Gobierno cumplirá 2 años sin girar $7.16 millones dados por el Banco Mundial para la protección del ambiente

Dinero corresponde a un pago realizado por el Banco Mundial a Costa Rica en agosto de 2022.

El Gobierno de la República cumplirá dos años sin girar $7.16 millones destinados a la protección del ambiente.

Se trata de un dinero que el Banco Mundial transfirió a Costa Rica, en agosto de 2022, en el marco de la iniciativa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), por reducir las emisiones de carbono debidas a la deforestación y la degradación forestal. En ese momento el país se convirtió en la primera nación latinoamericana en recibir dinero del Fondo Cooperativo para el Carbono del Banco Mundial.

El pago total fue de 16,4 millones de dólares gracias a la reducción 3,28 millones de toneladas de emisiones de carbono durante 2018 y 2019. Estos serían destinados para reforzar la implementación de los mecanismos de financiamiento operados por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y las actividades realizadas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

El dinero que se encuentra “congelado” es el correspondiente al Sinac, situación que también fue reportada por el diario La Nación en 2023. En documentos de los que Delfino.cr tiene copia, se demuestra que en la institución han insistido recientemente para que se les destine el monto, pero no han tenido una respuesta positiva.

La encargada de administrar el dinero del fondo en el país es la Fundación Banco Ambiental (Funbam). Según su sitio web, su junta directiva está integrada por Carlos Isaac Pérez del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Jorge Mario Rodríguez del Fonafifo, Joan Manuel Blanco Saborío del Banco Nacional, Fernando Vargas Pérez del Ministerio de Agricultura y Ganadería y David Chavarría Morales del Sinac.

Consultado por Delfino.cr, el departamento de prensa del Minae indicó que dada la magnitud de los recursos, están “trabajando en un plan de compras priorizado”. Agregaron que los “recursos deben ser incluidos en un presupuesto extraordinario de la República, que se está trabajando para ser enviado a la Asamblea Legislativa”, sin detallar en la fecha en que esto podría darse.

Naturalmente desde el Ministerio de Ambiente y Energía, somos los mayores interesados en que los recursos que corresponden al fortalecimiento del SINAC,  de este primer acuerdo que financia la Estrategia REDD+ en el país, sea ejecutado a la mayor brevedad, sin embargo, debe privar el deber de ejecutar estos recursos mediante el mecanismo de aplicación de la Ley de Contratación Pública, bajo principios de transparencia y  legalidad".

Dato D+: Costa Rica y el Banco Mundial firmaron el acuerdo por US$60 millones para la reducción de emisiones de carbono mediante la conservación de los bosques en diciembre de 2020 durante la Administración Alvarado Quesada. 

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés, Forest Carbon Partnership Facility) efectuó un pago a Costa Rica de 16,4 millones de dólares por reducir 3,28 millones de toneladas de emisiones de carbono durante 2018 y 2019. Imagen con fines ilustrativos.

¿Para qué se utilizaría el dinero?

La ausencia del dinero se vuelve más notoria en días durante los cuales el país sufre incendios inquietantes como los ocurridos en el Sector Prusia del Parque Nacional Volcán Irazú en donde las llamas alcanzaron una hectárea, o en la Isla Chira donde se consumieron más de 300 hectáreas.

Los $7.16 millones se pretenden utilizar para acciones como la contratación de personal para programas específicos, modernización de equipos para atenuar las actividades que impulsan la deforestación, la degradación de los bosques y los incendios forestales.

Además, el ambientalista, Christian Mata Bonilla, amplió que la paralización de la transferencia provoca dificultades para llevar a cabo la protección y vigilancia de las áreas silvestres protegidas, atención de iniciativas de apoyo a la conservación con las comunidades y compra de herramientas para la ejecución de labores de campo de diferente naturaleza que involucran patrullajes, construcciones y combustibles.

En general costos operativos que lamentablemente el Estado no está siendo capaz de suplir por medio del financiamiento ordinario".

El activista señaló que en la administración Chaves Robles hay "un manoseo muy sospechoso de querer debilitar al Sinac, y estas acciones de limitar el desempeño de la institución coartando sus esfuerzos usando el tema financiero como condicionante es peligroso y muy mal visto". 

Recordó que una de las prioridades del financiamiento ambiental mundial es dirigirlo a esfuerzos focales, que solamente el Sinac por su especialidad técnica es capaz de implementar en Costa Rica. Por lo que consideró que el no desembolso pone al país en una situación comprometida para hacer frente al cambio climático.

Dinero sería utilizado para hacer frente a problemáticas como la deforestación, la degradación de los bosques y los incendios forestales. Imagen de cortesía: Jose Acevedo/Pexels

Agregó que retener o utilizar los recursos para otros fines puede traer consecuencias para Costa Rica ante organismos internacionales y puede condicionar futuros proyectos.

Por este fondo el Banco Mundial realizará tres pagos al país para un total de 60 millones del dólares, para alcanzar el objetivo de reducir hasta 12 millones de toneladas de emisiones de CO2 para 2025. El segundo desembolso se espera para el segundo semestre del 2024.

A las puertas de esto, Mata Bonilla reiteró que hay muchas dudas de cómo se han manejado los desembolsos provenientes de la REDD+ por parte de las entidades y organizaciones que hasta ahora lo han hecho. Cuestionó:

¿Por qué están reteniendo los recursos? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Acaso no han valorado que tienen una responsabilidad legal de transferir los recursos a los programas que se han definido como los beneficiarios?".

Dato D+: Minae indicó que en 30 meses, el Proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados (PBR) ha transferido $40,82 millones, que corresponden al 87% de los fondos transferibles para fortalecer el Programa Nacional de Manejo Integral del Fuego (PNMIF) y el Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PPSA) y contribuir con la implementación de la Estrategia REDD+ Costa Rica.