Fiscalías habían pedido medidas cautelares no privativas de libertad.
El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó todas las medidas cautelares requeridas por el Ministerio Público en el caso Gandoca-Manzanillo, que se sigue contra cinco personas por los presuntos delitos de cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documentos falsos.
Así lo confirmó el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial la tarde de este martes, luego que la resolución del juzgado fuera notificada a las partes del proceso.
La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción habían solicitado medidas cautelares no privativas de libertad contra las personas indiciadas de apellidos Pacheco, Campbell, Cruz, Salas y Camacho.
La primera de esas dos fiscalías pidió al juzgado ordenar a quien ejerza el cargo de director del Área de Conservación La Amistad Caribe, revocar y archivar todos los permisos de aprovechamiento de productos forestales aprobados y suspender inmediatamente la ejecución de dichos permisos, así como la entrega de guías de transporte para la madera que se pretenda extraer de esas fincas.
La fiscalía también pidió que se ordenara a ese mismo funcionario suspender y archivar todos los permisos de aprovechamiento de productos forestales pendientes de autorización para las fincas en cuestión.
Finalmente, pidió que se ordenara hacer una anotación de las fincas ante el Registro Público de la Propiedad sobre la existente investigación, con el fin de asegurar su recuperación a favor del dominio público.
En contra de Pacheco Dent la Fiscalía pidió que se le ordenara suspender inmediatamente todo aprovechamiento forestal en dichas fincas, así como el transporte de madera proveniente de estas; suspender inmediatamente todo movimiento de tierra, así como cualquier obra civil en dichas fincas; e impedir el tránsito de vehículos y personas a través de las fincas, ya sea en las trochas realizadas, o en cualquier sector de la finca donde se hayan talado árboles o corresponda a humedal.
Asimismo se pidió que el juzgado ordenara retirar a todos los trabajadores presentes en la finca, retirar toda maquinaria pesada, residuos, así como cualquier instrumento que se encuentre en las fincas que permitiera el aprovechamiento de productos forestales o construcción de obras civiles; y abstenerse a sembrar pastos, plantas ornamentales, vegetación decorativa, árboles frutales, palmeras o cualquier vegetación ajena a la composición del bosque, así como abstenerse a realizar la siembra de árboles bajo un patrón de plantación forestal que provoque el cambio del uso del suelo del bosque.
Finalmente y siempre sobre Pacheco, se pidió que en el plazo máximo de un mes eliminara el relleno sobre el humedal utilizado como camino localizado en las fincas; que depositara ante el Juzgado Penal de Hacienda el pasaporte y se le impidiera la salida del país; y que se presentara a firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, con sede en Pococí.
En contra de la imputada Camacho la fiscalía pidió que se le inhabilitara del cargo como regente forestal y se le prohibiera emitir certificaciones para la determinación de cobertura forestal; así como que se le prohibiera ejercer como regente forestal para el aprovechamiento de productos forestales, bajo cualquiera de las categorías, como planes de manejo, certificados de origen, permiso de aprovechamiento.
La fiscalía ambiental también pidió la inmediata comunicación de la inhabilitación ante el Colegio Profesional respectivo y a la dirección ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); e igualmente que entregara su pasaporte, se le prohibiera salir del país y que firmara una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.
Por su parte la Fapta pidió en contra de los imputados Campbell, Cruz y Salas que fueran suspendidos en el ejercicio del cargo, que no se acercaran a oficinas del Sinac, y que no tuvieran contacto perturbatorio con testigos.
El Ministerio Público no ha informado si apelará la decisión del juzgado de no otorgar ninguna de las medidas cautelares solicitadas.
