Medida cautelar aplica hasta que se resuelva por el fondo una demanda presentada por MarViva.

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica declaró con lugar una medida cautelar presentada por la Fundación MarViva contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y ordenó la suspensión de los nuevos estudios sobre pesca de arrastre que se llevan a cabo en aguas costarricenses. 

La Fundación señaló que la aprobación de la medida responde a la serie de irregularidades y falencias que contravienen de forma directa las disposiciones normativas emitidas por la Sala Constitucional en el tema; la falta de solidez técnica del proyecto, los vicios en el desarrollo del mismo y la afectación al ambiente que podría causar daños irreparables y violentarían el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Constitución, que señala el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado que poseen todas las personas.

En la resolución N° 2023005361, el ente juzgador reconoció que la pesca de arrastre es un tema sobre el que ha existido mucha controversia en los últimos años y que la Sala Constitucional ha mantenido una línea clara en pro del ambiente y la tutela de los recursos marinos.

El Tribunal suspendió las faenas de pesca que se realizan actualmente y además, y cualquier otro acto conexo realizado por Incopesca que habilite la ejecución del estudio, incluyendo nuevos permisos de pesca y los acuerdos de la Junta Directiva que avalaron la iniciativa. Las medidas se dan hasta que se resuelva por el fondo la demanda presentada por MarViva el pasado mes de mayo, la cual busca la anulación del total del estudio.

Al respecto, la gerente de incidencia política de MarViva, Katherine Arroyo, comentó que más allá de darles la razón sobre la seriedad y rigurosidad de los argumentos, "el Tribunal da un paso firme hacia la protección de los ecosistemas marinos y la defensa de los recursos pesqueros de los cuales dependen miles de pescadores artesanales y sus familias". 

En medio de inconsistencias y falta de transparencia, este “estudio” está cargado de carencias técnicas y metodológicas, lo que representa un riesgo muy alto para el mar, las economías costeras y las finanzas públicas. Creemos en la Democracia y el Estado de Derecho de nuestro país y celebramos con respeto esta decisión del Tribunal”.

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Estudios señalados por errores desde un inicio

El 23 de marzo el Gobierno autorizó oficialmente el inicio de nuevos estudios sobre pesca de arrastre, con el permiso respectivo para ocho embarcaciones camaroneras. En estos participan personeros de Incopesca, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y expertos del Sistema de Áreas de Conservación (Sinac).

En los nuevos estudios, se utiliza un arte de pesca llamada AA Costa Rica, misma que se planteaba en el proyecto de ley vetado en la administración Alvarado Quesada. Desde entonces, el acuerdo del Ejecutivo ha sido llenada de cuestionamientos. 

En la demanda presentada por MarViva, la fundación señaló que que Incopesca incumple con los componentes mínimos que debería contemplar una investigación científica que pretenda analizar la viabilidad social, económica y ambiental de la pesca de arrastre en Costa Rica.

En dos sentencias de la Sala, puntualizaron que se reiteró que para restaurar la pesca de arrastre se debía demostrar aspectos como una reducción significativa de la captura incidental; ser coherente con el desarrollo sostenible democrático y contemplar factores como las interacciones ecosistémicas; contaminación; capacidad de regeneración y población afectada entre muchos otros; aspectos que no fueron tomados en cuenta por el ente rector en materia de pesca, según la denuncia.

Para ese momento el director ejecutivo de Fundación MarViva, Erick Brenes, declaró que la investigación en curso, tal cual ha sido planteada, no va a generar la información científica que, en el discurso de los jerarcas de Pesca y Ambiente y Energía, sería el motivo de su ejecución.

Mientras tanto, el país malgasta fondos públicos en un estudio sin rigor científico, ni controles, que no arrojará conclusiones de valor y, más bien, perjudica a los ecosistemas, a la biodiversidad, los fondos marinos y la economía de pescadores artesanales".

Brenes agregó que la propuesta de Incopesca agrupó deficiencias como metodologías desactualizadas, personal no idóneo, sin fundamento técnico y cuyo planteamiento no permitirá generar los datos que se pretenden obtener.

En MarViva criticaron la red de arrastre AA Costa Rica debido a que se trata de la misma arte de pesca que se planteaba en el proyecto de ley vetado en la administración Alvarado Quesada, según acotóArroyo. En ese entonces, aseguran, se explicó que era impreciso e imprudente afirmar que la red sea viable ambientalmente, como se quiso dar a entender por las autoridades de este gobierno nuevamente.

La UCR también rechazó los trabajos al señalar que "carecen de la rigurosidad científica". El científico de la institución académica, Ingo Wehrtmann y el investigador en ciencia pesquera, Mauricio Ibarra, justificaron que la propuesta tiene "lagunas metodológicas".

Mientras que el director de la Escuela de Geografía, Pascal Oliver Girot Pignot, efectuó observaciones sobre la realización de nuevos estudios al enfatizar en que la propuesta propone usar lances comerciales y parece diseñada como una operación pesquera común, más que un estudio científico. "No señala, claramente, la densidad geográfica, ni la ubicación de puntos de muestreos ni su frecuencia, aspectos que podrían tener repercusiones en la calidad de los datos científicos obtenidos", puntualizó.

El biólogo costarricense Randall Arauz, líder de la coalición y director de política internacional de Marine Watch en Costa Rica, resaltó meses atrás la necesidad de que los estudios se hagan bien, con métodos aleatorios. Sin embargo, dijo que lo presentado está diseñado para favorecer al sector pesquero.

Pese a que MarViva estimó que los estudios costarán, al menos en el primer año, más de 126 millones de colones que saldrán del bolsillo de todos los costarricenses, en la organización indicaron que no hay certeza de los costos totales de la investigación. 

Agregaron que tampoco hay una limitación establecida en cuanto a las ganancias que el sector camaronero pueda obtener al comercializar producto en el marco del estudio, lo que podría significar un enriquecimiento injustificado a favor del sector semi-industrial.

Sobre este punto, Incopesca fue consultada por la diputada del Partido Liberal Progresista, Kattia Cambronero Aguiluz, a lo que respondieron, sin mayor detalle, que permiten la disposición de las capturas obtenidas para las embarcaciones involucradas que estas "cubran el costo del desarrollo de la investigación".