En 1994, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) lanzó el Programa Estado de la Nación (PEN). El PEN ha sido una lupa exigente que nos ha permitido comprender con evidencia la evolución social, económica y política del país. Pero la Costa Rica de hoy, con una creciente frustración en la capacidad del Estado de entregar valor público, necesita acción con método, aprendizaje rápido y resultados tangibles. Por eso el lanzamiento del Laboratorio de Innovación Pública de Costa Rica (Lab) no es un hito menor. Es una apuesta estratégica de Conare para complementar lo que el PEN ha hecho por décadas, y para empujar al país hacia una nueva etapa de desarrollo.

El Lab nace en un momento preciso. Venimos de años en los que la ciudadanía percibe al Estado como desconectado de la experiencia real de las personas usuarias. Servicios y programas públicos que se miden por actividades y no por resultados ni calidad. En ese contexto, innovar no es un lujo ni una moda; es una condición necesaria para sostener la legitimidad y la efectividad del Estado social de derecho que hemos construido.

Lo más valioso es que esto no surge de cero ni de una ocurrencia reciente. Desde 2019 se viene gestando una comunidad de práctica que ya ha probado que, cuando se aplican metodologías de diseño, prototipado, escucha activa y co-creación, los servicios públicos pueden mejorar de manera notable. Casos como el rediseño de la experiencia de usuario de Avancemos en el IMAS, la mejora de usabilidad del bono RAMT del BANHVI, o la búsqueda de soluciones para agilizar las presas en casos de accidentes menores en el COSEVI. Estos casos muestran que los problemas públicos cotidianos pueden abordarse con otra lógica. Pero también dejan en evidencia una limitación estructural. Mientras la innovación dependa de esfuerzos aislados o de personas heroicas, seguirá siendo excepción; no la regla. El Lab busca justamente lo contrario, convertir la innovación pública en infraestructura permanente del país, con continuidad, capacidad técnica y un mandato claro: mejorar la vida de las personas a través de los servicios públicos.

Para que esta apuesta tenga sentido histórico, debe sostener una premisa básica: innovación pública sin resultados es solo entusiasmo. No se trata de post-its bonitos, talleres inspiradores o lenguaje sofisticado. Se trata de mejoras reales y permanentes en la vida de la gente. Innovar en lo público debe ser sinónimo de efectividad, y esto necesita los incentivos adecuados. Aquí es donde Costa Rica tiene una oportunidad enorme de expansión porque ya está empezando a ensayar un camino prometedor en el financiamiento basado en resultados en empleo joven.

En Fundación Caricaco hemos vivido ese aprendizaje de primera mano. Durante años dimos becas a jóvenes, como muchas organizaciones lo hacen; con la mejor intención. Pero enfrentar la realidad obliga a preguntar lo obvio ¿entregar becas garantiza empleo? La respuesta es no. Si el objetivo es inserción laboral sostenible, el modelo tradicional puede quedarse corto, no por falta de esfuerzo sino por falta de alineamiento entre el financiamiento y el impacto. Por eso en 2023, en alianza con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), diseñamos y financiamos los primeros tres contratos de pago por resultados en empleo juvenil del país; en el marco de Empléate. La lógica fue clara: no pagar por cumplir actividades, sino por alcanzar resultados verificables, como jóvenes colocados en empleo formal y retenidos en el tiempo. Ese giro cambia todo. Obliga a innovar en la intervención, a ajustar rápido lo que no funciona, y a escalar lo que de verdad transforma trayectorias de vida.

¿Qué ha pasado desde entonces? Hicimos ocho contratos más de pago por resultados que aportaron a que el MTSS lance una licitación menor (SICOP: 20240523478-00) adjudicando menos del 1% del presupuesto de Empleate del 2024 y 2025. Ahora, lanzó y adjudicó una licitación mayor (SICOP: 2025LY-000001-0007000001), presupuestando alrededor del 40% del presupuesto anual de Empléate por resultados para los próximos cuatro años. En tándem, Procomer lanzó una licitación mayor (SICOP: 2025XE-000022-0001700001), en donde pone esta metodología al servicio de la formación de talento humano del sector exportador del país. Del 2022 al 2025 logramos pasar de cero colones orientados a resultados a más de 14 mil millones de colones atados a resultados de empleo concretos. De pilotos privados de más de 230 millones de colones, pasamos a habilitar 60 veces más colones de fondos públicos con total disposición a entregar valor público y de generar un ciclo virtuoso de desarrollo social.

Visto así, el Lab tiene el potencial de ser plataforma para la democracia efectiva: un espacio donde el Estado no innova a ratos, sino de manera continua. Donde la evidencia no solo describe problemas, sino que guía soluciones. Donde las alianzas multisectoriales no son excepción, sino técnica. Donde la experimentación no da miedo, es obligatoria. Pero para que eso ocurra, el Lab tendrá que defender tres principios simples y exigentes:

  1. Apertura real a múltiples actores.
  2. Priorización de problemas realmente sentidos por la ciudadanía.
  3. Una disciplina férrea de medición y resultados.

El lanzamiento del Lab no es un evento para especialistas ni técnicos. Es una señal de país. Una señal de que podemos pasar del diagnóstico a la acción sin perder rigor. De que el sector público puede experimentar con responsabilidad. De que se vale rediseñar servicios desde la experiencia humana; de que las soluciones pueden nacer de colaboraciones improbables y de incentivos correctos. Treinta años después del PEN, CONARE vuelve a poner sobre la mesa una idea grande, de esas que solo valen la pena si se toman en serio. De mi parte, sueño y trabajo porque sepamos acompañarla con la audacia que exige este tiempo. Porque la historia que conocemos nos recuerda algo elemental: cuando Costa Rica innova con intención, con resultados y con alianzas genuinas, el país mejora de manera notable.

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