Por Ignacio Fernández Quirós – Estudiante de la Escuela de Estudios Generales
Tradicionalmente, en la narrativa que solemos ver en el debate colectivo, se ha querido vender la idea de que lo público es enemigo de lo privado, y viceversa. El gobierno solo presenta trabas para empresas, busca reducir sus ganancias mediante impuestos y reduce su competitividad. Las compañías, se dice, son codiciosas, evasoras de impuestos, buscan maximizar su margen a toda costa, no pagan cargas sociales y quieren privatizar todo. Si bien estos ejemplos pueden parecer hipérboles, en no pocas ocasiones se escuchan argumentos similares en temas de relevancia para el país. A pesar de esto, debido a las circunstancias apremiantes que vivimos, parece que llegó el momento de buscar un punto de encuentro entre ambas partes, para allanar un camino de salida de la crisis que genere sinergias para el renacer de una economía fértil en Costa Rica.
Durante los primeros meses de la emergencia por la COVID-19 en el país, ya se vieron surgir varias alianzas público-privadas (APP). Desde la producción de 13 mil caretas (Madrigal, 2020), la instalación de lavamanos en sitios transitados (Delgado, 2020) o hasta la garantía de acceso a internet (Mata, 2020). La importancia de estas colaboraciones estratégicas entre sectores es tal que el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, dijo que “la unión entre el sector público y privado será clave para que Costa Rica salga adelante” (Sánchez, 2020). En vista de lo que se ha presentado en este período de tiempo, parece que en estos momentos difíciles es mejor unir esfuerzos para trabajar hacia un mismo objetivo.
Siguiendo esa misma línea, deben continuar y extrapolarse estos esfuerzos hacia el mediano y largo plazo. En los próximos meses, cualquier iniciativa que busque potenciar la innovación, generar nuevas ideas y crear negocios emergentes debe ser una propuesta que busque integrar adecuadamente el sector público con el privado. Y estas alianzas pueden ser de las naturalezas más variopintas: desde la clásica concesión de una obra de infraestructura hasta la fabricación de equipo de alta tecnología.
Pero, justo ahora que tocamos el tema de las obras de infraestructura, esto nos recuerda la apatía generalizada que se suele tener contra las alianzas público-privadas. En el inconsciente colectivo parece todavía vivir la idea que las APP son sinónimo de corrupción o de beneficios para unos pocos. Recordamos casos como la concesión de la carretera a San Ramón, cancelada “de mutuo acuerdo” por $35 millones, o la construcción de una carretera que prácticamente fue obsoleta desde el momento en el que se inauguró y que todavía tiene un proceso abierto en el Tribunal Contencioso Administrativo (Hidalgo, 2020). Debido a esto, a ambos sectores les corresponde asegurarse de que las dinámicas que generen en las APP se lleven a cabo de manera transparente, ordenada y con el principal fin de optimizar recursos y lograr objetivos eficientemente.
En resumen, debido a la coyuntura en la que nos encontramos, para todo lo que vayamos a hacer necesitamos enfocar nuestros esfuerzos en la misma dirección. De poco nos sirve una empresa con todas las ganas y las idas de hacer cosas nuevas sin la ayuda y el apoyo del sector público. Y las instituciones de gobierno central, las descentralizadas y las autónomas se benefician mucho del dinamismo ejecutivo y la celeridad para materializar que caracteriza el sector privado. La idea de esto es que cada actor juegue con sus fortalezas y que las ponga a disposición del país. Esto debemos hacerlo porque los tiempos de crisis sacan lo mejor de nosotros y, precisamente, en este momento estamos llamados a actuar así.
