Joven aún deberá afrontar nuevo juicio por "abandono y desamparo de personas"
Un tribunal salvadoreño anuló la sentencia de "Lilian", una joven que fue condenada en 2015 a 30 años de prisión después de dar a luz en un hospital público y perder a su hija 72 horas después.
La abogada Jeanette Canales anunció con satisfacción la anulación de la condena que tuvo lugar el lunes en el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, a 62 kilómetros al oeste de la capital, San Salvador. Esta decisión se tomó después de que una cámara superior ordenara una revisión del caso debido a las alegaciones de vulneraciones en el proceso penal presentadas por los abogados.
Según la Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del Aborto, una organización sin fines de lucro, "Lilian", quien tenía 20 años en ese momento, dio a luz en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, y su hija falleció bajo la custodia del hospital después de 72 horas. A pesar de que la institución no admitió negligencia, "Lilian" enfrentó cargos penales y fue condenada por "homicidio agravado", un delito que lleva una pena de 30 años de prisión.
Durante la audiencia de revisión, los abogados de la joven argumentaron que se habían violado sus garantías constitucionales en el debido proceso y presentaron pruebas de la inocencia de "Lilian".
“Se ha anulado la sentencia porque se consideró que hubo una violación directa y flagrante del derecho de defensa, en la que fue condenada sin haberse circunstanciado mínimamente el hecho por el cual ella fue condenada, es decir que ella nunca supo de qué defenderse”, explicó Oswaldo Ayala, abogado defensor.
El equipo jurídico de Lilian explicó que ahora deberá enfrentar una nueva vista pública por el delito de abandono y desamparo de personas en perjuicio de su hija recién nacida. Sin embargo, la fecha del nuevo juicio está pendiente.
La legislación salvadoreña castiga severamente el aborto en todas sus formas, incluido el terapéutico, y sanciona tanto a las mujeres como a los médicos que practican el aborto. En muchos casos, estos delitos se convierten en homicidio agravado debido al parentesco de la víctima, lo que puede resultar en condenas de 30 a 50 años de prisión.
El Salvador, junto con Nicaragua, Honduras y República Dominicana, es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones. A lo largo de los años, las organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno salvadoreño a derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero hasta la fecha, no se han logrado cambios significativos en esta área.
La mayoría de las mujeres condenadas son jóvenes de bajos recursos que carecen de acceso a servicios médicos y no pueden permitirse un aborto en el extranjero ni contratar abogados de calidad si enfrentan juicios. En algunos casos, estas mujeres son víctimas de violación. En las últimas dos décadas más de 200 mujeres que enfrentaron emergencias obstétricas en El Salvador han sido criminalizadas, según la Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del Aborto, que ha estado luchando por la liberación de estas mujeres desde 2009. Hasta la fecha, han logrado la excarcelación de 72 mujeres con la ayuda de su organización y sus aliados.
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Con información de la Agencia AP.
