La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece actualmente un congelamiento de ajustes salariales mientras la relación deuda-PIB supere el 60%.
El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña Soto —con la firma de respaldo de toda su bancada—presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 23.877) que pretende modificar el plazo de congelamiento a los ajustes salarias por inflación que actualmente mantiene los salarios públicos congelados desde el 2021 de forma indefinida.
Actualmente, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece que mientras la relación deuda-Producto Interno Bruto (PIB) sea superior al 60% no se pueden aplicar aumentos salariales por costo de vida en el sector público, los cuales tampoco podrán ser reconocidos posteriormente.
Dato D+: la relación deuda-PIB a junio del 2023 se estimó en 61.1%.
Adicionalmente, la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) introdujo un congelamiento salarial para aquellas personas cuyo salario base sea superior al salario global correspondiente a su puesto, y ese congelamiento es hasta que el salario global alcance la cifra que están recibiendo esas personas funcionarias, por lo cual se considera un congelamiento indefinido. Además, la LMEP reiteró el congelamiento de cualquier ajuste salarial al sector público mientras la relación deuda-PIB se mantenga por encima del 60%.
En la exposición de motivos del proyecto se destaca también que durante el año anterior la inflación llegó a estar hasta en un 12,33% por lo que “el perjuicio para las personas trabajadoras, dado el congelamiento de sus remuneraciones, consiste en la pérdida de poder adquisitivo de sus remuneraciones, debido al incremento generalizado de precios en la economía nacional (inflación), así como las condiciones internacionales”.
La exposición de motivos también rescata el reciente pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que consideró que el congelamiento indefinido a los salarios del sector público incluido en la LMEP “atenta contra el principio de razonabilidad y, por añadidura, el derecho al salario”.
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La iniciativa de ley propone como modificaciones:
- Limitar a un plazo máximo de 2 años el congelamiento salarial cuando la deuda de Gobierno Central supera el umbral del 60% del PIB.
- Permitir los incrementos por costo de vida para salarios compuestos que superen el correspondiente a la escala de salario global, manteniendo los topes a los salarios del sector público que se definen en el Capítulo V de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley N° 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus reformas.
- Introduce un periodo de transición, de tal manera que, si se aprueba el proyecto, se permitan ajustes por costo de vida para remuneraciones que no superen los 3 salarios base (1.386.600 colones), y que se mantenga el congelamiento solo por hasta un año más para las remuneraciones que superen este monto.
Adicionalmente, el proyecto incluye un transitorio para que los montos que reciben las diputaciones por dietas y gastos de representación no puedan aumentar mientras la relación deuda-PIB se mantenga por encima del 60%.
