La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a Costa Rica a partir del 7 de agosto es una llamada de atención que no podemos ignorar. Necesitamos unirnos, con liderazgo y sentido común, para proteger a nuestros productores, trabajadores y exportadores. Lo que está en juego no es un asunto técnico ni partidario: es la economía de miles de familias.
Un país serio defiende su competitividad. Un país que quiere avanzar no espera a que le cierren mercados, los defiende con inteligencia, diplomacia y unidad.
Mientras Costa Rica enfrentará un arancel del 15%, nuestros competidores en la región pagan solo un 10%. Esa brecha, aunque parezca pequeña, podría costarle al país más de $1.100 millones anuales si no actuamos con urgencia y estrategia.
Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial: en 2024, el 58,5% de nuestras exportaciones se dirigieron a ese país. No podemos controlar las decisiones del gobierno estadounidense, pero sí cómo respondemos: con liderazgo, coordinación y una defensa firme de nuestras ventajas competitivas.
Industrias como dispositivos médicos, piña, banano, jarabes y café están en riesgo. Muchas de ellas no tienen margen para absorber ese 5% extra sin consecuencias graves: recortes, despidos o incluso cierres.
Esto no es un tema técnico. Es un golpe directo a miles de familias trabajadoras. Y lo que empieza como una pérdida de empleo, rápidamente tiene efectos sistémicos como menor consumo, menor dinamismo económico y menor recaudación para el Estado que a su vez impacta programas sociales.
Pongámonos de acuerdo y actuemos ya
Las medidas inmediatas que se deben tomar no son agradables, pero es deber del Estado proteger la salud económica del país mientras se gana tiempo para negociar con Estados Unidos una estructura comercial más beneficiosa para Costa Rica.
Desde el momento en que se anunció el aumento de aranceles, nuestro equipo económico elaboró una hoja de ruta con medidas urgentes, la cual ponemos a disposición de COMEX y PROCOMER con el objetivo de mitigar el impacto y proteger los empleos en riesgo:
- Crear un fondo temporal que devuelva parte del impuesto a las exportaciones más afectadas, por un plazo determinado, mientras resolvemos a mediano plazo. Esto tendrá un impacto en la disciplina fiscal, por lo tanto debe estar limitado a un periodo de 12-18 meses e ir decreciendo en el tiempo.
- Reducir cobros en los puertos y aduanas para los productos que van a Estados Unidos. Con ajustes presupuestarios en INCOP, JAPDEVA y aduanas podemos lograr acuerdos administrativos.
- Mejorar el flujo de caja de las empresas que importan materia prima devolviéndoles el IVA y aranceles de productos exportables a los 15 días. Esto requiere simplificar trámites aduaneros y asegurar caja fiscal.
- Dejar de forzar el tipo de cambio y así permitir que el mercado procese el shock para mejorar la competitividad de las empresas exportadoras sin crear inflación.
- Finalmente, debemos activar una comisión de alto nivel entre COMEX, PROCOMER y la embajada para negociar exclusiones claves. Si bien no asegura que se vuelva al 10% previo, se requiere utilizar todos los mecanismos disponibles para tratar de reducir el impacto.
Una visión a futuro
Esta situación debe despertar un enfoque estratégico en el país para que dejemos de solamente administrar el presente y nos posicione nuevamente como un país visionario con un entendimiento sistémico de las dinámicas internacionales y la dirección que la tecnología está tomando en la transformación de las industrias.
Por esto no podemos dejar de lado que además de atender los temas de corto plazo, requerimos una agenda país con los siguientes ejes.
- Seguridad. Enfocar los esfuerzos y recursos del país en el plazo inmediato a entrarle con mano firme al crimen organizado. Debemos recuperar territorios, fortalecer la Policía y modernizar el sistema judicial con tecnología y coordinación estatal.
- Educación. Los números no mienten, el sistema educativo actual falló. Debemos reformar el currículo desde preescolar, conectar la educación con el empleo real y garantizar acceso universal a tecnología. La gran cantidad de dinero que se invierte actualmente no está preparando a una gran cantidad de ciudadanos para tener un futuro digno y de oportunidades. Debemos aprender de modelos internacionales que se enfocan en resultados y no en mantener el status quo. Los docentes deben liderar el cambio, recibir capacitación continua y tener libertad para innovar en conjunto con las comunidades.
- Oportunidades y empleo. Crear y operar negocios en Costa Rica es objetivamente difícil. La burocracia nos coloca como uno de los peores países de la OCDE para la creación de empresas. Los altos costos de energía y el rezago en infraestructura vial y de puertos lleva a que invertir en el país sea cada vez menos estratégico. De igual manera, las altas cargas sociales e impuestos evitan que las empresas locales se formalicen, crezcan y creen empleos dignos. Una reforma profunda es necesaria para asegurar que el declive se agudice.
No podemos seguir viviendo de las glorias pasadas, debemos comprender que el mundo cambió. La política internacional que nos funcionó hace 20 años, no va a seguir dando los mismos resultados. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica crearán nuevas olas de ganadores y perdedores en todas las industrias y los países preparados tomarán distancia de los que solamente reaccionen.
Una economía robusta es una que no depende de sobre manera de un único socio comercial y de la inversión extranjera directa, sino una que invierte en sus personas, en la creación de startups de alto potencial que vean el mundo entero como su mercado potencial con ciencia y tecnología de frontera. Esta receta, como se ha visto en otros países que han logrado una reconversión económica exitosa de su tejido productivo, crean encadenamientos y círculos virtuosos que llevan a un mejor crecimiento económico, más equitativo con oportunidades para más personas.
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