Es esencial conocer las estadísticas reales, en torno al tema penitenciario, pues, todos los países democráticos están sujetos al escrutinio internacional, cuando se trata del respeto de los derechos humanos. Consecuentemente, es inexplicable que, haya datos inexactos en torno a la cantidad de personas privadas de libertad, y el porcentaje de hacinamiento carcelario, ya sea que esto responda a un descuido o no.
Veamos estas inconsistencias: si se revisa la web del Ministerio de Justicia, se verá en el extremo superior izquierdo el porcentaje de 7.4% (sobrepoblación), y 14.853 personas privadas de libertad. Pero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en su informe sobre nuestro país, mostró preocupación con relación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y detalló en 12% el hacinamiento carcelario. Como se puede apreciar, hay una diferencia evidente entre ambos datos.
Y todo lo anterior se agrava, cuando el viceministro de Justicia y Paz, en entrevista concedida a Diario Extra, revela que “hasta el 30 de abril de 2024, el corte de la sobrepoblación carcelaria es de 16,2%, de acuerdo con datos suministrados por el Ministerio”. Es decir, estamos muy cerca del temido 20%, lo cual significaría estar en la mira de los organismos internacionales (Comité contra la Tortura, Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.), y, además, implicaría poner en riesgo: el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad, y el control sobre los centros penitenciarios.
Hace unos meses, en una publicación analizaba la temática en torno a si existían paralelismos entre las realidades ecuatoriana y costarricense, y concluía que, efectivamente, no sólo somos países vecinos, sino que, hay situaciones similares entre ambos Estados. Pero, sigo considerando estamos a cierta distancia de la República de Ecuador, pues, Costa Rica tiene una institucionalidad fuerte; aunque, en los últimos años la menor inversión en seguridad y justicia ha venido generando golpes importantes en los diversos cuerpos policiales, y en el Poder Judicial. Además, ante el aumento en la tasa de homicidios, se ha priorizado en la creación de leyes represivas, y se han puesto altas expectativas sobre estas, a contrapelo, de la aplicación de políticas sociales que verdaderamente impacten en la sociedad.
Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con el hacinamiento carcelario, debido a que, en Ecuador ante el aumento de la delincuencia, la respuesta fue unidireccional, y ante el hacinamiento originado, el gobierno perdió el control sobre los centros penales. Al respecto, esta situación la abordaba en vision.cr “… en un reciente documental, de la cadena alemana de noticias DW, se entrevistó a Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, quien señaló que, las prisiones son “…semilleros del crimen organizado” en Ecuador. En el reportaje citado, se menciona el abandono de las cárceles por parte de los últimos tres gobiernos ecuatorianos, lo cual generó un autogobierno por parte de los reclusos; la corrupción campante en el órgano encargado de controlar las cárceles (SNAI); y la ausencia de una política criminal integral, como las causas de lo que se vive en estos momentos…”.
Por consiguiente, es importantísimo, y una exigencia indudable que, el Ministerio de Justicia refresque su página web, esto con los datos correctos, para demostrar el mayor nivel de transparencia posible —ante la ciudadanía— con relación a la cantidad de personas privadas de libertad. Del mismo modo, estos datos deben constituirse en el punto de partida para la inversión dentro del sistema penitenciario nacional: creación de nuevas instalaciones, asignación de espacios óptimos para dormir, alimentación, salud, ocio, etc. Además, lo anterior evitará el hacinamiento carcelario, y, por ende, eliminará cualquier clase de riesgo de pérdida del control sobre los centros penales, lo cual sería fatídico para la gobernabilidad del país.
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