La Contraloría determinó que el traslado voluntario al salario global es contrario a la Ley Marco de Empleo Público.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) eliminar del Reglamento de Régimen Salarial Académico (RSA) las disposiciones que permiten el traslado voluntario del personal de esa casa de estudios del salario compuesto al salario global.
Según informó la Contraloría en el oficio DFOE-CAP-0621, tras analizar una denuncia sobre la aprobación del RSA en esa casa de estudios, se determinó que las reglas de transición de salario compuesto a salario global, aprobadas por el Consejo Universitario en la sesión n.° 6768 del 14 de diciembre de 2023, contravienen la Ley Marco de Empleo Público (Ley 10.159).
Además, la Contraloría advirtió a la UCR que “esa infracción expone a la Hacienda Pública a riesgos patrimoniales y operativos que la Administración universitaria debe mitigar de forma inmediata”.
La Contraloría señaló que los transitorios 1, 3, 5 y 8 del Reglamento del RSA habilitaron al personal de la UCR a solicitar, por distintas vías, el traslado voluntario del régimen de salario compuesto al de salario global, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 10.159 y su reglamento.
La Contraloría ordenó a Keilor Rojas Jiménez, en su condición de director del Consejo Universitario de la UCR, ajustar los transitorios 1, 3, 5 y 8 del Reglamento del RSA para eliminar cualquier modalidad de traslado voluntario no prevista en la Ley Marco de Empleo Público.
La CGR le dio a Rojas un plazo de 20 días para que el Consejo Universitario acuerde tener conocimiento de la orden girada, y seis meses para realizar las reformas al Reglamento del RSA.
La orden de la Contraloría recae sobre el reglamento que fue objeto del reportaje especial de Delfino.CR publicado en abril de 2025, en el que se documentaron cuestionamientos jurídicos internos sobre la legalidad de los mecanismos de traslado voluntario al nuevo régimen salarial.
Denuncia contra el rector de la UCR
A pesar de que el Reglamento del RSA fue aprobado en diciembre de 2023, la implementación del traslado voluntario de personal del salario compuesto al salario global estuvo suspendida hasta 2025, cuando el actual rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, emitió en sus primeras semanas en el cargo la resolución R-13-2025, que habilitó la aplicación de los transitorios 3, 5 y 8.
En mayo de 2025, el exjefe de la Oficina Jurídica de la UCR, David Fallas Redondo, denunció ante el Ministerio Público y la Contraloría al rector de la UCR por emitir dicha resolución.
Posteriormente, en junio de ese año, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó la apertura de una causa penal contra Araya por el supuesto delito de reconocimiento ilegal de beneficios laborales.
Ese delito se sanciona con penas de tres meses a dos años de prisión cuando un funcionario, en representación de la Administración Pública, “otorgue o reconozca beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con infracción del ordenamiento jurídico aplicable”.