El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en segundo debate, el proyecto de ley 23.090 contra el crimen organizado y lo envió a la Casa Presidencial donde este martes será firmado como Ley de la República en un acto en el que participará el presidente del Congreso y el del Poder Judicial.
La votación resultó en 47 votos a favor y 2 en contra y fue posible luego de que no se planteara una consulta legislativa facultativa de constitucionalidad, que habría atrasado en al menos un mes el segundo debate, pese a los señalamientos del Poder Judicial de la urgencia de que esté promulgado antes del 7 de junio próximo.
El proyecto de ley modifica los requisitos específicos para ser considerado juez o juez tramitador en los Juzgados y Tribunales Especializados en crimen organizado, y se establece un incentivo salarial para quienes ocupen estos cargos.
Asimismo indica que las personas que trabajen en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada deberán ser evaluadas cada dos años para verificar su idoneidad en el cargo. Esta evaluación podrá ser solicitada por instancias superiores o entidades encargadas de supervisar los deberes de probidad. En caso de obtener resultados desfavorables en la evaluación, la autoridad que realizó el nombramiento puede revocarlo y regresar a la persona a su puesto original.
Ante la apertura de un procedimiento disciplinario o penal, la jefatura correspondiente podrá tomar la medida administrativa de regresar al funcionario investigado a su puesto original, si está debidamente justificado.
Adicionalmente se establece que los empleados de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada cuentan con protección especial en casos de riesgo relacionados con sus funciones.
El texto también señala que los empleados de la Jurisdicción Especializada podrán ser asignados a tareas en la jurisdicción ordinaria según las necesidades institucionales, y viceversa en casos específicos y para diligencias particulares, sin recibir el incentivo salarial correspondiente.
También habilita que los casos de delincuencia organizada puedan ser procesados tanto en la jurisdicción penal ordinaria como en la Jurisdicción Especializada, y los actos procesales realizados en la jurisdicción ordinaria previa a la creación de la Jurisdicción Especializada mantendrán su validez.
Un aspecto medular para la Fiscalía es que en los procesos de delincuencia organizada que se llevan a cabo en la jurisdicción ordinaria, no se requerirá una resolución judicial adicional, y se aplicarán las normas del Código Procesal Penal relacionadas con los plazos para casos de tramitación compleja.
Finalmente, se establecen plazos específicos para la investigación, etapa intermedia, prisión preventiva, continuidad y suspensión del juicio, deliberación y dictado de sentencia, los cuales se duplican en comparación con la jurisdicción ordinaria.
Este es el segundo proyecto de ley al que aplicándose el procedimiento abreviado descrito en el artículo 178 y siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa, es aprobado en segundo debate. El primero fue el proyecto de ley para reactivar la pesca de arrastre, sin embargo, fue vetado totalmente por el gobierno de Carlos Alvarado Quesada y el Congreso acogió el veto y archivó la iniciativa.
Breves
— En las dos sesiones de Plenario de este lunes se conocieron y rechazaron 19 mociones de fondo al proyecto de ley de jornadas 4x3, y 19 mociones de revisión. Asimismo, se aprobó una moción de orden para que el proyecto sea consultado a Mujeres en Acción, el Foro de las Mujeres de INAMU, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), Mujeres por Costa Rica y la Alianza de Mujeres Costarricenses.
La discusión de dicha moción causó desorden en el Plenario pues el diputado oficialista Daniel Vargas Quirós y la diputada Vanessa de Paul Castro del PUSC cuestionaron que la consulta se haga en este momento, cuando el texto que tiene consenso para aprobarse es una moción que está muy adelante por verse. La situación empeoró cuando Gloria Navas, presidiendo el Plenario, señaló que la consulta se hacía "a nombre del Frente Amplio" y no de la Asamblea Legislativa pese a que la moción la había aprobado el Pleno, y aunque varias diputadas se anotaron en el sistema para hacer uso de la palabra y hacer la aclaración, Navas se saltó la lista y en su lugar le dio palabra al liberacionista Luis Fernando Mendoza, lo que calentó aún más los ánimos.
Previamente la jefa del Frente Amplio, Sofía Guillén, expresó su molestia porque el quórum de la sesión se veía interrumpido dado que la bancada de la Unidad Social Cristiana estaba celebrando un cumpleaños en el cafetín.
— El oficialismo permutó a la diputada Pilar Cisneros Gallo por Alexander Barrantes Chacón en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de modo que dicha comisión tendrá en esta segunda legislatura la misma integración que tuvo en la primera.
