Alertaron que el nuevo decreto del Gobierno eliminaría la  figura de regente forestal  del programa.

El pasado 6 de junio, el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor-UNA), la Escuela de Ciencias Ambientales (Edeca-UNA) y la Asociación de Ingenieros Forestales Pro-Manejo de los Recursos Naturales (Ucifor) organizaron un foro en la Universidad Nacional para analizar los cambios propuestos por el Gobierno al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA).

Recientemente, el Gobierno de la República planteó una reforma al Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE. La iniciativa despertó cuestionamientos en el sector.

Entre los cambios cuestionados está la intención de eliminar la figura de regente forestal dentro del PPSA. Al respecto, la presidenta de Ucifor, Xinia Brenes, indicó que esto impediría una certificación adecuada de la permanencia del bosque.

No es lo mismo una comprobación satelital versus la comprobación, al menos anual, que se realiza directamente en el campo”.

Brenes compartió que los cambios aumenta las labores que realiza el profesional forestal, lo que conlleva a un aumento de sus honorarios y por ende a los costos del productor.

Otro de los puntos que se cuestionó es que se reduce el monto pagado por hectárea por los servicios ambientales que brindan los bosques. 

También indicó que los pagos conjuntos adicionales por los conceptos de “biodiversidad plus” y por “importancia para el recurso hídrico”, estarían limitados a menos del 5% de las posibles personas beneficiarias, lo que significa un pago de 21.000 colones por hectárea para alrededor del 80% de ellas, un monto menor al actual que es de 36.823 colones, es decir una disminución de más de 15000 colones. 

Además, aseguró que la propuesta pretende aumentar el tamaño mínimo de las fincas de 300 a 500 ha.

Algo cuestionable considerando que las estadísticas de Fonafifo estiman que alrededor del 70% de las fincas que actualmente están adscritas al programa, tienen 40 o menos hectáreas”.

Esto puede resultar insuficiente para competir con la presión que generan otras actividades productivas que compiten con la protección del recurso forestal, puntualizaron los expertos.

Michael Garro, fiscal del Colegio de Agrónomos y Forestales, reiteró que la regencia forestal, “está más que comprobada como mecanismo para asegurar la permanencia del bosque, un elemento clave en el reconocido éxito internacional del PPSA". Compartió:

En los últimos años, el 72% de los contratos por conservación lo gestionan los regentes, quienes no solamente tienen fe pública para certificar tanto el buen uso de los fondos estatales y la permanencia del bosque, sino además son asesores que permiten a familias en zonas rurales tomar mejores decisiones sobre el uso sostenible de los recursos naturales”.

El fiscal añadió que en años recientes el programa registró en promedio 70 000 hectáreas bajo protección y duda que Fonafifo sea capaz de gestionar adecuadamente un aumento a 182 000 hectáreas el presente año según pretende el cambio de normativa.

Finalmente, agregó que el colegio, en su análisis legal, llegó a la conclusión que dichas modificaciones a la normativa riñen con la legislación vigente porque intentan modificar un reglamento que es competencia profesional del colegio, transgrede principios ya establecidos en tratados internacionales, y  sería inconstitucional al violentar el principio de no regresión en material ambiental.

El alcalde y dirigente comunal de Puerto Jiménez, Enrique Segnini, dijo que los verdaderos protectores del bosque, que en su mayoría son miles de campesinos que trabajan la tierra en condiciones limitadas, "serían los perdedores con estos cambios”, mencionó en el espacio .

Por su parte, Mario Piedra, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor), sostuvo que esta modificación al PPSA lo que hace es exacerbar la matriz de riesgo del recurso forestal ya que le resta valor al bosque y lo hace menos competitivo en comparación con usos alternativos de la tierra como la ganadería o la piña, actividades que añaden presión al bosque.

Para Piedra, la regencia forestal da la seguridad jurídica necesaria para poder comercializar internacionalmente servicios ambientales o ecosistémicos, algo esencial a futuro considerando las restricciones presupuestarias que tendrá el programa al depender mayoritariamente del impuesto a los hidrocarburos.

Los empresarios forestales también manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los cambios a la normativa generen mayores cuellos de botella en trámites que deberían ser simplificados.

Natalia Chacón, directora ejecutiva de la Cámara Forestal, Madera e Industria, comentó que:

Con frecuencia se crea normativa, pero poco se evalúa su efectividad. Estamos en un momento histórico para revisar lo que realizamos en las últimas décadas en el sector forestal y proponer conjuntamente cómo mejorarlo”.

Asimismo, respaldó que la regencia es más que solo una verificación, sino que además es una necesaria asesoría al productor.

En este punto también concordó Jiri Spendlingwimmer, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación (Fecon), quien compartió la experiencia de cómo por medio de la asesoría de un regente forestal, en la zona de Osa, una comunidad de 800 personas logró crear el Refugio de Vida Silvestre Longo Mai, utilizando los impuestos verdes pagados por la sociedad para el aseguramiento de la provisión de servicios ambientales provenientes del bosque.

Para ellos, de acuerdo con Spendlingwimmer, está claro que, si no hay pagos, el bosque pierde valor y la amenaza de deforestación es inminente.

Los expertos solicitaron al presidente Rodrigo Chaves Robles,  que publique lo antes posible la normativa para la asignación de los pagos por servicios ambientales 2024 en los mismos términos de cómo se hizo en el 2023, para así no tener más retrasos y garantizar el uso del presupuesto durante este año en la colocación de áreas de bosque bajo protección y con esto no perjudicar a las personas productoras.

Igualmente, solicitan que se inicie un proceso participativo de consulta para la construcción del decreto que asignará el uso de los fondos en el 2025.