La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente este miércoles el proyecto de ley que contiene los préstamos internacionales que financiarán la construcción, equipamiento y puesta en operación de dos líneas del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido como Tibi, en la Gran Área Metropolitana (GAM).
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.291, recibió el voto afirmativo de los ocho miembros de la comisión presentes, por lo que el expediente será ahora enviado al plenario legislativo para su discusión y aprobación en primer debate.
El proyecto legislativo contiene una línea de crédito de 550 millones de dólares financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otra de 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones (BEI). A esos montos se suman una contrapartida de 26.5 millones de dólares del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y una donación de 21.3 millones de dólares del Fondo Verde del Clima, para un total de 800 millones de dólares.
Del total del monto del proyecto, unos 24.37 millones de dólares serán reservados para el pago de expropiaciones ($12.96 millones) y recuperación del derecho de vía ($11.41 millones).
El proyecto del tren eléctrico fue ingresado al Banco de Proyectos de Inversión Pública. Consiste en una obra a lo largo de 52 kilómetros de doble vía electrificada, cuya primera línea conectará Paraíso de Cartago con la Estación del Ferrocarril al Atlántico, en San José; y la otra conectará la Estación al Atlántico con Alajuela Centro.
Asimismo, contempla la compra de 28 trenes eléctricos con capacidad mínima de 300 pasajeros por unidad; la construcción de 26 estaciones nuevas y la rehabilitación de otras cuatro; la reconstrucción de 29 puentes ferroviarios y la rehabilitación de otros dos, así como la construcción de 14 subestaciones eléctricas, cinco sistemas tecnológicos para el control de la operación y de acceso en estaciones, señalización, comunicación e información; así como pasos a nivel y desnivel, en beneficio de 1.63 millones de habitantes de la GAM.
Las condiciones financieras de los préstamos varían según la entidad que aportará los fondos.
En el caso del BCIE, un monto de hasta 371.3 millones de dólares tendrá dos posibles tasas de interés (el gobierno deberá elegir cual toma): una anual, basada en la tasa SOFR (Secured Overnight Financing Rate) a seis meses más un margen variable del Sector Público con Garantía Soberana (2.50% al momento de presentarse el proyecto en el Congreso), o bien una tasa revisable del Sector Público con Garantía Soberana hasta 20 años plazo. El plazo del crédito será de 20 años, con cinco años de gracia, y un plazo de desembolso de seis años.
Un tramo de 128 millones de dólares tendrá una tasa cero de interés, con plazo de 40 años y diez años de gracia; mientras que los restantes 50.7 millones de dólares tendrán una tasa de interés fija del 0,75%, un plazo de 20 años y un plazo de gracia de cinco años.
En el caso de los 250 millones de dólares aportados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el gobierno también deberá escoger entre dos tasas de interés: una anual, basada en la tasa SOFR más un margen fijo de 1,24%; o una tasa fija del 5,01%. El plazo del crédito será de 25 años, con cinco años de gracia.
Por ser este proyecto uno de aprobación de endeudamiento externo y de conformidad con lo que establece el artículo 121 inciso 15) de la Constitución Política, la iniciativa requiere mayoría calificada de dos tercios de los miembros de la Asamblea (38 votos) para ser aprobada.
La Comisión de Hacendarios aprobó por unanimidad un texto sustitutivo a las normas de ejecución del crédito disponiendo que el Ejecutivo deberá volver al Congreso una vez firme los contratos, para incorporar los recursos dentro del presupuesto nacional.
Asimismo, el proyecto dispone que no se utilizarán los mecanismos ordinarios de contratación pública fiscalizados por la Contraloría General de la República, pues en su lugar se utilizarán los procedimientos tanto del BCIE como del BEI. En el caso de los recursos aportados por el MOPT, se deberán seguir los procedimientos nacionales de licitación reducida.
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Honores dictaminó afirmativamente el expediente 25.127 "Benemeritazgo de la Patria al doctor Pablo Alvarado Bonilla", el expediente 25.211 "Declaratoria de benemérito de las ciencias, las artes y las letras patrias al profesor y líder comunal William Ramos Gómez" y el expediente 25.434 "Declaratoria de benemeritazgo de la Patria para Vitha Lyna Fonseca Saborío".
— La Comisión de Internacionales dictaminó afirmativamente el expediente 25.080 "Aprobación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de El Salvador".
— La Comisión de Educación dictaminó afirmativamente el expediente 24.902 "Reforma y adición de varios artículos a la Ley Creación del Consejo Superior de Educación Pública, Ley Nº 1362, de 8 de octubre de 1951 y sus reformas". Por el contrario, rechazó el expediente 24.648 "Ley para la regulación de la educación a distancia y en casa (homeschooling) en Costa Rica".
— La Comisión de Turismo rechazó el expediente 24.828 "Ley para la recuperación tributaria en el Proyecto Turístico de Papagayo. Reforma del artículo 18 de la Ley N.º 6758, de 4 de junio de 1982, Ley reguladora de la ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo".
Leyes publicadas
Este miércoles no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.