El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves por unanimidad una moción de excitativa al Poder Ejecutivo para que declare el estado de emergencia producto de la crisis de inseguridad en el país y cuyo último hecho notorio fue el homicidio de un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la INTERPOL en Tirrases de Curridabat durante la noche del miércoles.
La Comisión de Seguridad del Congreso aprobó una moción en términos idénticos horas antes del Plenario pues su sesión era a las 9 de la mañana. Allí las diversas diputaciones que integran ese foro legislativo fueron las primeras en referirse al lamentable hecho que enlutó a la familia judicial:
Alejandra Larios Trejos, diputada del Partido Liberación Nacional afirmó que lo ocurrido les causaba mucha tristeza y preocupación "pero no podemos quedarnos ahí: se requieren acciones ya y no estamos viendo acciones de quienes corresponde. Con cinco proyectos de ley no se arregla el problema de inseguridad del país, debemos asumir cada parte su responsabilidad y hacer lo que corresponde".
Gloria Navas Montero, vicepresidenta del Congreso actualmente en ejercicio de la presidencia y diputada de Nueva República envió a las familias de ambos oficiales atacados y también a todos los cuerpos policiales.
Creo que los discursos tienen que ser muy breves en estos tiempos y mas que lamentarnos se necesita una reacción determinante porque la situación del país es evidentemente gravísima, y así como lo indica la diputada Larios, es evidente que con cinco proyectitos no vamos a resolver la problemática del país. Los recursos, así como lo dicen los señores de las distintas policías y el Fiscal General, tienen que hacerse llegar a estas entidades y la solución es ya: el tema de seguridad es prioritario y debe darse una declaratoria de emergencia, el país está de luto realmente.
Por su parte Gilberto Campos Cruz del Partido Liberal Progresista afirmó que tenían que dejarse ya del "nadadito de perro con el que Costa Rica está acostumbrado a asumir las cosas de seguridad" y que la seguridad es en este momento es de las cosas más urgentes en el país: "Es el momento propicio para demostrar que Costa Rica sí quiere invertir en seguridad, cerrarle la puerta al narcotráfico, que quiere policías profesionales; quien me diga que con las estrategias que se han venido haciendo se han logrado cosas contundentes, perdón pero no: los asesinatos siguen creciendo, sigue pasando droga, siguen las bandas creciendo, más de 300 operando en el país... Y es absolutamente insuficiente lo que estamos haciendo".
Alexander Barrantes Chacón, diputado del oficialismo dijo que se sentía muy preocupado pero que hacía un llamado a que todos dieran lo mejor de su iniciativa y se atendiera el llamado del presidente de la República de dejar atrás las banderas políticas para luchar contra el flagelo de la inseguridad.
Pido a cada una de las fracciones aquí representadas que hagamos propuestas serias para erradicar este problema, porque sí es cierto que se ocupan recursos, pero también se necesita el concurso, la reunión de cada uno de nosotros porque este no es un problema del presidente, de las familias; es un problema de todos. Así es que doña Gloria de todo corazón, señora presidente, pedimos a cada una de las fracciones que ponga lo mejor de sí, sin despliegue de mezquindades.
Dinorah Barquero Barquero, diputada del PLN dijo que este jueves era un día muy oscuro para la seguridad del país, para los niños y para los cuerpos policiales, al tiempo que envió un sentido sentimiento de solidaridad y condolencia. Agregó, en respuesta al diputado Barrantes, que todas las fracciones han estado dispuestas a extender la mano al Ejecutivo para ayudarle a resolver este problema que si bien era de todos, era resorte directo su resolución al Gobierno porque la situación de seguridad y los cuerpos policiales son responsabilidad directa de Zapote.
La política pública de seguridad la tiene que entregar el presidente de la República, el ministro de Seguridad, son ellos los que deben decir el camino y dónde necesitan el pie de apoyo para caminar todos juntos. Necesitamos claridad de para dónde es que tenemos que enrumbar el timón, la dirección y la fuerza del Parlamento.
Ya en Plenario el jefe de los verdiblancos, Oscar Izquierdo Sandí afirmó que el Ejecutivo tenía que atender este problema por mandato constitucional y anunció que iban a proponer una reforma en el presupuesto de la República, a través de una moción, para trasladar 7000 millones de colones al Ministerio de Seguridad Pública y al Organismo de Investigación Judicial, a lo que se debían sumar 1900 millones al OIJ vía exoneración del pago del IVA. Asimismo, Izquierdo pidió al Ejecutivo 9000 millones de colones más para llenar las plazas vacantes del MSP y el OIJ para "tirarse a la calle" a atender el problema de seguridad.
Minutos después se interpuso una moción para guardar un minuto de silencio en honor de Jeiner Gómez Guzmán, el agente del OIJ asesinado en Tirrases de Curridabat.
Francisco Nicolás, diputado del PLN dijo que lo que correspondía como poder de la República era hacerle un sentido homenaje a Gómez Guzmán; Gilberto Campos Cruz del PLP calificó a Gómez como un héroe y dijo que su caída serviría como empuje de transformación para que el país avanzara y solventara muchos de los problemas acarreados durante muchos años; mientras que Jonathan Acuña Soto del FA envió un mensaje de solidaridad a la familia de Gómez y a los funcionarios judiciales.
Daniela Rojas Salas del PUSC dijo que este fallecimiento no debía ser en vano y que la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado no podía ser un tema de banderas políticas. Olga Morera Arrieta de NR también se solidarizó con la familia del agente y afirmó que era un momento de reflexión para toda Costa Rica y sus poderes de que esta situación no podía seguir afectando a los niños, quienes han presenciado actos de violencia frente a sus escuelas.
El minuto de silencio se aprobó con la unanimidad de los 40 presentes.
De seguido siguió la moción para pedirle al Ejecutivo declarar el estado de emergencia, considerado que "el país atraviesa la más grave crisis de seguridad de su historia, al alcanzar cifras récord de homicidios vinculados a la actividad criminal, cifra que llegará a mil personas"; y que "todos los costarricenses estamos padeciendo de este flagelo de inseguridad, que alcanza carácter de calamidad pública y atenta contra los valores más preciados que tenemos como sociedad".
El término "calamidad pública" fue determinante en la moción, por cuanto la Ley de Emergencias de Costa Rica dispone que el estado de emergencia puede declararse si se está frente a una situación de ese tipo, la cual aunque es un concepto jurídico indeterminado, la Procuraduría General de la República lo ha definido como:
Situaciones extraordinarias, particularmente consecuencia de fenómenos naturales (los terremotos, sequías, inundaciones), o de la acción del hombre, como tumultos populares, invasiones y guerra, o de la propia condición humana, que provocan situaciones catastróficas.
Horacio Alvarado Bogantes, diputado del PUSC afirmó que desde hace muchos meses han deseado que se decrete el estado de emergencia nacional por la inseguridad del país e insistió en que la situación a escalado al estado de calamidad pública.
Gilberto Campos Cruz del PLP intervino de nuevo para afirmar que si el Ejecutivo no sabía gerenciar el país lo dijeran para que la Asamblea Legislativa tomara las decisiones que correspondieran; además de que era momento de dejar el postureo político y declarar el estado de emergencia "para que nuestras familias puedan salir a la calle a caminar en paz" en lugar de buscar justificaciones para no hacerlo.
Priscilla Vindas Salazar del FA afirmó que el país seguía sin tener un Ejecutivo con una ruta clara y que por eso desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico pidieron que al menos se declarara el estado de emergencia nacional porque no era de recibo que se quedaran de brazos cruzados.
Gloria Navas Montero intervino desde la mesa principal para enviarle un mensaje directo al Presidente:
Señor presidente, escúchenos. Señor presidente de la República, responda el clamor del pueblo costarricense. Señor presidente, autorice por medio de la declaratoria de emergencia los fondos necesarios que necesita la policía costarricense para atacar el flagelo de la delincuencia organizada. Señor presidente, póngase la mano en el corazón. Señor presidente, nosotros como Asamblea Legislativa estamos haciendo los esfuerzos. Señor presidente, escúchenos. Señor presidente, obedezca.
La moción fue finalmente aprobada con los 44 votos a favor de quienes estaban presentes.
Terminado este capítulo el Plenario procedió a la agenda de consenso, en la que se incluyeron cuatro proyectos de ley que forman parte de la agenda de seguridad, aunque de previo debían pasar por los segundos debates, los cuales se aprobaron sin mayor discusión para pasar rápido a esa lista de iniciativas.
En primer término se aprobó con la unanimidad de los 39 presentes el expediente 22.651 "Ley para fomentar eficiencia en el levantamiento de cadáveres", mediante el cual se otorga una especia de autonomía a la policía judicial para que realice las diligencias propias del levantamiento de cadáveres.
En ese sentido se dispone que en los casos de muerte violenta o cuando se sospeche que una persona falleció como consecuencia de un delito culposo, si el levantamiento del cadáver se debe realizar en vías públicas, lotes baldíos, sitios de acceso común o espacios abiertos al público la policía judicial practicará una inspección en el lugar de los hechos, dispondrá el levantamiento del cadáver y el peritaje para establecer la causa y la manera de muerte sin necesidad de presencia de otra autoridad. En estos casos el Organismo de Investigación Judicial comunicará a la autoridad judicial competente los resultados obtenidos en la diligencia en un plazo máximo de 24 horas. Cuando se trate o se presuma que una persona falleció como consecuencia de un delito doloso o que el hecho haya ocurrido en espacios de acceso restringido deberá ser el juez quien ordene y practique la diligencia, salvo que delegue su ejecución en la policía judicial.
Luego siguió el expediente 22.590 "Adición del inciso 31) al artículo 6 y un transitorio VIII a La Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642 del 4 de junio de 2008 y adición del artículo 259 bis del Código Penal, Ley Nº 4573 del 4 de mayo de 1970" con el cual se prohíbe y se establecen sanciones por el uso de dispositivos que interfieran con las radiofrecuencias y señales radioeléctricas de los sistemas de comunicación, aprobado con la unanimidad de los 39 presentes.
De seguido estuvo el expediente 22.588 "Reforma a los artículos 236 y 240 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Nº 9078 del 4 de octubre de 2012" cuyo fin es dotar a las áreas de seguridad e investigaciones de instituciones del Estado de herramientas de trabajo para el cumplimiento del control interno, combatir hechos de fraude, corrupción y otros delitos, en contra de la Hacienda Pública a través de la ampliación de la excepción de la no rotulación en los vehículos utilizados por las demás instituciones del Estado que tienen bajo su responsabilidad dichas tareas.
Finalmente, pero con el voto negativo de diputados del oficialismo se aprobó en primer debate el expediente 23.372 "Ley de exoneración en el pago del Impuesto al Valor Agregado al Organismo de Investigación Judicial para fortalecer la represión de los delitos".
La vicepresidenta Gloria Navas fijó el lunes 16 de octubre como fecha para la votación en segundo debate de estas iniciativas.
Breves
— Con 26 votos a favor y 13 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.386 "Reforma a la Ley N° 9875 "Adición de un transitorio al artículo 148 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, para trasladar los feriados a los lunes, con el fin de promover la visita interna y el turismo durante los años 2020 al 2024"" que repone el feriado del Día de la Madre 2024 al jueves 15 de agosto, cancelando su traslado como estaba previsto inicialmente al lunes 19 de agosto.
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.480 "Modificación a la licencia por paternidad en caso de muerte de la madre para proteger el interés superior de la niñez" que dispone que en el caso de muerte materna en el parto, durante la licencia o durante los tres primeros meses contados a partir del parto, cuyo niño o niña haya sobrevivido, el padre biológico tendrá derecho a una licencia remunerada especial posparto, independientemente de si la madre tenía un trabajo remunerado o estuviera asegurada. Esta licencia se extenderá hasta el término del tercer mes contado a partir del parto.
— Con 40 votos a favor y 1 en contra se aprobó realizar un debate reglado el 11 de octubre de 2023 acerca de la Liga Feminista.
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.085 "Declaración de Interés Público el desarrollo turístico de los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles"
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.176 "Declaratoria de Interés Público para el Desarrollo Turístico de los cantones de Turrialba, Jiménez, Paraíso, Cartago, Alvarado, El Guarco, La Unión y Oreamuno".






