Las débiles y volátiles condiciones que exhiben las finanzas públicas y la inadecuada gestión de la deuda pública han sido preocupaciones recurrentes en los países de América Latina y han puesto en evidencia las frecuentes inconsistencias que se producen entre las perspectivas de corto y de largo plazo.
Las consecuencias de la gestión fiscal y financiera realizada durante la pandemia del COVID-19 puede considerarse como un ejemplo más de las dificultades que enfrentan los gobiernos de la región para dar respuesta a condiciones extraordinarias. El notable incremento del gasto público y la abrupta reducción de los ingresos fiscales derivado de la caída del nivel de actividad durante la pandemia del COVID-19 se tradujo en un aumento significativo del déficit fiscal y del endeudamiento público como proporción del PIB. En dichas circunstancias, como era dable esperar, los responsables de la gestión macroeconómica y financiera le otorgaron prioridad a la respuesta de corto plazo.
Para la región latinoamericana las consideraciones de largo plazo implican, por un lado, considerar los tradicionales problemas estructurales que han caracterizado al desarrollo de la región, relacionados con un crecimiento económico inferior al registrado en otras regiones y con los altos índices de pobreza y de desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza. Por otro lado, la incorporación de una perspectiva de largo plazo supone considerar la atención de los nuevos desafíos que plantea el cambio climático y del aprovechamiento de oportunidades que ofrece la transición hacia un desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente inclusivo.
La necesidad de compatibilizar la preservación de la estabilidad macroeconómica y los retos del desarrollo sostenible requiere construir un nuevo paradigma de política fiscal y de manejo de deuda pública, consistente con los nuevos desafíos del siglo XXI. A tales efectos, la gestión fiscal y financiera deberá incorporar los riesgos derivados de los impactos esperados del cambio climático sobre las distintas actividades económicas y prever una mayor movilización de recursos para fortalecer los procesos de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La urgencia y la importancia de la construcción de este nuevo paradigma se justifica en múltiples dimensiones asociadas a la transición climática que, más temprano que tarde, impactarán sobre la gestión de las políticas públicas y que condicionarán la capacidad de respuesta de la política fiscal para mantener la estabilidad y la previsibilidad del funcionamiento macroeconómico.
Entre los factores que impactarán sobre las finanzas públicas en el futuro próximo están los riesgos físicos del cambio climático. El calentamiento global impactará al conjunto de la economía y a la productividad y provocará un deterioro significativo de las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Los efectos negativos del cambio climático sobre la actividad económica reducirán los ingresos fiscales y provocarán incrementos del gasto público para atender las emergencias provocadas por eventos climáticos extremos (sequias).
Por otra parte, el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países de la región en el Acuerdo de París implicará transformaciones estructurales en las formas de producción y consumo. El objetivo de estabilizar el aumento de la temperatura global entre 1,5oC y 2oC para este siglo requiere construir una economía carbono neutral entre 2050-2070, lo que representa un cambio de envergadura en el actual estilo de desarrollo. Simulaciones prospectivas indican que en un escenario inercial las emisiones continuarán aumentando en América Latina lo que es incompatible con lo comprometido por los países de la región. Los cambios requeridos para alcanzar una economía carbono neutral entre 2050-2070 en términos de eficiencia energética y de descarbonización de la economía requerirán de un uso intensivo de herramientas fiscales y financieras, lo que resulta incompatible con el mantenimiento de las actuales estructuras fiscales y tributarias. Las transformaciones requeridas implicarán un mayor esfuerzo de inversión pública en infraestructuras sostenibles y la implementación de una reforma fiscal verde que contribuya a modificar la actual matriz de incentivos económicos.
La transición climática provocará, además, un aumento considerable de “activos varados“, asociado a la reducción de la producción y el consumo de bienes y servicios intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero. Ello supondrá una drástica reducción de la producción de combustibles fósiles, lo que provocará una importante merma de ingresos fiscales en varios países de la región. Para evitar la emergencia de desequilibrios insostenibles en las finanzas públicas, el nuevo paradigma fiscal deberá prever ajustes en el nivel de la presión tributaria y en el nivel y composición del gasto público.
La magnitud de los recursos necesarios para instrumentar la transición climática justa requerirá de mayores montos de financiamiento público y privado. Una parte de los fondos se canalizará a través del accionar de los organismos financieros multilaterales y la banca de desarrollo, pero parece poco probable que estas fuentes sean suficientes para financiar la inversión requerida. Los esfuerzos de inversión requerirán de un uso más intensivo de emisiones temáticas (verdes, género, sociales y sostenibles), aprovechando la creciente predisposición de los inversores institucionales por aumentar la participación en sus portafolios de este tipo de instrumentos.
En definitiva, cuanto más rápidamente los gobiernos de la región asuman la nueva realidad en materia fiscal y financiera, más probable será que se cumplan los compromisos para alcanzar la carbono neutralidad en 2050-2070. La adopción de acciones tempranas puede ayudar a evitar la repetición de los recurrentes ciclos de crisis fiscales y de deuda presentes en América Latina en las últimas décadas. La adopción de un nuevo paradigma fiscal y de manejo de la deuda pública aparece, por ende, como el único camino posible para preservar la estabilidad macroeconómica y, simultáneamente, atender los desafíos del desarrollo sostenible.
Este artículo se basa en los resultados del proyecto de investigación “Promoting a pandemic recovery: Evidence to support managing the growing debt crisis”, realizado por la Red Sudamericana de Economía Aplicada (Red Sur), con el apoyo del International Development Rsearch Centre (IDRC-Canadá).
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