Las alarmas han saltado en el vecino país, sí, porque no olvidemos la frontera marítima que compartimos, ello por las Islas Galápagos y nuestra Isla del Coco. Ahora bien, lo sucedido la semana anterior, fue lo más cercano a un Estado fallido, ya que, en cuestión de minutos, empezaron a difundirse imágenes que revelaban la fuga de un líder mafioso, el asalto a un medio de comunicación, la invasión al campus de una universidad, y la salida inmediata —por orden del presidente Novoa— del Ejército para proteger al pueblo, y ni que se diga, del control de las bandas sobre algunos centros penitenciarios.

Hace unos días, en una interesante publicación, la experta en seguridad, y expresidenta del país, Laura Chinchilla, aportaba datos cuantitativos, para revelar un paralelismo entre Ecuador y Costa Rica, y su lógica puede ser (desgraciadamente) correcta. Y acá es importante no dejar de lado que, antes de esta comparación con Ecuador, ya se habían realizado ciertos análisis comparativos con México, nación que ha sido clave en el agravamiento de las condiciones de seguridad de algunos países, tal y como sucedió con Colombia, todo parte de la zona denominada triángulo norte, y específicamente, por las actividades de los carteles de las drogas.

El año pasado, luego del asesinato del señor Villavicencio en Ecuador, el mismo AMLO negó que los carteles mexicanos tuvieran tentáculos en el Ecuador, incluso, al presidente mexicano se le ha criticado por su política de “abrazos y no balazos”, la cual se contrapuso a la sostenida por el expresidente Felipe Calderón, quien anunció una guerra contra el crimen organizado. Recordemos que, México pasó de 8 mil homicidios dolosos a 27 mil por año, culminando en 36 mil en la administración de Peña Nieto, lo cual reflejó el fracaso de dicha política represiva.

Como podemos apreciar, parece que, lo que sucede en otros países está teniendo consecuencias fuera de estos, todo ello propio de un mundo globalizado, del cual no escapa el crimen organizado. Y a todo esto, podemos mencionar el hecho de que, en algún momento el gobierno de Donald Trump valoró considerar a los carteles como grupos terroristas, lo cual facultaría la actuación del ejército fuera de su territorio, generando esto una reacción inmediata de parte de AMLO, situación que se quiso descontrolar nuevamente, con el tema del fentanilo, y las implicaciones con México y China.

Retomando el tema de Ecuador, no olvidemos que, previamente, en México (2019), luego de la primera detención del “Chapito”, los carteles incendiaron Culiacán, y le doblaron el brazo al estado mexicano, el cual se vio obligado a liberar al hijo del Chapo Guzmán, el cual recientemente, fue extraditado a los Estados Unidos de América. Pues esta semana, algo similar ocurrió en Ecuador, en donde, el jefe mafioso conocido como “Fito”, socio en apariencia del Cartel de Sinaloa, se fugó de un centro penal, dentro del cual los privados de libertad tomaron control, generando un claro estado de ingobernabilidad.

Ahora bien, los números no mienten, y en ocasiones son muy fríos, dependiendo de la óptica bajo la cual se analicen, y estos nos dicen que, pasamos de 12 a 17 homicidios por cada cien mil habitantes. También, la prensa ha venido difundiendo informaciones que deben llevar a ocuparnos, por ejemplo, personas que son captadas con armas de asalto en la vía pública, “allanamientos” en las casas de los objetivos de las organizaciones criminales (propios de una película de acción), utilización de “miguelitos” para entorpecer el accionar de la policía, y la aplicación de cadenas en los puentes, con el mismo objetivo antes mencionado. Y aunque siempre ha habido formas crueles de dar muerte a un ser humano, algunas acciones han quedado grabadas en video, y la difusión de estas, provocan una mayor alarma social.

En fin, sí es cierto que existe un cierto paralelismo entre lo sucedido en México-Ecuador y Costa Rica, pero aún estamos a cierta distancia de arribar a esos niveles observados durante esta semana en el Ecuador, lo cual nos debe llevar a la reflexión, a ocuparnos cada uno, y a exigir a todas las autoridades que, se tomen las acciones inmediatas y mediatas para evitar a toda costa que, perdamos la gobernabilidad del Estado. Es un tema país, una temática que, nos debe preocupar a todos, pero no olvidemos tampoco que la creación de leyes no va eliminar el problema de golpe, y que, por el contrario, es indispensable la creación de políticas públicas que permitan una mejor calidad de vida de los habitantes de nuestro país.

Trascendental es, como lo han advertido los expertos en seguridad, que no estemos ante la historia del “gato y el ratón”, en donde las organizaciones criminales cuentan con recursos ilimitados (dinero, armas, autos, etc.), y, por el contrario, los cuerpos policiales deben andar “mendingando” por más recursos, y ahí toma un papel preponderante el gobierno central, quien, además, es el encargado principal de la seguridad del país.

Finalmente, esta misma semana, se conoció la renuncia de un experto en odontología forense, el cual con justa razón alegaba malas condiciones salariales, como la causa de su renuncia, y, además, su jefe, el director del OIJ, aceptó que la institución ya no es un lugar apetecible para laborar, lo cual se ve reflejado en los cientos de funcionarios que se han marchado, tanto oficiales de investigación, como psicólogos, psiquiatras, médicos legales, peritos, etc. Entonces, ¿no es obvio que esta fuga de talento no ayuda en la lucha contra el crimen organizado? Por ende, ojalá que el Ministerio de Hacienda, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, tomen nota, y logren los procesos de diálogo para convertir nuevamente al Poder Judcial, en un lugar tentador para laborar, y así fortalecer cada una de las instituciones pertenecientes (Defensa Pública, Ministerio Público, OIJ, y judicatura).

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