Por Alexandra Cedeño García - Estudiante de la carrera de Derecho

Costa Rica se ha vendido a nivel mundial como un país verde que se preocupa por el ambiente y que toma las medidas necesarias para lograr un desarrollo económico sostenible. Es así como Gutiérrez (2020) señala que el Plan Nacional de Descarbonización, más allá de una política pública, ha tenido un sentido mediático promoviendo al país como un laboratorio mundial de Descarbonización (p. 161). Ante este panorama, la gran interrogante es ¿cuenta Costa Rica con mecanismos jurídicos sólidos para sostener una política nacional verde? Y más allá de esto ¿lo logra llevar a la práctica?

Para empezar, es importante entender que el término “energías limpias” aparece en el contexto de la gobernanza del cambio climático, y se entiende como un sinónimo de las energías renovables, se centra más que todo en la energía eólica y solar basada en el reduccionismo del carbono, lo cual, dicho sea de paso, deja de lado a otros tipos de contaminantes que dañan al ambiente (Gutierrez, 2020, p. 204). Al parecer, este tipo de término tampoco se aleja de la realidad planteada anteriormente, que parece ser más una cuestión mediática que algo que realmente genere un cambio significativo en el desarrollo económico a costa de la destrucción del medio ambiente.

Se debe comprender que lograr crecimiento económico de la mano del medio ambiente es todo un tema y que, a pesar de los intentos por parte de algunas autoridades para lograr un verdadero cambio, hay muchas contrapartes que se oponen a la idea, especialmente las grandes élites mundiales que prefieren el dinero antes de salvaguardar el medio ambiente. Costa Rica realmente no aporta gran porcentaje en la contaminación mundial, sin embargo, al haber sido preservada su integridad durante tanto tiempo, ha llegado a representar un pulmón para el planeta entero.

Este país reconoce y protege el derecho a un ambiente sano desde su propia Constitución Política. En el artículo 50 se indica que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado” (Asamblea Nacional Constituyente, 1949). Con esto se impone al mismo Estado el deber de velar por la protección del medio ambiente. Además de la protección Constitucional, Costa Rica cuenta con múltiples leyes y reglamentos que ayudan a que se cuente con un sistema bastante robusto con respecto al presente tema.

De igual forma, como si esto fuera poco, también se han firmado tratados internacionales donde el país se compromete aún más con la protección, siendo supervisado internacionalmente y teniendo que responder en caso de incumplimiento. Un ejemplo de dichos tratados es el Acuerdo de París, que está centrado en evitar el cambio climático y en disminuir el calentamiento global, donde las partes se han comprometido y han manifestado su voluntad para crear preceptos de carácter obligatorio (Nava, 2016, p. 101).

Con todo lo planteado se puede llegar a la conclusión de que Costa Rica sí cuenta con normativa tanto nacional como internacional sólida; si todo esto se logra llevar a la práctica es un tema aparte. Con una revisión rápida de las denuncias ambientales se puede determinar que al país le falta bastante trabajo para poder cumplir con todo a cabalidad y que, en la práctica, se le ha hecho difícil poder cumplir con la normativa.

Existe una pequeña luz en algunos proyectos que se han planteado, como la Estrategia Nacional de Bioeconomía Costa Rica 2020-2030, que es un instrumento participativo donde se ven involucrados varios sectores con el fin de llegar a acuerdos e implementar medidas en pro del desarrollo económico sostenible (Gobierno de Costa Rica, 2020). Este último podría llegar a ser un documento más que lamentablemente no se logre llevar a la práctica, sin embargo, no se puede ser tan crítico hacia Costa Rica, ya que, al menos, hace un gran esfuerzo por cuidar del planeta, al contrario de las grandes potencias mundiales que siguen haciéndose de la vista gorda.

 

MOXIE es el Canal de ULACIT (www.ulacit.ac.cr), producido por y para los estudiantes universitarios, en alianza con el medio periodístico independiente Delfino.cr, con el propósito de brindarles un espacio para generar y difundir sus ideas.  Se llama Moxie - que en inglés urbano significa tener la capacidad de enfrentar las dificultades con inteligencia, audacia y valentía - en honor a nuestros alumnos, cuyo “moxie” los caracteriza.

Referencias bibliográficas:
  • Asamblea Nacional Constituyente. (1949). Constitución Política de Costa Rica. https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=871
  • Gobierno de Costa Rica. (2020). Estrategia Nacional de Bioeconomía Costa Rica 2020-2030. https://www.micit.go.cr/sites/default/files/estrategia_nacional_bioeconomia_cr_corregido.pdf.
  • Gutiérrez, A. (2020). Capitalismo verde y energías “limpias” Costa Rica como laboratorio mundial de Descarbonización. Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos (11), 195-227. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/43238/44703
  • Nava, C. (2016). El acuerdo de Paris, Predominio del soft law en el régimen climático. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, XLIX (147), 99-135. https://www.redalyc.org/pdf/427/42747919004.pdf