A raíz de un recurso de amparo, la Sala Constitucional mediante resolución Nº 2024023309, exhortó al Ministerio de Justicia y Gracia a entregar los datos actualizados (al 26 de agosto de 2024), en torno al hacinamiento carcelario actual. Efectivamente, se cumplió con lo ordenado, lo cual demuestra la efectividad de la justicia constitucional.

Como indiqué anteriormente, en esta etapa que vive nuestro país, debemos tener mucho cuidado con este tema, pues, perfectamente la gobernabilidad del país se puede empezar a perder desde los centros penales. Por ello, fue necesario interponer el recurso constitucional, debido a incoherencias en los porcentajes suministrados por algunas autoridades de gobierno ante algunos medios de comunicación.

La información suministrada, revela un 19% de hacinamiento en las cárceles costarricenses, lo cual se encuentra ligeramente por debajo del temido 20%. Pero, hay que realizar algunas valoraciones en torno a los datos oficiales, en los siguientes términos:

  • Si bien el porcentaje no llega al 20%, lo cierto del caso es que, se incluyó la población penal juvenil en las estadísticas generales aportadas. Esto constituye un sesgo importante, pues, mientras el CAI NELSON MANDELA (San Carlos, Alajuela) tiene una sobre población de 69%, el CFP Juvenil Zurquí un 0%, y esto permite que, el porcentaje no llegue al 20%. Lo anterior sucede porque el proceso penal juvenil cuenta con una legislación diferente que, tiene una amplia gama de medidas diferentes al internamiento.
  • Además, poseo información de que, ante el hacinamiento existente, ya “sufren” medidas correctivas, los CAI de San Carlos (Nelson Mandela), Jorge Arturo Castro en el ámbito A, San Rafael y Adulto Mayor. Dichas medidas las imponen los juzgados de ejecución de la pena de todo el país, cuando las condiciones de hacinamiento afectan las condiciones mínimas para las personas privadas de libertad, por ende, los jueces cumplen una función de garantes en el respeto de los derechos fundamentales (art. 482 CPP).
  • Recientemente, el propio viceministro de Justicia y Paz ha reconocido la escasez de policías penitenciarios, y, además, la Defensoría de los Habitantes ya se pronunció, indicando que: “A partir de varias inspecciones de oficio realizadas por la Defensoría de los Habitantesen centros penitenciarios desde el 2023 hasta la fecha y por medio de una serie de entrevistas, se constató el cansancio y agotamiento del personal no solo policial, sino también técnico, administrativo y de salud”.
  • Y, por si fuera poco, “… Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, advirtió este miércoles de que iniciará el 2025 con un déficit de 10.000 millones de colones en el presupuesto para cubrir la operación de las cárceles, esto a pesar de que se espera un mayor crecimiento de la población privada de libertad”.

Por todo lo anterior, el panorama no es para nada halagüeño en materia penitenciaria, pues, ante el aumento en la actividad del Organismo de Investigación Judicial, lo normal es que, la fiscalía realice más gestiones ante los jueces penales (allanamientos, solicitudes de medidas cautelares), y todo esto, puede incrementar la población en las cárceles, aunado a los juicios que se hacen por cientos todas las semanas a lo largo y ancho del país, lo cual podría acarrear la imposición de penas de prisión que se deben de ejecutar.

Al respecto, veamos los datos del PJ: “Dentro de las estadísticas sobresale, que al comparar los primeros siete meses de 2024 con el mismo periodo de 2023 se registra un aumento de un 28% en los operativos realizados por la Policía Judicial, al pasar la cifra de 5.554 a 7.123; mientras que los allanamientos experimentaron un incremento del 19% (de 1.408 a 1.683)”.  

Y si a todo esto le agregamos, la escasez en el recurso policial penitenciario, el desgaste en el personal policial y técnico por el incesante trabajo, el déficit en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, y el aumento de la actividad por parte de los diversos órganos del Poder Judicial; es imperativo que, el Gobierno de la República, y el ministro de Hacienda brinden los recursos suficientes y eficientes para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario nacional, pues, de no ser así, se podría poner en riesgo la gobernanza en las cárceles, sobre todo, con el aumento de ingresos de celulares, drogas, y otros artículos prohibidos a los centros penales.

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