La bancada del partido Frente Amplio presentó este lunes a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reducir las jornadas laborales ordinarias tanto diurnas como nocturnas, en medio del debate sobre la implementación de jornadas laborales excepcionales de 12 horas al día durante cuatro días a la semana.
La iniciativa, que se tramitará bajo el expediente 23.905, reforma los artículos 89, 105, 136, 138, 140, 143, 145, 273, 274, 283, 288 y 301 del Código de Trabajo para implementar los nuevos topes propuestos, además de contener un transitorio para que la rebaja se haga de forma paulatina.
Según dice el texto la reducción de las jornadas se implementará seis meses después de promulgada la ley y de forma progresiva a lo largo de ocho años, pasando a 45 años durante los primeros cinco años de implementación, 43 horas semanales al sexto año de aprobación, 41 horas semanales en el séptimo año y finalmente, a partir del octavo año, se reduciría a 40 horas semanales.
En el artículo 89 del Código de Trabajo, referido al empleo de mujeres y menores de edad, el texto se reforma para establecer que queda prohibido el trabajo durante más de 6 horas diarias y 36 semanales para los mayores de 15 años y menores de 18.
En el artículo 105 respecto al trabajo doméstico remunerado se establece que las personas que desempeñen esas labores estarán sujetas a una jornada ordinaria efectiva máxima de 7 horas en jornada diurna y de 5 horas en jornada nocturna, con una jornada semanal de 40 horas en jornada diurna y de 30 horas en jornada nocturna, con la excepcionalidad de establecer una jornada diurna de 9 horas diarias y una mixta de hasta 7 horas diarias, siempre que el trabajo semanal no exceda de las 40 horas.
Más adelante con la reforma propuesta a la jornada ordinaria de trabajo se establecería en el artículo 136 que la jornada diurna ordinaria no podrá ser mayor de 7 horas diarias ni de 40 horas semanales de trabajo efectivo, mientras que la jornada nocturna ordinaria no podrá ser mayor de 5 horas diarias ni de 30 horas semanales de trabajo efectivo. Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, por mutuo acuerdo o convención colectiva, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de 9 horas y una jornada mixta hasta de 7 horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las 40 horas.
Asimismo se adecúa el artículo 138 para establecer que salvo la excepcionalidad anteriormente mencionada, la jornada mixta en ningún caso excederá de 6 horas, pero se calificará de nocturna cuando se trabajen tres horas o más entre las 7 pm y las 5 am.
Luego en el artículo 140 se propone establecer que la jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de 11 horas salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, los establecimientos, las máquinas o instalaciones, los plantíos, los productos o cosechas y que, sin evidente perjuicio, no puedan sustituirse los trabajadores o suspenderse las labores de los que están trabajando.
Adicionalmente el proyecto dispone que mediante estudios hechos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Poder Ejecutivo podrá fijar límites inferiores de jornadas laborales para trabajos realizados al interior de las minas o en las fábricas de vidrios, así como en aquellos empleos donde los tiempos de exposición y riesgos ambientales sean especialmente nocivos; su realización implique un extraordinario esfuerzo físico o en las que concurran circunstancias de especial fatiga derivadas de condiciones anormales de temperatura o humedad; en las cuales se identifique un riesgo de fatiga por la continua operación de maquinarias, vehículos automotores o similares; en los que represente un peligro inminente para la persona operadora, así como para las personas usuarias o presentes en el lugar de la actividad; y demás actividades con riesgo para la salud o las personas usuarias.
Como medidas transitorias el proyecto dispone que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de dos años para realizar los ajustes administrativos y presupuestarios con la finalidad de fortalecer la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, de manera tal que se garantice su independencia funcional y se protejan efectivamente los derechos laborales; y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un plazo no mayor a ocho años deberá fiscalizar e implementar las acciones necesarias para cumplir la disminución de la cantidad de horas de trabajo de las jornadas ordinarias según el principio de la reducción progresiva de la duración normal del trabajo.
Breves
— Con 42 votos a favor y 5 en contra se aprobó en segundo debate de segunda legislatura el expediente 22.617 "Adición de un párrafo segundo al artículo 24 de la Constitución Política, para reconocer como derecho fundamental al acceso a las telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicaciones en todo el territorio nacional". La votación final está prevista para este martes.
— El ucraniano Remi Osman Mucondo, señalado en un informe del Partido Progreso Social Democrático como persona que dio servicios de "mano izquierda" a la campaña del presidente Rodrigo Chaves afirmó que su labor consistió en el monitoreo activo de redes sociales y que no fue él, sino el PPSD, quien le dio el carácter de "mano izquierda" a la labor que él realizó, además de negar que hubiese sido "campaña sucia". Asimismo reveló que él aspiró a formar parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) pero que no fue aceptado. También reveló haber tenido acceso al vídeo de Salto al vacío ligado a la campaña del Partido Liberación Nacional, pero se negó a revelar la identidad de la persona que se lo pasó. Además, Osman afirmó que su trabajo lo realizó bajo dirección de Calixto Chaves Zamora y que vio "situaciones anómalas y raras" en el área de comunicación de la campaña de Chaves, la cual estaba a cargo de Federico Cruz, alias Choreco.
— Yafit Ohana, esposa en proceso de divorcio del empresario Leonel Baruch se abstuvo de detallar a la Comisión de Derechos Humanos el contenido y detalles de las reuniones que sostuvo en seis ocasiones en la Casa Presidencial, alegando que Baruch la tiene denunciada penalmente junto al presidente de la República por esos hechos. En su declaración a la comisión Ohana señaló que bastaba su condición de madre de familia para sugerir políticas públicas en temas como el VIH y que si ella quisiera, hasta podría reunirse con el primer ministro de Israel (su tierra natal) para llevar sus ideas. Cuestionada sobre por qué acudió directamente al presidente y no a ministros del ramo de los temas que llevó a Zapote, señaló que su cerebro "funciona de manera diferente" y que consideró que era necesario llevarlo al despacho del mandatario y no a una cartera ministerial. Asimismo Ohana negó que sus reuniones con Presidencia tuvieran relación con el proceso que involucra a sus hijos mutuos con Baruch y sobre el cual la expresidenta ejecutiva del PANI, Gloriana López Fuscaldo, afirmó recibió llamadas de presidencia para que "resolviera bien"; según Ohana, el PANI solamente realizó un estudio psico-social de sus hijos a solicitud de un juez de familia y que el PANI no tenía poder de decidir sobre la custodia.
— El Departamento de Servicios Técnicos y la Asesoría Legal del Congreso recomendaron al directorio legislativo rechazar la solicitud de la diputada Luz Mary Alpízar de forzar una declaratoria de 'independientes' a sus nueve compañeros de fracción que aparecieron en un acto público del Partido Aquí Costa Rica Manda. Según el informe, emitido este lunes, el Directorio carece de la potestad de tomar ese tipo de decisiones en especial si los nueve legisladores aludidos han señalado que no han renunciado a Progreso Social Democrático.
— Con la unanimidad de los 46 presentes, el Plenario nombró a Jorge Leiva Poveda como magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sustitución de Román Solís Zelaya (d.e.p.).
— Randall Murillo Astúa, director ejecutivo Cámara Costarricense de la Construcción y Gastón Laporte Molina, ingeniero geotécnico, comparecieron este lunes ante la Comisión de Cartago donde testificaron a favor de la viabilidad que tiene el terreno donde se prevé construir el hospital de Cartago, pese a los intentos del actual gobierno de dar marcha atrás con ese proyecto.








