La Defensoría de los Habitantes reiteró el compromiso institucional de continuar con la investigación sobre el caso particular y la situación estructural en la atención de partos de alta complejidad en las zonas rurales. 

La Defensoría de los Habitantes solicitó, con carácter de urgencia, un informe a las autoridades del Hospital de Nicoya sobre el caso de la atención de una madre y su bebé prematura, el cual deberá incluir no solo respuestas concretas a cada una de las inquietudes planteadas, sino también suministrar documentación que así lo respalde.

Se solicitó referirse ampliamente a lo denunciado en cuanto a que el centro, a pesar de tener incubadoras, no las utilizó para la atención de la bebé; además, cuál fue el criterio clínico al respecto y si el hospital dispone de un protocolo local particular para la atención de partos prematuros inminentes y partos complejos.

La Defensoría indicó que procurará conocer, dentro de la investigación que realiza, si el centro médico dispone de los servicios, equipamiento y recurso humano para la atención de estos casos. Si el hospital carece de la capacidad instalada, deberá informar las medidas para garantizar la atención oportuna y adecuada en la situación en particular y otras similares, así como enumerar las gestiones efectuadas ante las autoridades superiores de la CCSS para atender las necesidades identificadas.

También se pretende esclarecer lo concerniente a la atención brindada a la madre, incluyendo el control prenatal y el detalle de la atención dada a su bebé, las acciones efectuadas para la atención de la emergencia y su estado de salud al momento del nacimiento. Se solicitó, además, informar si, a partir de la valoración clínica, la bebé presentaba alguna condición que resultara incompatible con la vida, y en caso que hubiera sido así, describir lo que se le informó a la madre y si esto quedó documentado o no. Igualmente se requirió detallar cuándo se efectuó la valoración por parte de la persona profesional en pediatría o neonatología por primera vez y referirse a los hallazgos encontrados.

De igual manera se solicitó exponer los motivos por los cuáles no se trasladó a la bebé en forma inmediata al hospital de referencia para que recibiera la atención especializada y un informe sobre la atención brindada a la bebé desde que se entregó a su madre el 8 de enero por la noche, hasta su traslado al Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas. El centro médico también tendrá que indicar si dispone entrenamiento bioético para la atención de estos casos de alta complejidad y explicar si se realizó alguna interconsulta con especialistas del hospital u otro centro de referencia para el manejo clínico-ético del caso con la familia.

Adicionalmente se ha solicitado información sobre los procedimientos establecidos en la región Chorotega para el traslado de casos complejos a otros centros hospitalarios de la red, indicar la existencia de antecedentes en el centro de casos similares, y de ser así, brindar detalle de los hechos y las decisiones tomadas para su atención oportuna y de calidad.

La institución cerró su comunicado de prensa indicando que “la Defensoría lamenta que un evento tan desafortunado como el que enfrentamos hoy como país, sea el recordatorio de que todas las mujeres embarazadas y sus bebés, deben recibir atención humanizada, oportuna, libre de violencia  y de alta calidad, en todos los servicios de maternidad del país, garantizando sus derechos humanos fundamentales”.