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Imagen principal del artículo: Comisión rechaza propuesta del Gobierno de derogar Fondo de Avales y Garantías
Foto: Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios (al centro) junto a Alejandro José Pacheco del PUSC (izquierda) y Fabricio Alvarado Muñoz (derecha). Créditos: Asamblea Legislativa

Comisión rechaza propuesta del Gobierno de derogar Fondo de Avales y Garantías

La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazó en votación 6 vs. 1 el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que pretendía derogar el Fondo de Avales y Garantías que se creó con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y cuyo propósito era apoyar a las empresas afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19.

Se trata del expediente 23.253 con el cual el Ejecutivo pidió derogar la Ley 10.106 que establece que las empresas afectadas por la pandemia pueden echar mano de un fideicomiso de $270 millones como aval de hasta el 75% del saldo del principal de sus créditos, si acreditaban un comportamiento de pago histórico pre-pandemia bueno o aceptable y una morosidad igual o menor a sesenta días; y que tuvieran dificultades temporales de liquidez como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Según la ley aún vigente los avales pueden solicitarse y aprobarse hasta septiembre de 2023, prorrogable por seis meses más; y con plazos de los avales de hasta 15 años, que es el plazo de vigencia de la normativa aprobada por el anterior Congreso.

En julio de 2022 el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció la presentación de un proyecto de ley para que los recursos del Fondo de Avales y Garantías se usaran en pagar deuda del Estado.

Chaves afirmó entonces que el país decidió endeudarse con 270 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para, en teoría, "ayudar algunas empresas que estaban teniendo problemas de liquidez y reestructurar sus deudas con la banca, en vista de la pandemia"; pero que analizando ese proyecto, el Gobierno se dio cuenta que ese fondo constituye fundamentalmente "un plan de rescate a los bancos y tiene nada que ver, o muy poco que ver con la reactivación económica".

Si lo llegásemos a implementar, si usted le debe plata a un banco y está atrasado, ese banco va a Hacienda y le dice: cómase usted el 75% del riesgo de esa cartera, yo me dejo las garantías si la persona o empresa no paga, y el 25% de la deuda; el pagador de impuestos, el Presupuesto, paga la diferencia. No vemos utilidad de ningún tipo de beneficio para la economía nacional, a menos que se quieran usar impuestos para sacarle castañas del fuego a los bancos por decisiones que tomaron de tipo crediticio.

Sin embargo, el Ejecutivo intentó varias el propósito de su proyecto de ley mediante una moción adoptada por la diputada oficialista Ada Acuña Castro, con la cual se destinaba el 90% de los recursos prestados por el BCIE para dicho fondo, al "Fondo Nacional de Desarrollo para que capitalice el Sistema de Banca para el Desarrollo y lo utilice conforme su mandato legal en la reactivación económica del país".

Aunque la subcomisión de Hacendarios que estudió el proyecto recomendó adoptar el texto propuesto por Acuña Castro, un informe del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso truncó los planes del Gobierno al señalar que la redacción planteada era inconexa, y por ende, inconstitucional.

"Casi podría pensarse que la nueva destinación de recursos tiene la misma finalidad que la ley vigente, solo que, en lugar de crear un nuevo Fondo de Avales, se financia el que ya existe en el Sistema de Banca para el Desarrollo. Pero la conexidad que ahora nos ocupa es una relación no entre un proyecto según se modifique y la ley vigente, sino entre el proyecto modificado y su versión original", explicó Gustavo Rivera Sibaja, asesor parlamentario.

Rivera agregó que el texto sustitutivo proponía un destino totalmente distinto: manteniendo los recursos como deuda adicional, proponía destinarlos al Sistema Banca para Desarrollo.

"Si el proyecto original fuera un mero cambio de destino de recursos en desuso eventualmente podría pensarse que cualquier otro destino alternativo podría de principio ser conexo, máxime que el principio jurídico de limitación a la potestad de enmienda exige que la conexidad se interprete restrictivamente. Pero tanto en el articulado del proyecto original, como de su exposición de motivos, queda claro que la idea es utilizar los recursos como apoyo presupuestario, como sustitución de fuente", dijo.

Para Servicios Técnicos la propuesta constituía una "modificación esencial y radicalmente distinta, y por tanto inconexa" al consistir en hacer lo inverso (mantener endeudamiento) a lo inicialmente propuesto por el Gobierno (disminuir la deuda).

A la hora de la votación por el fondo, que se llevó a cabo este miércoles sin discusión por cuanto se venció el plazo establecido en el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea, la propuesta tuvo como resultado un voto unánime en contra de la oposición, frente al voto individual y afirmativo de la diputada Ada Acuña Castro.

Paulina Ramírez Portuguez, presidenta de la Comisión de Hacendarios y diputada por el PLN afirmó en un comunicado de prensa que buscarán mecanismos que permitan definir el destino de esos recursos que se pensaron para avalar la operación de las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia.

Ramírez recordó que sectores productivos como la Unión de Cámaras y Asociaciones Empresariales, así como las cámaras de Turismo y la de Agricultura, discreparon con el Poder Ejecutivo en cuanto a que sí ven necesario mantener el Fondo de Avales, ya que una enorme cantidad de empresas siguen mostrando afectaciones por la pandemia y no se han logrado recuperar.

“Es importante seguir contribuyendo con la reactivación económica y la generación de empleo. Sectores como el turismo y el agropecuario no se han logrado recuperar del todo de los efectos de la pandemia, por lo que sería un error no destinar esos recursos al fondo de avales tal y como lo pretende el Gobierno”, manifestó Ramírez.

Breves

— La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 23.330 que modifica la regla fiscal, al reformar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

— La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente el expediente 23.312 "Reforma a la Ley N° 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi, para reformar el Fondo Nacional de Vivienda y promover el acceso a vivienda para la clase media".

— La Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó afirmativamente el expediente 23.287 "Reforma de los artículos 1, 2, 3 y 6 de la Ley de Creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera".

— Las diputadas de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa acusaron a las diversas instituciones del Estado, encargadas de la atención de casos de violencia contra la niñez, de poner "excusas banales" para justificar los errores procesales y atrasos en el trámite que se siguen contra estos hechos.

LEA: Diputadas acusan a instituciones de poner 'excusas banales' al atender casos de violencia contra la niñez

— El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, junto a sus ministros de Presidencia, Natalia Díaz Quintana, Seguridad Pública, Jorge Torres Carillo, y Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, presentaron a la Asamblea Legislativa cinco proyectos de ley para atender diferentes aspectos de la crisis de seguridad que enfrenta el país.

LEA: Estos son los cinco proyectos que presentó el Poder Ejecutivo para atender la crisis de seguridad

— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente el expediente 23.090 sobre la ley de crimen organizado, tras votar intempestivamente las centenares de mociones que le fueron presentadas. El proceso tuvo la particularidad de que fue dirigido por el secretario de la comisión, Gilbert Jiménez, pese a que la presidenta Gloria Navas estaba sentado junto a él. Además, Navas emitió una resolución en la que declaró inadmisibles las mociones de revisión planteadas por la diputada Carolina Delgado Delgado y el diputado Danny Vargas Serrano, al señalar que el Reglamento de la Asamblea señala que las mociones de revisión en comisiones solo pueden ser planteadas por diputados miembros, y que hay una resolución de la Sala Constitucional vinculante sobre el tema.