Previo a la Ley Contra la Usura N°9859 y al "gota a gota", la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), los almacenes de línea blanca y hasta el Poder Judicial, fueron pioneros de la usura crediticia en nuestro país y encargados de generar el mercado al gota a gota.
Estudios del MEIC revelaron que las tarjetas de crédito cobraban tasas de hasta 50% y los almacenes de línea blanca hasta de 69%. La prensa nacional reportó que “garroteras” como Beto le Presta y similares, cobraban tasas de hasta 54,6% anual; que los tribunales absolvían a usureros que cobraban 10% mensual (120% anual) y que las casas de empeño cobraban un interés de hasta 5% y 10% mensual (60% y 120% anual). Todo eso sin contar otros cobros como membresías, seguros, comisiones, multas, gastos administrativos, etc, que llevaban el costo anual todavía muy por encima de estas exorbitantes tasas.
Los bancos y prestamistas le llaman “apetito de riesgo”, a animarse a prestar a personas con poca capacidad de pago, si se les permite cobrar una tasa lo suficientemente alta como para que la avaricia le gane a la prudencia financiera y el sistema se los permitió. Fue el apetito de riesgo del sistema formal el que promovió una agresiva política de crédito de consumo (incluido el “marketing” y el acoso cobratorio), para embarcar a miles de personas con baja capacidad de pago y, con ello, ampliar sus ganancias. Después de todo, sus cálculos les permiten saber cuán altas deben ser las tasas para que los clientes con capacidad de pago, compensen la pérdida esperada de los de clientes riesgosos. Todo esto se dio en nuestra economía, caracterizada por su estancamiento, desigualdad, desempleo y pobreza. En otras palabras, de manera ficticia generaron un mercado crediticio de consumo, totalmente divorciado del mercado de empleo y del poder adquisitivo de la gente, lo cual llevó al sobreendeudamiento de gran parte de la clientela con poca capacidad de pago.
Por otro lado, SUGEF ha desempeñado un triste papel como regulador. Primero, porque del grupo de instituciones que debe supervisar y regular, abundan noticias de robos multimillonarios de las propias bóvedas de los bancos o de quiebras que nunca pudo anticipar, donde solo se limita a decirnos que otros entes no se “contagiaron”. Segundo, porque en el tema de usura se ha limitado a excluir del sistema financiero formal, por 4 años, a todas las personas que no pudieron pagar los créditos de consumo que sus propios supervisados les otorgaron, a sabiendas del riesgo de no poder recuperar lo prestado. En otras palabras, a SUGEF no le preocupan las personas que vieron esfumarse los pocos recursos que ahorraron, ni las personas que dejaron a merced del gota a gota. Prueba de ello es que el Poder Judicial tuvo hasta 854.000 procesos cobratorios en el año 2020, de donde salieron miles de personas expulsadas del sistema financiero formal.
El Poder Judicial, por su parte, desde el año 1970 y con un nivel de indolencia nunca visto, no estableció un límite que separara un crédito legítimo de uno usurero, a pesar de que en España, por ejemplo, sí se dio esa interpretación. Tampoco propusieron un proyecto de reforma, si de verdad existía un consenso en que esa era la única vía para aplicar el delito de usura. Después de todo, es la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, la que manda que este delito sea sancionado. Sin embargo, antes de que ese mandato animara a actuar a Jueces y Magistrados, el país sede de la Corte Interamericana violentó la Convención por cerca de 50 años, al no haber dictado una sola sentencia condenatoria por usura, en medio siglo.
No deben ser los que promovieron la usura con su tolerancia, ni los que le abrieron camino al gota a gota, con la exclusión que ellos mismos generaron, los que deben venir a proponer “soluciones”. Las propuestas y el lobby legislativo se han dirigido, más bien, a que les permitan subir más las tasas de interés o a eliminar la regulación de usura del todo. Basta ver los expedientes 23.661 del PLP o 23.101 del PUSC y PNR. ¡Como si encarecer los servicios o los productos hubiera sido solución, en algún lugar del planeta, para que las personas con pocos ingresos tengan mayor capacidad de pago!
El tema de fondo para evitar que la gente acuda al gota a gota es crearles poder adquisitivo. La usura y el gota a gota, igual que la penetración del narcotráfico, el sicariato, etc, son problemas sociales más que financieros o de represión penal. Estos se resuelven por medio de políticas para generar empleo, salariales y para promover el crédito y acompañamiento productivo. No con medidas administrativas para eliminar requisitos, ni con reformas de ley para ampliar los márgenes de impunidad a la usura. Estas son reformas para satisfacer el apetito de riesgo de los bancos que, más bien, deberían estar preocupados por rehabilitar la capacidad de pago de la gente, por ser más eficientes y por competir de verdad, con productos más atractivos para este segmento de clientela.
La inclusión financiera debe ser real, no ficticia. Esta última solo lleva al mismo círculo vicioso: que se otorguen créditos porque se reducen requisitos (pero con la misma capacidad de pago), que no le puedan pagar a los bancos y, entonces, ¿adivinen qué?... sí, que los excluyan del sistema financiero y deban acudir al gota a gota, o que vuelvan al gota a gota a buscar un crédito para pagar a los bancos e impedir que la SUGEF los “destierre” del sistema financiero formal. Como se ve, el problema real de la usura y del gota a gota no es la ley de usura, sino la ausencia de una política efectiva para poner a la gente a producir, para tener capacidad de pago real.
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