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Siete congresistas firman proyecto para el cierre de Racsa

La diputada Kattia Cambronero Aguiluz del Partido Liberal Progresista (PLP) y seis congresistas más presentaron a la corriente legislativa este lunes, tras el receso de fin de año, un proyecto de ley para cerrar Radiográfica Costarricense S.A (Racsa), citando la ausencia de estrategia de esa empresa estatal para superar sus problemas financieros, y los cuestionamientos que ha acumulado a lo largo de los años por su participación en otros proyectos públicos.

Se trata del expediente 24.105 y titulado "Cierre de Radiográfica Costarricense (Racsa)" y al cual se sumaron las firmas de Jorge Dengo Rosabal, Luis Diego Vargas Rodríguez, Eliécer Feinzaig Mintz y Gilberto Campos Cruz del PLP, y de Daniela Rojas Salas y Carlos Felipe García del PUSC.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa desde el año 2018 Racsa ha reportado pérdidas de aproximadamente 10 millones de dólares anuales y en 2011 el ICE planificó la inversión de 15 millones de dólares anuales para sostener financieramente la empresa, a su vez que los servicios de Internet y equipo técnico pasaron al conglomerado y la empresa dejó de brindar el servicio de Internet residencial y se planteó que la marca Kolbi absorbiera Racsa en su totalidad, proceso que no se llevó a cabo.

Para el año 2021 las pérdidas que reportaba la empresa eran de 447 millones de colones por causa de la suspensión o no renovación de contratos con instituciones públicas como el Ministerio de Hacienda y el Cosevi, golpeando las frágiles finanzas de la empresa. Además, anteriormente entre el año 2010 y 2016, en un periodo de 6 años, Racsa reportó pérdidas por 56.500 millones de colones a causa de una caída en el ingreso por la venta de servicios.

Para la legisladora, si bien Racsa se ha enfocado ahora en prestar servicios tecnológicos, no ofrece servicios distintos a los que el Grupo ICE oferta mediante Kölbi, por lo que su continuidad y existencia significa una duplicidad de funciones dentro del conglomerado empresarial público y una carga financiera "injustificable" para el ICE.

Asimismo Cambronero citó el informe DFOE-CIU-IF-00007-2022 emitido por la Contraloría General de la República el 6 de julio de 2022 en el que se identificaron debilidades en la planificación institucional a mediano y largo plazo en relación con la gestión financiera de la empresa.

Según la Contraloría, Racsa carece de mecanismos de control para la obtención de financiamiento externo y además encontró excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación, calificándolos como "yerros graves", especialmente en la participación en la operación para dotar de escáneres detectores de drogas a puertos y fronteras, un involucramiento que además el Ministerio Público también está investigando. Y a todo ello, se suman presuntas irregularidades en las contrataciones públicas realizadas por Racsa, incluyendo más de 40 contrataciones directas sin un adecuado procedimiento.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, el ICE deberá elaborar el plan de liquidación ordenado de todas las operaciones de Racsa, poniendo fin de forma completa a las actividades que ésta realice. Asimismo dispone que la totalidad de los posibles montos obtenidos por el cierre se destinarán al pago de la deuda pública, por lo que serán trasladados al Ministerio de Hacienda.

Para efectos de responsabilidad ante derechos y obligaciones que Racsa que haya contraído, el proyecto dispone que será el ICE el responsable de ellos y que los trabajadores que así lo deseen tendrán derecho a dar por terminada la relación laboral, por lo que se les reconocerán todos sus extremos laborales, el cual deberá pagárseles a más tardar 60 días después de entregada la carta de cese.

Finalmente al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) se le ordena recuperar las frecuencias que Racsa tuviera bajo su poder, y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) elaborar el concurso público de conformidad con lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones.

Breves

— Federico 'Choreco' Cruz, exasesor de imagen del presidente Rodrigo Chaves y presidente de Aquí Costa Rica Manda se abstuvo de responder preguntas en su segunda comparecencia ante la Comisión Investigadora de Financiamiento de Partidos Políticos. El diputado Francisco Nicolás del PLN le cuestionó sobre supuestas infiltraciones del cartel mexicano de Querétaro en el negocio de los escáneres antidroga de Radiográfica Costarricense (Racsa) y el financiamiento de ACRM, sin embargo a excepción de decir que tomaría medidas legales contra quien hizo esos señalamientos, Cruz se abstuvo de responder preguntas acusando que sus declaraciones en la primera comparecencia fueron manipuladas, tergiversadas, o que no se le dejaba contestar. Cruz también evitó responder preguntas relacionadas con el Caso Corona, una investigación sobre tráfico de cocaína líquida y presuntas conexiones con el partido político que preside. Además, se negó a comentar sobre el financiamiento de ACRM y la relación de algunos implicados con el expresidente del Incop, cuestionado por presuntos vínculos con el narco.

— Armando Gómez Ordóñez, exdirector de Prensa de Casa Presidencial se abstuvo de declarar ante la Comisión Especial Investigadora del SINART y el uso de $405.000 del BCIE para contratar al empresario Christian Bulgarelli. Gómez se negó a responder preguntas sobre visitas a instituciones estatales junto a Bulgarelli y sobre la contratación irregular del empresario, como fue revelado en audios filtrados grabados en Presidencia. Gómez alegó temor a futuras imputaciones penales y afirmó que su silencio buscaba resguardar su integridad. Por considerar que su motivo de abstención no era válido, la Comisión aprobó remitir al Ministerio Público un acta certificada de la sesión por considerar la postura de Gómez como obstruccionista y constitutiva de un delito.

— Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.470 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública".

— Con 42 votos a favor se aprobó un minuto de silencio por el fallecimiento de los funcionarios legislativos Randall Sánchez Arce y José Alberto Briceño Solano; con 48 votos a favor se aprobó otro para Mario Izquierdo Madrigal y Teresa Sandí Díaz, padres del diputado Oscar Izquierdo Sandí; y con 47 votos a favor se aprobó otro para Victoria Lázaro y Cristino Lázaro, familiares de la diputada Sonia Rojas.

— Con 47 votos a favor y 0 en contra se aprobó cancelar la sesión ordinaria del miércoles 10 de enero y en su lugar sesionar de forma extraordinaria ese día de las 2:45 pm y hasta agotar la agenda acordada, incluido un debate reglado por espacio 1 hora 30 minutos sobre la urgencia de avance de la Ruta 1 en específico el trayecto Barranca-Limonal y los compromisos pendientes del Poder Ejecutivo de concluir el proyecto.