La resolución R-13-2025 firmada por Araya habilitó el traslado voluntario de personal de la UCR al salario global, en contra de lo que establece la Ley Marco de Empleo Público.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó de la apertura de una causa penal en contra del rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, por el supuesto delito de reconocimiento ilegal de beneficios laborales, el cual se sanciona de tres meses a dos años de prisión, cuando un funcionario, en representación de la Administración Pública, "otorgue o reconozca beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con infracción del ordenamiento jurídico aplicable".

Según informó el Semanario Universidad, la investigación se tramita bajo el expediente 25-000210-1218-PE y está relacionada con la implementación del régimen salarial académico (RSA) de la UCR.

Tras asumir la rectoría, Araya aprobó dos resoluciones vinculadas al reglamento del RSA, la R-13-2025 y R-75-2025, por las cuales el exjefe de la Oficina Jurídica de la UCR, David Fallas Redondo, presentó una denuncia ante el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, el pasado 8 de mayo. Aunque la Fapta no corroboró que la investigación se hubiera abierto por esa denuncia específica, La Nación confirmó que la investigación sí se debe a esa denuncia.

La resolución R-13-2025, firmada por Araya el 21 de enero de este año, permitía aplicar los transitorio 3, 5 y 8 del reglamento del RSA para que personas funcionarias de la UCR pudieran trasladarse de salario compuesto a salario global de forma voluntaria y sin cumplir con los requisitos que establece la Ley Marco de Empleo Público (Ley 10.159) ni su reglamento (Decreto 43.952).

Dato D+: El Transitorio XI de la Ley 10.159 establece que las personas que reciban un salario compuesto inferior al salario global de su puesto, se trasladarán al salario global hasta que su remuneración alcance el monto del salario global correspondiente. Mientras que el artículo 36 del reglamento de esa ley señala que también aplicará el cambio en esquema de salario cuando se dé un ascenso posterior a la entrada en vigencia de la ley.

Por otro lado la resolución R-75-2025, firmada por Araya el 17 de febrero de este año, permitía incrementar el salario de 22 puestos administrativos de confianza, designados por el propio rector. Ante el escándalo mediático que ocasionó dicha resolución, Araya la derogó antes de que esta entrara en vigencia.

Tras conocerse la denuncia, el rector de la UCR emitió un comunicado de prensa, indicando que su defensor, Gerardo Huertas Angulo, se presentará a la Fiscalía esta misma semana para ponerse a las órdenes y solicitar que se cite a Araya para que brinde su declaración cuanto antes.

Adicionalmente, Araya se refirió a la implementación del RSA, destacando que el reglamento del RSA fue aprobado en diciembre de 2023 y asegurando que “el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica establece en su artículo 40, inciso b), que le corresponde al rector ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario (no es opcional). Así las cosas en el año 2024 se inició el proceso de traslado de personas del régimen salarial compuesto al nuevo régimen salarial académico según los términos establecidos en el Reglamento, que son de acatamiento obligatorio”.

Dato D+: Carlos Araya era parte del Consejo Universitario que aprobó el Reglamento del Régimen Salarial Académico en diciembre de 2023 y votó a favor de este.

En su comunicado el rector de la UCR aseguró que el criterio de la Oficina Jurídica OJ-414-2024, indica que:"En cuanto a la legalidad y constitucionalidad del contenido del Transitorio 8 del Reglamento - RSA aprobado por ese Consejo, esta Oficina estima que las medidas allí contenidas son legítimas y garantizan los principios de equidad salarial, excelencia en el servicio, mérito, capacidad y competencias”, y aseguró que dicho dictamen concluye que “las medidas contenidas en el Transitorio 8 del RSA son acordes a Derecho”.

Según Araya, dicho criterio fue ratificado por la Oficina Jurídica en el oficio OJ-116-2025 del pasado 22 de mayo.

Araya finalizó su comunicado señalando:

El ajuste del régimen salarial académico no solo es una obligación que establece el reglamento aprobado por el Consejo Universitario (no por mí personalmente), sino que inclusive es una práctica que ha sido avalada por la propia Oficina Jurídica de la Universidad y catalogada como legítima, lo que descarta claramente cualquier actuación irregular o reconocimiento ilegal de beneficios de mi parte".

Dato D+: El exjefe de la Oficina Jurídica de la UCR ha señalado públicamente que el rector ha tergiversado el contenido del dictamen OJ-414-2024, emitido bajo su jefatura en 2024, para justificar la resolución R-13-2025, con el fin de permitir el traslado voluntario de personas con salario compuesto a la nueva escala de salario global.