a Fabricio Alvarado por haberle salvado a Chaves de que se le levantara la inmunidad y para que salga limpiecito para poderlo nombrar en alguno de los puesticos, porque tienen que pagarle ese favor".
El liberacionista Ronald Campos Villegas dijo sentirse triste por lo ocurrido y afirmó que la ruptura del quórum en la legislatura anterior y la votación de este jueves reflejaban una “línea de comportamiento” para evitar conocer el caso.
Finalmente, María Eugenia Román pidió al Poder Ejecutivo no nombrar a Alvarado en un puesto público y llamó a fortalecer el procedimiento contra el hostigamiento sexual dentro de la Asamblea Legislativa.
En una conferencia de prensa con sus compañeros oficialistas a sus espaldas, Yara Jiménez reconoció que ella hubiese querido entrar a la votación de los informes, y señaló que impulsaría reformas al reglamento para que situaciones como estas no volvieran a ocurrir.
Breves
Este jueves no se votaron proyectos de ley.
Proyectos dictaminados
Las comisiones dictaminadoras siguen sin ser instaladas, por lo que no hay nuevos proyectos dictaminados.
Leyes publicadas
Este jueves no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.