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Presidencia desconvoca reforma sobre crimen organizado ante falta de acuerdo en proyecto de jornadas 4x3

El Gobierno de Rodrigo Chaves anunció este martes la desconvocatoria de sesiones extraordinarias del urgente proyecto de reforma a la ley de crimen organizado, en represalia a que las bancadas legislativas muestren cada vez más reticencia a apoyar el proyecto sobre jornadas extraordinarias 4x3, ambos con vías rápidas aprobadas y en plazo para recibir mociones de fondo.

La noticia fue dada a las fracciones legislativas por parte de Pilar Cisneros Gallo, jefa del oficialismo, causando que la sesión del Plenario se suspendiera con recesos prácticamente durante una hora, donde las distintas bancadas de oposición expresaron su disgusto por esa decisión y pidieron que no se desconvocara la iniciativa sobre seguridad (expediente 23.090).

Pese a varias alternativas formuladas por la oposición, el gobierno se cerró en que ambos serían sacados de la agenda "para liberar tiempo de las agendas de los diputados" con el fin de que se realicen mesas de trabajo durante una semana para construir un consenso sobre el proyecto de jornadas extraordinarias.

El proyecto de jornadas 4x3 está entrabado pues las agrupaciones no están a favor de la redacción actual, al tiempo que surgen dudas sobre un nuevo texto sustitutivo presentado por el gobierno donde incluye el sector privado de salud y el sector turismo como áreas donde se podrían aplicar las jornadas de 12 horas, cosa que no estaba contemplada previamente.

Asimismo en los pasillos legislativos se ha comentado que fracciones como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana votarían por devolver el proyecto a comisión, si el gobierno no rectifica su decisión de romper el convenio de atracción de inversión extranjera directa con CINDE.

Cisneros explicó que el proyecto de jornadas 4x3 sería desconvocado ese mismo martes (como efectivamente ocurrió), con el fin de evitar que se agoten los días para presentar nuevas mociones, y así tener ventana de oportunidad de presentar un texto consensuado después de las mesas de negociación.

Hay algunas bancadas que dicen que no lo conocen lo suficiente, que tienen dudas sobre el proyecto, que no ha habido tiempo de discutirlo y en vista de que el Frente Amplio se niega rotundamente a que se retiren, [que] no se vean rápidamente las mociones de la anterior legislatura sobre un texto que ya no existe. O sea, vamos a perder horas de horas aquí los diputados discutiendo mociones de otros diputados que ya no están sobre un texto que ya no existe, porque simple y sencillamente no la quieren retirar.

Dato D+: Pilar Cisneros ignora que el Frente Amplio no puede retirar mociones de la anterior legislatura que deben conocerse, pues no fueron formuladas por ellos, sino en su mayoría por la entonces diputada Paola Vega Rodríguez.

Mientras tanto el expediente 23.090 sería retirado con efecto a partir del lunes, aunque el decreto correspondiente ya se envió y leyó en el Congreso, para que el viernes se agote el plazo para presentar mociones de fondo.

Consultada por la prensa sobre por qué retirar el proyecto sobre crimen organizado, Cisneros alegó que ese expediente ya tenía muchas mociones presentadas. La Secretaría del Directorio confirmó ante consulta de Delfino.cr que a ese proyecto solo se le presentaron nueve mociones, todas el lunes; y que este martes no se recibió ninguna nueva, de modo que lo afirmado por Cisneros era... mentira.

Diputaciones del Frente Amplio no tardaron en tildar la maniobra del gobierno como un chantaje, ya que ambos proyectos no tienen nada que ver el uno con el otro; y el de crimen organizado urge su aprobación antes del 7 de junio pues de lo contrario, ha dicho la Fiscalía General de la República, los cabecillas de varios grupos criminales saldrán de prisión preventiva.

En los minutos siguientes declaraciones contradictorias a lo interno del oficialismo dejan incierta la fecha en que ambos proyectos serán nuevamente convocados.

Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, dijo que la mesa de trabajo sobre jornadas 4x3 iniciará el próximo lunes 15 de mayo y se extenderá hasta el jueves 18 de mayo, y que ambos proyectos se convocarán de nuevo el lunes 22 de mayo.

Sin embargo, Pilar Cisneros Gallo declaró que la convocatoria dependería de cómo se avance en las mesas de trabajo sobre jornadas flexibles y que podría ser miércoles o jueves de la próxima semana, para luego contradecirse a ella misma e indicar en un comunicado de prensa que hasta que "las fracciones estén cómodas con el texto propuesto, volveremos a convocar ambos".

En ese comunicado, Cisneros dijo que están dispuestos a sesionar viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de mayo para recuperar las sesiones suspendidas y avanzar con el proyecto 23.090.

La bancada del Partido Liberal Progresista condenó la desconvocatoria del proyecto sobre crimen organizado al afirmar que "es un grave e injustificado error que comete el Poder Ejecutivo".

Este proyecto tiene como fecha límite para su aprobación definitiva como máximo el 7 de junio, para evitar la liberación de peligrosos líderes de organizaciones criminales. Si bien el Gobierno tiene la potestad en este periodo de sesiones extraordinarias para convocar y desconvocar proyectos de ley, en el caso de la citada iniciativa existe una imperiosa urgencia de avanzar con su trámite en el marco del procedimiento abreviado que se acordó entre las fracciones legislativas.

La subjefa de fracción, Johana Obando, dijo que "el mensaje que le envía el Gobierno a la ciudadanía es que carece de prioridades, sin que medie un análisis real de la importancia de este proyecto para la seguridad del país", mientras que el jefe Eliécer Feinzaig dijo que el Gobierno no ha planteado una razón válida que permita entender esta decisión, "pues, fiel a su estilo, el presidente Chaves no ha dado explicaciones sobre el asunto".

Liberación Nacional guardó silencio sobre la desconvocatoria, mientras que Alejandro Pacheco del PUSC se limitó a decir que no se esperaban la desconvocatoria, que le parecía una decisión extraña y que ahora ponen a correr a la Asamblea a sesionar fines de semana para cumplir el plazo.

Gloria Navas, vicepresidenta del Congreso y diputada de Nueva República afirmó que lo ocurrido era una barbaridad y que estaba muy molesta, recogió La Nación.

Es una burla al pueblo de Costa Rica que llora por sus muertos, que llora por su seguridad. Eso sí es jugar chapitas como dice él [Chaves].

Debate reglado sobre la Fundación Omar Dengo

Sin posibilidad de conocer proyectos de ley, el Plenario optó por realizar un debate reglado sobre la ruptura del convenio entre el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo, sobre informática educativa.

Eli Feinzaig, jefe del PLP recordó que a lo largo de muchas décadas el sistema educativo costarricense fue reconocido como motor de movilidad social y desarrollo económico del país, constituyéndose como ventaja competitiva frente a muchos países de la región, pero que en los últimos años había quedado evidenciado su deterioro en evaluaciones nacionales e internacionales.

Dijo que no sabía si la Fundación Omar Dengo debía seguir brindando el servicio, dado que ha recibido $500 millones en 20 años y los resultados no son buenos, pero que lo que sí sabía era que el gobierno había hecho una pésima comunicación al respecto.

Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio afirmó que lo hecho por el gobierno era evidencia de inoperancia e irresponsabilidad, al recordar que incluyeron los recursos para la FOD en el presupuesto ordinario de 2023 y ahora hay 15 mil millones de colones sin ejecutarse porque ya no hay convenio, y el MEP no puede usarlos en otras cosas porque son recursos en partidas de transferencias.

Kattia Rivera Soto, diputada del PLN afirmó que existía un "nivel de desvergüenza desde el MEP haciendo señalamientos falaces para encubrir la falta de responsabilidad de romper el convenio" con la FOD en medio periodo lectivo, y calificó como "estrategias bajas" los audiovisuales emanados desde el Ministerio en los últimos días para defender la decisión ante el público.

Leslye Bojorges del PUSC afirmó que la culpa era de los ministros del MEP que no llamaron a cuentas a la FOD sobre sus resultados pese al aumento del presupuesto en un 500%; mientras que Fabricio Alvarado de Nueva República dijo que romper el convenio debía llevar a una planificación que resolviera el problema de fondo, más allá de que haya convenio o no y con quién.