También ordenó al Sinac clausurar camino interno existente dentro de las fincas de Pacheco Dent para permitir la regeneración natural del bosque.
En una nueva audiencia, la Fiscalía Adjunta Ambiental consiguió que se acogiera su solicitud y se ordenaran medidas cautelares en la causa penal del caso conocido como "Gandoca-Manzanillo", la cual se tramita bajo el expediente 24-000003-1851-PE.
En una primera visita, realizada en julio del 2024, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial rechazó el requerimiento fiscal, por lo que el Ministerio Público apeló la resolución. El Tribunal Penal acogió la apelación y ordenó que se anulara esa resolución, adicionalmente señaló que debía realizarse otra audiencia, la cual se llevó a cabo el pasado jueves 23 de abril.
Esta mañana se confirmó que el Juzgado acogió la petición fiscal de la suspensión de los efectos de la resolución administrativa 011-2024-ACLAC-SLT, emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Oficina Subregional de Talamanca.
Ese documento es uno de los otorgamientos de permisos de corta y aprovechamiento forestal por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) al empresario Allan Pacheco Dent.
Adicionalmente, también se dio la suspensión de los aprovechamientos forestales AC-AC03-IF-00126-2023 y AC-AC03-CO-SAF-00026-2024, correspondientes a las fincas de Pacheco Dent.
El Juzgado Penal del II Circuito Judicial también suspendió cualquier trámite de permisos que se gestione para realizar labores sobre las fincas investigadas.
Adicionalmente, se giró la orden a la Municipalidad de Talamanca de suspender cualquier trámite de visado de planos y permisos en general relacionados con dichas propiedades y la anotación del proceso penal al margen de las fincas matrícula 7-48141-000 y 7-59699-000.
El Juzgado también solicitó al Sinac la clausura del camino interno existente dentro de las fincas, con el objetivo de evitar su utilización y permitir la regeneración natural del bosque.
El Ministerio Público indicó que las medidas buscan evitar un mayor deterioro ambiental mientras avanza la investigación penal. Adicionalmente, buscan garantizar la protección efectiva del recurso forestal, conforme al derecho constitucional de toda persona a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El caso
La causa se sigue en contra de cinco personas: un particular de apellido Pacheco; tres funcionarios del SINAC, identificados como Salas, Campbell y Cruz; así como un regente forestal apellidado Camacho.
De acuerdo con la investigación, Pacheco Dent, con la colaboración del regente, habría solicitado ante el Sinac, específicamente al Área de Conservación La Amistad Caribe, una autorización para el aprovechamiento de 94 árboles.
En ese momento, se les previno que el terreno correspondía a área de bosque y también se les indicó que la finca mantiene un ecosistema de humedal, lo que impedía legalmente la autorización.
Se presume que luego se presentó otra gestión, la cual varió la condición del terreno, ya que se afirmaba que no se trataba de bosque, sino de un supuesto sistema agroforestal. De esa forma, se permitió la emisión de actos administrativos, los cuales ahora son investigados dentro de este proceso penal.
En marzo de 2025 ya la Sala Constitucional había ordenado la suspensión del otorgamiento de concesiones y permisos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), así como la ejecución de permisos ya otorgados, hasta tanto no se reciba el informe final de cumplimiento de la sentencia 2019-12745 o hasta nueva disposición de ese tribunal.