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Imagen principal del artículo: Nogui Acosta rindió informe sobre estado económico del país
Foto: Esteban Rojas - Asamblea Legislativa

Nogui Acosta rindió informe sobre estado económico del país

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen compareció este lunes ante el plenario de la Asamblea Legislativa para rendir el primer informe sobre el estado económico del país, una citación que se hará una vez al año producto de una ley aprobada que presentó el Liberal Progresista para que comparezcan ante el Congreso tanto el jerarca de Hacienda como el del Banco Central y cuya puesta en marcha arrancó este mes de marzo.

En su intervención inicial Acosta afirmó que al llegar al cargo se enfrentó a desafíos como el hackeo de sistemas, altos vencimientos de deuda externa en el corto plazo y necesidades de financiamiento, así como un acuerdo previo con el Fondo Monetario Internacional, ajustes a la regla fiscal, la inclusión de Costa Rica en la lista de países no cooperantes a efectos fiscales de la Unión Europea, y la reforma al impuesto a la propiedad de vehículos que se cobra en el marchamo.

El ministro destacó que en 2022 el país logró cerrar con un balance fiscal positivo de +2.1% del PIB luego de 13 años de déficits y que en 2023 fue de +1.6%, mientras que la deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB llegó a un máximo de 67.6% en 2021 y descendió a 61.1% en 2023.

Asimismo Acosta resaltó la mejora en la calificación crediticia del país por parte de las agencias internacionales, así como la reducción de la tasa de interés en subastas a cinco y diez años por el orden de entre -82 a -336 puntos base.

Posteriormente el ministro señaló que su cartera no tiene el monopolio de la responsabilidad fiscal y señaló que las decisiones que toma la Asamblea Legislativa tienen serias implicaciones sobre las finanzas públicas. En ese sentido, recapituló que entre mayo de 2022 y diciembre del 2023 se presentaron 13 proyectos de ley para hacer modificaciones a la regla fiscal, y en ese mismo periodo se presentaron 37 proyectos de ley que buscan crear una exoneración o reducir la recaudación.

A su vez, Acosta señaló que la ley que sacó a Costa Rica de la lista de la UE trajo un perjuicio económico al Estado estimado en 9000 millones de colones; sumado a unos 68.000 millones por la reforma al marchamo. También advirtió que el expediente 23.631 que establece una tarifa reducida del 1% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al servicio de internet residencial o de acceso personal por cualquier medio, para cualquier dispositivo electrónico generaría un perjuicio al erario por 143.000 millones, mientras que el expediente 23.500 sobre la Cruz Roja Costarricense abriría un hueco recaudatorio de 1.57 billones de colones porque permitiría que las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada puedan, por una única vez, realizar la donación del total del monto a pagar por el Impuesto Sobre la Renta a favor de Cruz Roja.

Por último el ministro señaló que el presupuesto para gasto social ha aumentado en 12.815 millones de colones entre 2022 y 2023; y otros 57.778 millones de colones entre 2023 y 2024; mientras que en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social el presupuesto le ha aumentado 20.353 millones entre 2022 y 2023, y 40.835 millones entre 2023 y 2024. Sobre esta última institución, Acosta dijo que de los 234.995 millones de colones asignados en préstamos a favor de la CCSS, se han girado 181.265 millones (77.13%).

Gilberto Campos Cruz, diputado del Liberal Progresista cuestionó a Acosta de qué le sirve a la gente en Costa Rica la sanidad de las finanzas públicas, cuando hay menos empleos, menos calidad del empleo y menos inversión social: "Las cifras son extraordinarias cuando pensamos en calificadoras de riesgo internacionales, pero no cuando al gente pierde su empleo por un tipo de cambio que afecta al sector agropecuario y turístico", dijo.

Nogui Acosta respondió que compartía la preocupación del diputado respecto al tema de empleo y que debían hacer un análisis profundo de las condiciones que se están presentando en el mercado laboral: "Es interesante, la principal reducción se da en empleos informales. A lo largo de la historia un déficit fiscal creciente ha implicado una presión inflacionaria importante, y en ese caso, creo que hemos logrado dar estabilidad a las finanzas públicas y quitar presión sobre los precios y el mercado financiero".

Por su parte el diputado Eliécer Feinzaig Mintz cuestionó la afirmación de Acosta de que el endeudamiento del Gobierno ha disminuido al calificarlo como una "disminución artificial" producto de usar un dólar 74 colones más bajo y explicó que la deuda interna en colones ha aumentado en 3.95%, la externa en dólares 19.87% y la deuda externa en otras monedas un 15.98%.

Paulina Ramírez Portuguez, diputada de Liberación Nacional y presidenta de la Comisión de Hacendarios cuestionó la atribución de los resultados fiscales únicamente a la estrategia fiscal del actual gobierno, al señalar que hubo acciones y esfuerzos realizados en periodos anteriores. Asimismo cuestionó que Acosta dejó pasar en su informe aspectos como aumento de los precios al consumidor, aumento de la desigualdad y los recortes presupuestarios en áreas críticas como seguridad, cultura, educación; así como una tasa de desempleo que según el INEC no refleja la creación real de empleo sino más bien un desistimiento de buscar trabajo.

Mientras tanto Acosta se enfrascó en una discusión simultánea con el diputado Carlos Felipe García de la Unidad Social Cristiana al punto de que la vicepresidenta Gloria Navas Montero los detuvo y llamó al orden a ambos, pues se estaban hablando el uno encima del otro.

El diputado García señaló la falta de ejecución en algunas instituciones y afirmó que el problema no radicaba en el Ministerio de Hacienda, sino en la falta de prioridades y ejecución de políticas públicas por parte de otros miembros del gabinete. En respuesta, el ministro Acosta abordó las subejecuciones presupuestarias, atribuyendo parte de la responsabilidad a normativas aprobadas por la Asamblea Legislativa y explicó que la asignación del presupuesto para el año 2024 se basó en la evaluación de la ejecución de cada ministerio y se ajustó según las prioridades del Consejo de Gobierno.

García también cuestionó la discrepancia en las cifras de impacto fiscal por la reforma al marchamo, mientras que Acosta defendió la postura del gobierno sobre la ley que sacó a Costa Rica de la lista de la Unión Europea, señalando que había juicios en curso y resoluciones de otros tribunales que daban la razón a Hacienda y aún así, el Congreso decidió legislar a contrapelo de esa jurisprudencia. 

José Pablo Sibaja, diputado de Nueva República y representante de ese partido en la Comisión de Hacendarios acusó al gobierno de distanciarse de la realidad que viven las comunidades y utilizó la expresión popular "no todo lo que brilla es oro" para argumentar que la imagen positiva que el Gobierno intenta proyectar no se corresponde con la situación que experimentan los ciudadanos en sus vidas cotidianas.

Además, el diputado criticó la política fiscal del gobierno, calificándola de voraz e impositiva y ejemplificó esa afirmación con casos concretos, como el pedido de un vehículo de 60 millones de colones para el Ministerio de Comunicación, recortes en áreas esenciales como becas, subsidios de transporte y ayudas para estudiantes con discapacidad, entre otros.

Finalmente, el diputado denunció la crisis en el sector educativo provocada por los recortes presupuestarios y la falta de dirección para abordarla; y asoció esta situación con un aumento potencial de la delincuencia, sugiriendo que el descuido en la inversión en educación podría llevar a un aumento de la población carcelaria.

Mientras tanto el diputado Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio cuestionó a Acosta si el pago de intereses del 2023 se incumplió o si experimentó faltantes ante los cambios presupuestarios hechos por el Congreso en su debido momento. Ante la respuesta negativa del ministro el diputado señaló que las acusaciones de irresponsabilidad por parte del gobierno respecto a la utilización de recursos de la partida de intereses quedaban desmentidas.

Posteriormente el legislador abordó la reducción del arancel a los importadores de arroz durante 2023, cuestionando al ministro sobre la pérdida de ingresos tributarios debido a esta medida. El Ministro respondió que no tenía el dato exacto, pero que aproximadamente eran 7 mil millones de colones y que esos recursos "se quedaron en manos de los costarricenses". Sin embargo, Acuña insistió en la preocupación sobre la reducción de ingresos y su impacto en las finanzas públicas, señalando que esta medida no concuerda con la supuesta mejora en los precios del arroz y confrontó al ministro sobre la falta de preocupación por esa reducción de ingresos, contrastándola con la atención que se presta a otras medidas.

La discusión continuó con un análisis de la inversión en becas y su impacto en la población vulnerable. Acuña defendió la importancia de estas inversiones, mientras que el ministro argumentó que deben asegurarse de llegar a quienes realmente lo necesitan.

El diputado cerró su intervención preguntando al Ministro si trasladará los recursos adicionales aprobados para el programa de becas Avancemos en el presupuesto extraordinario actualmente en trámite, cuestionamiento que generó una respuesta evasiva por parte de Acosta.

Breves

— La Comisión Especial de Heredia dictaminó positivamente el expediente 23.517 "Desafectación, reunión de fincas y afectación a nuevo uso público de inmuebles propiedad de la Municipalidad de Belén, para donación a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social".

— El Congreso recibió el oficio MP-DMP-OF-2024-0174 suscrito por la ministra de la Presidencia, Natalia Diaz Quintana en la cual informa que se han nombrado los integrantes del Tribunal Registral Administrativo. De conformidad con los alcances de la Ley 8039 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y del Reglamento Legislativo, el asunto se remitió a la Comisión de Nombramientos por un plazo de 30 días hábiles. Este asunto se tramitará bajo el expediente 24.199.

— La Comisión de Nombramientos aprobó en votación 6 vs. 1 (Jonathan Acuña del FA en contra) recomendar al plenario la ratificación de Álvaro Jesús Barrantes Chaves como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), proceso que se tramita bajo el expediente 24.189.