La noción de ciudadanía global ha pasado de ser un ideal aspiracional a convertirse en una exigencia impostergable. En un mundo interconectado y vulnerable frente a crisis ambientales, sanitarias y democráticas, los Estados tienen la obligación de preparar a sus juventudes para interpretar y transformar su realidad con pensamiento crítico y responsabilidad colectiva. Sin embargo, en Costa Rica, los datos más recientes evidencian un deterioro preocupante: nuestro sistema educativo no está a la altura de ese desafío, lo que compromete el futuro mismo del país.
Las cifras son claras y preocupantes. El último informe del Estado de la Educación (2025) reporta que, en matemáticas, el 96% de los estudiantes de colegios públicos se ubican en niveles insuficientes. En comprensión lectora, solo el 63% de estudiantes de primer grado alcanzan el estándar esperado; en quinto grado, apenas el 57%; y en secundaria, la cifra se desploma a un 25%. En una sociedad con un entorno mediático cada vez más sobrecargado, estos vacíos no son únicamente académicos: son déficits democráticos, porque limitan la capacidad de las juventudes para discernir, cuestionar y participar activamente en la vida pública.
A este panorama se suma un retroceso histórico en la inversión educativa. Después de alcanzar un 7,5% del PIB en 2017, el financiamiento ha disminuido sostenidamente hasta llegar al 5% en 2025. Esta es la mayor caída en cuatro décadas y sitúa al país en niveles comparables a los de 1980. (Estado de la Educación, 2025) El impacto es profundo: menos recursos para capacitación docente, para infraestructura adecuada, para innovación pedagógica y para cerrar la brecha digital. El resultado es un sistema debilitado que, lejos de preparar a ciudadanía globales, reproduce desigualdades y reduce las posibilidades de movilidad social.
La UNESCO ha sido clara al respecto: la educación para la ciudadanía global es indispensable para formar personas capaces de contribuir a sociedades más justas, pacíficas, tolerantes, inclusivas y sostenibles. Esto requiere priorizar competencias como el pensamiento crítico, la alfabetización digital, la empatía y la capacidad de actuar frente a problemas globales con soluciones locales. Sin estas herramientas, nuestras juventudes quedan vulnerables frente a la desinformación, la polarización política y la exclusión social.
El pensamiento crítico, en particular, es una capacidad estratégica. Herramienta esencial para resolver problemas complejos, analizar información con rigor y construir argumentos sólidos. Pero en Costa Rica esta competencia ha sido sistemáticamente relegada frente a modelos pedagógicos que aún privilegian la memorización y la repetición. En un contexto mundial marcado por el cambio climático, la crisis de confianza en las instituciones y la revolución digital, continuar formando estudiantes sin capacidad para cuestionar y proponer alternativas es restringir su derecho a ser agentes de cambio, protagonistas en la construcción de soluciones globales.
Costa Rica ha construido durante décadas una reputación internacional como país comprometido con la paz, la sostenibilidad y los derechos humanos. Esa legitimidad, sin embargo, no puede sostenerse si su sistema educativo retrocede cuatro décadas en financiamiento y renuncia a preparar ciudadanía capaz de participar en un mundo interdependiente. Un país que no invierte en pensamiento crítico ni en ciudadanía global no solo compromete el futuro de sus juventudes: compromete su voz y su legitimidad en el escenario internacional.
El dilema es claro: o fortalecemos nuestro sistema educativo con una visión estratégica que combine inversión, equidad e innovación, o condenamos a nuestras juventudes a ser espectadoras de un mundo que cambia sin ellas. Hablar de ciudadanía global sin un sistema educativo sólido es un ejercicio vacío. La verdadera responsabilidad de Costa Rica es garantizar que cada estudiante desarrolle las competencias necesarias para participar activamente en los debates y decisiones que definirán el futuro común.
El título de este artículo no es una metáfora retórica: es una advertencia. La ciudadanía global está en jaque porque nuestro sistema educativo ha dejado de cumplir con su deber fundamental. Recuperar ese compromiso no es una opción; es un imperativo ético y político que definirá si Costa Rica sigue siendo un referente de democracia y justicia social, o si se rezaga en un mundo que no espera a quienes se quedan atrás.
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