José López Chaves, Gilbert Ureña y Roberto Muñoz ocuparán las representaciones empresariales del transporte; Rosa Elena Sánchez asumirá la representación de las personas usuarias.
El Gobierno de Laura Fernández Delgado definió la nueva integración del Consejo de Transporte Público (CTP), que incluye entre sus miembros a empresarios y dirigentes de los sectores de autobuses, taxis y servicios especiales, así como a una representante de organizaciones de consumidores.
La presidenta Fernández y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, suscribieron el Decreto Ejecutivo 45903-MOPT, que establece que los nombramientos rigen desde el 5 de agosto de 2026 y hasta el 8 de mayo de 2030. El Consejo de Gobierno escogió el 5 de agosto a los representantes sectoriales a partir de nóminas que el MOPT remitió dos días antes.
Zeledón presidirá el órgano por su condición de ministro del MOPT, mientras que la viceministra de Transportes y Seguridad Vial, Sofía Fallas Barquero, ocupará la representación reservada a una persona con experiencia y conocimiento en materias vinculadas con el CTP. La ministra de Ambiente y Energía, Mónica Diana Navarro del Valle, también integrará el Consejo.
El Gobierno escogió al empresario autobusero José López Chaves como representante del sector empresarial de autobuses, microbuses y busetas que operan líneas regulares. López cuenta con trayectoria en la actividad: registros oficiales lo han incluido anteriormente en nóminas presentadas por la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus), mientras que la Aresep lo identifica actualmente como contacto de Transportes Cañas Ruta 501.
López también ha figurado como representante de empresas del sector, entre ellas Tica Bus y Autotransportes Palmares, y en 2020 ejercía la presidencia de Canabus. Su nombre ya había integrado las nóminas que el gremio presentó para ocupar un puesto en el CTP en administraciones anteriores.
Por el sector de taxis continuará Gilbert Ureña Fonseca, quien también integró el CTP durante el periodo 2022-2026. Ureña ha participado durante años como representante del Foro Nacional de Taxistas y figura además como gerente general de Coopetaxi; en 2013 llegó a presidir el extinto partido provincial De los Transportistas.
El decreto precisa que Ureña ocupará la representación del transporte remunerado en modalidad taxi y, simultáneamente, representará al sector cooperativista del transporte. El Gobierno anterior también lo había escogido para esa silla en 2022.
La representación del sector empresarial de los servicios especiales estables recaerá en Roberto Muñoz Estrada. Muñoz figura desde 2022 como presidente de la Federación Nacional de Autobuseros de Costa Rica (Fenadeco), organización creada para agrupar asociaciones dedicadas, entre otras actividades, al transporte estudiantil, de trabajadores, turístico y de ruta regular; la Aresep también lo identifica como contacto de Transportes La Pampa.
El sector municipal tendrá dos integrantes: José Miguel Jiménez Araya, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), y Juan Diego Gómez González, por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). Jiménez ya había formado parte de la integración del CTP para el periodo anterior, entonces como representante de la UNGL.
Finalmente, el Gobierno nombró a Rosa Elena Sánchez Zumbado como representante de las personas usuarias. Sánchez ocupa cargos de representación en organizaciones de defensa de consumidores: el Ente Costarricense de Acreditación la identifica actualmente como representante de Consumidores de Costa Rica, organización de la cual también ha ejercido la presidencia.
La nueva conformación responde a la Ley 10.676, Reforma de la Integración del Consejo de Transporte Público, publicada en mayo de 2025, que modificó los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 7969 y redefinió la composición, los nombramientos y el funcionamiento del órgano. El texto vigente contempla, entre otros puestos, una representación específica para los servicios especiales estables y dos representantes del sector municipal, uno del IFAM y otro de la UNGL.
Esa reforma enfrenta una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, bajo el expediente 25-035138-0007-CO. El tribunal dio curso al reclamo a finales de 2025 por cuestionamientos relacionados con el procedimiento legislativo, la participación del sector taxista y el principio de igualdad; la Sala todavía incluía el expediente en su boletín de julio de 2026.
El CTP funciona como un órgano desconcentrado del MOPT y tiene entre sus competencias la administración y otorgamiento de concesiones y permisos de transporte público, la coordinación de políticas para el sector, la definición de paradas y la solicitud de reajustes tarifarios, entre otras funciones.