Las limitaciones presupuestarias son señaladas como una de las causas de la crisis que está atravesando el sistema penitenciario del país.
A partir de varias inspecciones de oficio realizadas por la Defensoría de los Habitantes en centros penitenciarios desde el 2023 hasta la fecha y por medio de una serie de entrevistas, se constató el cansancio y agotamiento del personal no solo policial, sino también técnico, administrativo y de salud.
La Defensoría apunta a que la información recolectada en estas entrevistas evidenció que el personal labora hasta altas horas de la noche, se lleva el trabajo a la casa o labora los fines de semana; factores que, al parecer, están repercutiendo en su salud. Esta institución mantiene abierta una investigación de oficio en torno a las condiciones laborales del personal de la Policía Penitenciaria en todos los centros penitenciarios, especialmente sobre la falta de personal y la afectación en el otorgamiento al derecho de vacaciones legales y profilácticas. Además, consideran que esta situación afecta significativamente la prestación de servicios a lo interno de los centros penales.
En esa misma línea, la Defensoría le solicitó a la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz información sobre si se realizan estudios de impacto en el servicio por la reubicación de plazas. La Dirección les informó que deben considerar la difícil situación que enfrenta el sistema penitenciario “caracterizada por limitaciones presupuestarias, y especialmente por la escasez de talento humano, que impactan significativamente en la consecución de los objetivos institucionales y en la planificación a corto, mediano y largo plazo” .
A raíz de esa respuesta, la Defensoría afirma que la situación no debe achacarse al personal, sino a la manera en la que el Estado restringe, desde el punto de vista presupuestario, la búsqueda de una solución al problema detectado.
La institución hace un llamado al Ministerio de Justicia y Paz a adoptar inmediatamente todas las acciones que sean necesarias para garantizar una cantidad suficiente de personal, así como actualizar la información de las plazas con las que cuenta cada centro penitenciario, ya que de esto depende el servicio que se debe brindar a la población privada de libertad. Asimismo, les solicitó realizar un estudio de cargas laborales con el propósito de velar por las condiciones de trabajo del personal de dichos establecimientos.
El Ministerio de Justicia Paz, por medio del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos y la Unidad de Organización, le aclaró a la Defensoría que “han sido múltiples los esfuerzos realizados para la creación de plazas, no obstante, han sido mínimas las que la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda ha aprobado a Justicia y Paz, para la consecución de los objetivos”. Indicaron que debido a que no se pueden nombrar y reasignar plazas, el proceso de descongelamiento y utilización no es expedito, y el crecimiento de infraestructura del sistema penitenciario es desproporcional al recurso humano existente, se torna materialmente imposible el cumplimiento de ciertos objetivos.
En cuanto a reubicación de plazas, la Defensoría recibió el listado que contempla 12 permanentes y 33 temporales. En vacantes en proceso de nombramiento se indicó que existen un total de 47 plazas.
