En Costa Rica, el derecho a la igualdad y la no discriminación están garantizados constitucionalmente, sin embargo, en la práctica, el acceso a la justicia para personas con discapacidad sigue siendo un desafío persistente. Esto ha sido subrayado en reiterados pronunciamientos por parte de la Procuraduría General de la República, que ha alertado sobre las barreras estructurales que enfrentan estas personas al tratar de acceder a un sistema judicial que, en teoría, debería ser inclusivo y accesible.
El acceso a la justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Permite a las personas hacer valer sus derechos y obtener protección frente a abusos o violaciones. Sin embargo, cuando hablamos de personas con discapacidad, la falta de adecuaciones razonables, como la accesibilidad física y la disponibilidad de servicios de apoyo, crea una brecha insostenible entre el derecho teórico y su implementación práctica.
Uno de los principales obstáculos identificados por la Procuraduría es la falta de intérpretes de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) en los tribunales. Aunque la Ley 7600 establece que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir apoyo en su comunicación, la escasez de intérpretes impide que muchas personas sordas comprendan plenamente los procesos legales en los que están involucradas, lo que compromete gravemente su derecho a la defensa.
Otro aspecto que se ha puesto en discusión es el acceso físico a las instalaciones judiciales. A pesar de que Costa Rica ha avanzado en términos de infraestructura inclusiva, muchos tribunales aún carecen de accesos adecuados para personas con movilidad reducida. Este hecho pone en entredicho la capacidad del sistema para asegurar un trato igualitario a todas las personas, y refuerza la percepción de que las personas con discapacidad son ciudadanas de segunda clase, al menos en términos de acceso a la justicia.
Es necesario que el Poder Judicial costarricense tome medidas más proactivas para solventar estas deficiencias. La Procuraduría ha señalado que, si bien las leyes existen, su cumplimiento ha sido inconsistente y muchas veces insuficiente. La capacitación continua de los funcionarios judiciales en temas de discapacidad y derechos humanos debe ser prioritaria para garantizar que se comprenda y respete la diversidad.
El acceso a la justicia no se limita a la eliminación de barreras físicas o comunicacionales, sino también a la creación de un entorno donde las personas con discapacidad puedan participar plenamente en los procedimientos legales. Esto incluye, además de intérpretes y accesibilidad física, la implementación de tecnologías de asistencia y la disponibilidad de asesoramiento legal especializado en discapacidad.
En conclusión, Costa Rica ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pero sigue enfrentando grandes retos en su implementación, especialmente en el ámbito judicial. Para garantizar una verdadera igualdad ante la ley, es imprescindible que el Estado costarricense fortalezca los mecanismos que faciliten el acceso efectivo a la justicia para todas las personas, sin distinción. De esta manera, se podrá avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, cumpliendo con los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos.
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