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La ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, compareció este martes ante el Plenario de la Asamblea Legislativa para ser interpelada por la campaña de vacunación en menores de edad, así como la situación epidemiológica del país a raíz de la pandemia de COVID-19 y el colapso hospitalario que se registra en el Hospital Nacional de Niños. Sin embargo, durante las más de tres horas que se extendió el evento de control político, primero en su tipo para el actual periodo constitucional, la jerarca de Salud suministró datos falsos y erróneos en sus respuestas; muchas veces sin ser contradicha, lo que denotó nuevamente una pobre preparación de la mayoría de diputaciones para una interpelación en materia de salud pública.
Andrea Álvarez Marín, diputada del Partido Liberación Nacional, fue la encargada de iniciar la ronda de preguntas luego que la ministra agotara sus 20 minutos para hacer una exposición inicial. La congresista preguntó primero a Chacón si ella, como médica, cree en la obligatoriedad de la vacuna; a lo que la ministra respondió que cree en ella, pero para "las vacunas que hemos tenido siempre en nuestro país".
Yo creo en la obligatoriedad de la vacuna, en las vacunas que hemos tenido siempre en nuestro país; cuando hemos tenido, por ejemplo, una vacuna de polio y otras más que han cumplido con todas sus fases y eso no le ha generado ningún miedo a las personas, cuando una persona me puede venir a decir: 'doctora Chacón ¿qué me va a pasar, por ejemplo en un año?' Y yo le puedo decir: 'bueno, esta vacuna tiene tanto de estar en funcionamiento'. Pero cuando una persona llega y me dice 'doctora ¿qué me va a pasar mañana?' Y no existe persona que le pueda responder, genera ese miedo.
Chacón dio a entender con su respuesta que las vacunas contra COVID-19 no han cumplido todas las fases que caracterizan a las otras vacunas cuando salen a disposición de las personas para ser aplicadas, conclusión que es falsa y ha sido desmentida desde antes de que los primeros lotes llegaran a Costa Rica una vez empezó la distribución normal.
Todos los pasos necesarios durante la investigación de las vacunas COVID-19 fueron llevados a cabo antes de empezar a ser colocadas masivamente (a excepción de la rusa Sputnik V que no se aplica en el país). En contexto de pandemia el paradigma de investigación difiere del utilizado habitualmente y las etapas o fases pueden realizarse de manera superpuesta y consecutiva, lo que permite optimizar los tiempos; pero todas las etapas son realizadas para evaluar, principalmente, la seguridad y la eficacia de la vacuna. Con las vacunas de COVID-19 aplicadas en el país no se hizo excepción (Fuente: Agencia Reuters).
La ministra afirmó de seguido que ella está "completamente a favor de las vacunas, salvan vidas", pero que un "gran error" que se estaba teniendo era no escuchar cuál es el miedo que tienen las personas para no vacunarse, porque si no se escucha y no se dan cuenta por qué no se quieren vacunar, no sabrán cómo llegarles y convencerlos. Puso como ejemplo para justificar ese dato el supuesto hecho de que a enero, cuando el actual gobierno no había asumido funciones, un 25% de los menores no estaban vacunados, sin embargo, ese dato [repetido varias veces a lo largo de la interpelación] también es falso pues pretende afirmar que desde enero el avance en las campañas de vacunación de menores de edad está estancado.
En primer lugar hay que poner las cosas en contexto: la vacunación a menores de 5 a 11 años arrancó el 11 de enero de 2022. Con corte al 31 de enero (20 días después de iniciada la campaña), la Caja Costarricense de Seguro Social reportaba que el 12.2% de las personas con edades de 5 a 11 años había recibido al menos la primera dosis contra la COVID-19 (si se toma en cuenta el dato de personas de 5 a 19 años el avance en primeras dosis según los datos oficiales era superior al 50% y específicamente para el grupo de 12 a 19 años, que empezó a vacunarse antes, era de 91.3%). Para el 10 de mayo, último reporte sobre la vacunación bajo control del anterior gobierno, el 69.5% (357.452) de los menores de 5 a 11 años y el 95,0% (567.955) de las personas de 12 a 19 años había recibido al menos la primera dosis. Al 8 de agosto de 2022, último reporte de vacunación bajo la actual administración, el 74.8% de los menores de 5 a 11 años había recibido al menos la primera dosis; eso quiere decir que en casi cuatro meses de la actual administración, solo se han aplicado 35.416 primeras dosis nuevas (5 puntos porcentuales) a menores de 5 a 11 años. No se puede extraer la cifra a personas de 12 a 19 años, porque la CCSS decidió empezar a agruparlos en personas "de 12 a más de 100 años de edad".
Dado que la ministra se refirió a los "miedos" de la población para no vacunarse, Álvarez Marín preguntó si el gobierno estaba atendiendo esos temores a tal punto de querer eliminar la obligatoriedad de la vacuna, dejando que los "miedos" influenciaran las políticas públicas del país. La diputada pidió además ejemplos de países sin vacunación obligatoria, donde las tasas de aplicación sean más altas que las de Costa Rica.
Chacón respondió que Chile y Argentina eran dos ejemplos de ello, sin embargo, la respuesta es falaz porque la ministra omitió indicar que tanto Chile como Argentina implementaron y mantienen implementado el "Pase Sanitario", "Pase COVID" o "Pase de Movilidad" en el que para poder ingresar a determinados comercios, locales o actividades, se exige presentar un comprobante de vacunación y revacunación hasta de una cuarta dosis. En Costa Rica el "Pase Salud" o "Código QR" fue eliminado luego de haber quedado bloqueado por varios meses por acciones legales que finalmente fueron retiradas.
La ministra de Salud afirmó que a la fecha han logrado aplicar "un millón de vacunas" gracias a las labores de "concientización de la población". Esa conclusión también es falsa.
Hemos logrado un millón de vacunas colocadas que no se podrían haber colocado si no hubiese sido porque concientizamos a la población, porque recuerde que han cambiado los tiempos: antes las personas iban a Estados Unidos a vacunarse cuando acá no la teníamos, porque era 'o se vacuna o se muere'. Ahora la gente le ha perdido el miedo al virus y eso ha hecho que no se quieran vacunar y ese es el peligro.
El anterior gobierno cesó funciones con 10.789.180 dosis contra COVID-19 aplicadas. El último reporte del actual gobierno es que se han aplicado 11.703.991 dos en total, es decir, 914.811 dosis más (incluidas primeras, segundas, terceras y cuartas dosis). La falsedad radica en que la ministra sostiene que esas fueron dosis aplicadas a personas luego de trabajos de "convencimiento", sin aportar ninguna evidencia o estudio para probarlo. [Por ejemplo, este servidor que escribe se aplicó la cuarta dosis en ese periodo, sin necesidad alguna de un "convencimiento" del Ministerio de Salud].
La diputada del PLN pidió de seguido el detalle de con qué personas se reunió la ministra, antes de asumir el cargo el 8 de mayo, para sustentar técnicamente el decreto que se anunció ese día para "levantar" la obligatoriedad de la vacunación contra COVID-19, dado que no había sido la Comisión Nacional de Vacunación la que sostuvo ese encuentro ni recomendó tal acción.
La respuesta de Chacón era que eso estaba en el decreto firmado ese día, y que el decreto decía que "hay un grupo enorme solicitando que se valore" el tema de la obligatoriedad [ante preguntas de quién era ese grupo "enorme" respondió que eran "los costarricenses"]. Además, afirmó que la solicitud a la CNVE de los criterios técnicos fundamentando la obligatoriedad, tenía como fin darle esos criterios a las personas que no querían vacunarse.
De una simple lectura al decreto, publicado en el sitio de la Procuraduría General de la República, se denota que la afirmación es falsa, pues no se aporta mención alguna a personas, grupos de personas, o instituciones, o empresas, que hayan solicitado revisar la obligatoriedad de la vacunación contra COVID-19. Tampoco hay mención alguna a "los costarricenses" como peticionantes. Además, la solicitud a la CNVE de los criterios técnicos no tenía como fin dárselo a las personas que no querían vacunarse, sino para fines propios del Ejecutivo: "El Poder Ejecutivo solicita a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que mediante estudios técnicos y estadísticos actualizados, indique y recomiende al Poder Ejecutivo cuales funcionarios pueden ser afectados por sanciones de despido ante el incumplimiento de la obligatoriedad que rige en la actualidad".
Sobre la consulta enviada a la Procuraduría General de la República para poder declarar nulos los acuerdos y decretos de obligatoriedad de la vacunación, Chacón dijo que lo planteó porque ella quedó con "dudas" sobre lo dicho por el Departamento Legal del Ministerio de Salud, de que ante los nombramientos vencidos en la CNVE, todos los acuerdos adoptados estaban viciados.
Chacón afirmó que tras la respuesta de la Procuraduría, la CNVE sesionó para decidir si mantenía los acuerdos viciados o los eliminaba "y pues no, no se eliminaron, se continuó". Delfino.cr envió consultas al Ministerio de Salud para verificar esa afirmación, dado que ninguna diputación repreguntó al respecto y sería otro revés para la intención del gobierno de quitar la obligatoriedad de la vacunación contra COVID-19.
El diputado Danny Vargas Serrano del PLN cuestionó que el levantamiento del decreto de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 no tenía ningún criterio o recomendación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Chacón respondió que Álvaro Ramos Chaves, presidente ejecutivo de la CCSS, estuvo ese día de la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y que él estuvo a favor. Vargas insistió, sin embargo, en que no se había suministrado criterio escrito por parte de la Caja, a lo que la ministra dijo que no sabía por qué no aparecía el criterio por escrito, pero que lo pedirían y se lo harían llegar.
Respecto al efecto de la obligatoriedad, Chacón cuestionó su efectividad al afirmar que no se logró con ella que "el 100%" de las personas se aplicara las dosis. Vargas le replicó que de acuerdo al informe elaborado por la Comisión Nacional de Vacunación, el país registró aumentos en la colocación de dosis cuando se emitieron los decretos de obligatoriedad y hasta el uso del Código QR, mientras que cuando empezó la campaña para su eliminación, ahora es más difícil aplicar la tercera y cuarta dosis.
LEA: CNVE mantiene obligatoriedad de vacuna contra COVID-19 y niega ordenar despidos (27 de mayo de 2022)
La vacunación de un 100% de la población es prácticamente imposible, pues hay razones válidas que impiden a una persona recibir alguna vacuna, de ahí que calificar el éxito o no de una medida como la obligatoriedad, con base en que no se logró inmunizar al 100% de la población, es una conclusión errada y falaz.
Uno de los primeros momentos tensos de la comparecencia lo protagonizó Chacón con el diputado subjefe de fracción del PLN, Oscar Izquierdo Sandí, quien empezó preguntando en cuáles renglones de los dos últimos presupuestos extraordinarios se incluyeron partidas para compra de vacunas.
Chacón respondió que eso "lo maneja la Comisión Nacional de Emergencias", afirmación que no es cierta. En los presupuestos previos los recursos para compra de vacunas se presupuestan en el Ministerio de Salud, para que hiciera la transferencia a la Comisión Nacional de Emergencias, dado que gracias al decreto de emergencia que derogó el actual gobierno, tenía mecanismos más ágiles y rápidos de compras.
Izquierdo insistió en el monto que tenía entonces la CNE para la compra de vacunas, a lo que Chacón dijo que pediría el dato y se lo haría llegar.
A mí me parece muy grave, pero muy grave que siendo usted la encargada de este país del manejo de la salud pública, no tengo idea de cuánto dinero se tiene para esto. Pero bueno, ya queda claro que no tiene claro cuánto dinero se tiene", respondió el diputado.
Chacón tampoco pudo darle al congresista datos sobre cuándo llegarán al país las vacunas bivalentes de Pfizer contra la variante Ómicron; ni cuántas vacunas pediátricas aplicaron del 8 de agosto a la fecha.
Está bien, bueno, me parece que las falencias son evidentes. Yo no quisiera seguir insistiendo en esto porque me parece que ha quedado claro las falencias que tenemos en materia de salud.
--Oscar Izquierdo, subjefe del PLN.
Llegado el momento de hablar de la fracción oficialista, la diputada Ada Acuña Castro preguntó a la ministra de Salud por el presupuesto que se tenía para campañas informativas para la vacunación de COVID-19, a lo que Chacón respondió que la situación estaba "bastante mal" y que no era real decir que tenía un presupuesto específico y fuerte para poder llevar a cabo esas campañas.
El presupuesto del Ministerio de Salud para publicidad y propaganda pasó en diciembre del 2020 de 128.031.321 colones a 2 millones de colones para 2021; cero colones para 2022 (p. 812) y el Ejecutivo solicitó a la Asamblea 6 millones de colones para el 2023 (p. 7). La ausencia de presupuesto o un monto pequeño de esto no impidió al anterior gobierno incentivar la vacunación, dadas las herramientas legales que le otorga la Ley General de Salud en materia de obligación de los medios de comunicación de que "en caso de peligro de epidemia o de epidemia declarada, la prensa, la radio, la televisión y todo otro medio de comunicación colectiva [deberá] colaborar, con la autoridad de salud en la forma que el Poder Ejecutivo disponga" (artículo 259) y de "incluir programas referentes a la enseñanza de tópicos y normas obligatorias relativas a la salud personal y de trascendencia para la salud de terceros" (artículo 261).
El oficialista Alexander Barrantes Chacón preguntó a la ministra si a raíz del "interés" de "algunos medios de comunicación y algunos diputados" de "volver a cerrar el país como estaba en pandemia", así como de los actos de "violencia psicológica y presión" contra ella, no era más fácil acceder "a esos grupos de poder, quedar tranquila y cerrar el país para que ellos estén contentos".
La ministra respondió que ella tenía una "conciencia completamente tranquila, a pesar de haber abierto el país y a pesar de volver a llevar a los niños a las aulas, he disminuido la muerte, he disminuido los casos y la cantidad de pacientes en cuidados intensivos".
¿Dígame en dónde está el pecado? ¿Explíqueme por qué murieron más niños cuando estábamos encerrados y explíquenme por qué ahora los niños por ese confinamiento que tuvieron no se pueden enfrentar a ciertos otros virus porque los pueden matar? Ahora sí, que me duele si me duele, pero desgraciadamente vivimos en un país de una violencia política increíble como la que acabo de escuchar del señor Óscar Izquierdo, completamente machista y lamentable, pero es a lo que me he acostumbrado, desgraciadamente desde que asumí el Ministerio, este país todavía no está acostumbrado. Este país no está acostumbrado a que una persona joven y mujer puede asumir ciertos retos y lo que más le duele a muchos es que nos esté yendo bien. Porque cuando yo decidí abrir este país y mandar a los niños a la escuela, me dijeron que había tomado el peor error de la vida y que se iba a morir la mitad del país y no fue así. Los casos disminuyeron, las muertes disminuyeron y todo va mejorando.
La apertura comercial y el retorno a las lecciones presenciales se dio durante el gobierno anterior, así que no fue una medida de la ministra Chacón. Sobra decir además que la disminución de muertes, casos y pacientes hospitalizados no es un logro personalísimo de ella, sino del sistema de salud de Costa Rica.
Pilar Cisneros Gallo, jefa del oficialismo, salió al rescate de la ministra de Salud suministrando información que se le había pedido a la jerarca pero que ella no tenía. Por ejemplo, Cisneros le dijo al diputado Izquierdo que el presupuesto de la CNE en reserva para compra de vacunas era de 13.4 millones de dólares.
La diputada oficialista preguntó a la ministra que cuántas vacunas estaban por vencerse y cuánto valían esas vacunas. Chacón respondió que 750.000 vacunas pediátricas están por vencer el próximo mes y que no podía hablar de precios por "acuerdo de confidencialidad".
Los precios de las vacunas se han hecho públicos desde los procesos de selección. COVAX cobró a Costa Rica $10.55 por dosis, AstraZeneca cobró $4 por dosis, sin contar gastos de distribución, mientras que Pfizer-BioNTech cobró $11,99 por dosis, incluido transporte hasta los centros de almacenamiento en Costa Rica.
Cisneros procedió a hacer una lista de preguntas directas a la ministra de Salud, incluido quiénes son los únicos qué pueden quitar la obligatoriedad de la vacunación en este país (respondió que la CNVE); que si en algún caso el presidente de la República puede quitar la obligatoriedad de la vacuna (respondió que no); y qué pasaría si intentaran quitar la obligatoriedad de la vacuna sin el criterio de la CNVE (respondió que sería prevaricato e irían a la cárcel).
Ante pregunta también de Cisneros, Chacón dijo que ordenaron 900.000 dosis de vacunas para población menor de 5 años, pero que solicitaron enviar primero 450 mil dosis para que, en caso de que surjan nuevas variantes y se desarrolle una vacuna que logre atacarlas, se puedan obtener de ese tipo también.
Cisneros también preguntó a Chacón si era cierto que "ella" había logrado en una negociación con Pfizer cambiar miles de vacunas para adultos, por vacunas para niños. Chacón también se adjudicó ese "logro" sin ser la responsable de eso, y dijo que son casi 900 mil vacunas "entonces son millones de dólares, para que no se nos vencieran"
La diputada Kattia Rivera Soto, jefa del PLN, reveló en la intervención final de la interpelación que esa posibilidad estaba contemplada en el contrato con Pfizer y que fue el gobierno anterior el que empezó la práctica de pedir menos envíos de vacunas para adultos, para aumentar la cifra de dosis pediátricas.
El diputado Carlos García Molina del PUSC reprochó la pretensión política de hacer una "competencia" sobre en cuál gobierno murió más gente por la pandemia y pidió respeto a las más de 9000 familias que han perdido a algún pariente por COVID-19.
El congresista preguntó a Chacón qué órgano colegiado o qué estudio técnico o qué personas le recomendaron a ella tomar la decisión de enviar una consulta a la Procuraduría General de la República sobre la legalidad de los acuerdos y decretos vinculados a la CNVE, a lo que la ministra respondió que fue el propio Departamento Legal del Ministerio, porque no tenían claro que los problemas de investidura de algunos integrantes de un órgano colegiado en el sector público, no necesariamente implican la invalidez de sus acuerdos adoptados.
Vanessa de Paul Castro Mora consultó si la decisión tomada para eliminar el decreto de emergencia era una directriz política o científica, a lo que Chacón respondió que científica. Castro consultó entonces si contó con el respaldo del Colegio de Médicos, a lo que la jerarca respondió que ese colegio no forma parte de la Comisión Nacional de Emergencias.
Castro pidió entonces el informe científico que fundamentaba derogar el decreto de emergencia nacional, a lo que Chacón respondió que se derogó porque se cumplieron las funciones de dar a los hospitales las necesidades que tuvieron en su momento; se aprendió cómo se transmitía el virus; y se contaba con vacunas.
La diputada preguntó sobre si Costa Rica ya estaba en la fase de "post-pandemia", a lo que la ministra respondió que no. Castro aprovechó para señalar que el presidente de la República, cuando anunció la derogatoria del decreto, usó ese término; por lo que preguntó que a qué se refería el presidente entonces.
Ministra Chacón
Tal vez si gusta se lo puede preguntar directamente a él.
Diputada Castro
No señora, le estoy preguntando a usted porque usted es la ministra rectora.
Ministra Chacón
Que pena pero....
Diputada Castro
El señor presidente en otro momento podrá contestar.
Ministra Chacón
Que pena, no me llamo Rodrigo Chaves. Pueden preguntarle a él.
Diputada Castro
Le agradezco que sea... vamos a ver... mucho más educada a la hora de responder.
Ministra Chacón
Usted también.
Diputada Castro
No perdón, yo no le he faltado al respeto. Aquí somos señores diputados con una investidura y usted es una ministra con una investidura de rectoría que debe conocer los detalles.
En este momento, la vicepresidenta Gloria Navas Montero intervino llamando al orden para que continuara la interpelación.
El diputado Oscar Izquierdo del PLN pidió intervenir "por la alusión" hecha previamente por la diputada Pilar Cisneros, para referirse a la acusación de machismo hecha por la ministra en su contra. Mientras intervenía, las mujeres diputadas del PLN estaban de pie, detrás de él, en señal de respaldo.
Quienes me conocen saben que soy enfático y vehemente cuando hablo, pero de ninguna manera acepto que me acusen como hoy he escuchado acá en este plenario, estimada señora ministra, de violencia, de machismo, porque no soy así. Cuando pregunto, quienes me conocen y como lo han visto en este plenario, lo hago con vehemencia, pero con respeto y así lo hice con usted, señora ministra. Lamento que no seamos recíprocos, pues sus gestos y sus respuestas me parece que son más violentas que la vehemencia que yo he tenido, pero además me parece que son más violentas el no saber responder porque no tiene los argumentos ni las informaciones necesarias para poder responder. Repito, la vehemencia no es irrespeto, aquí estamos entre poderes de la República, una ministra y un diputado y de ninguna manera acepto que se me acuse de violencia política por ser vehemente. Soy vehemente, y seré vehemente siempre, porque peleo y lucho por las necesidades de este país y en este caso con la salud de los costarricenses, de manera que por favor le pido que recapacite en sus expresiones y que por favor respete a todos y a todas de igual manera.
El diputado Carlos Andrés Robles Obando del PUSC consultó a la ministra por qué los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social no coincidían con los suministrados por el Ministerio de Salud. Chacón explicó que los de Salud incluyen las pruebas realizadas a nivel privado y los que tienen la Caja solo a nivel de ellos.
Evidenciando aún más el contubernio con el Ejecutivo, las diputaciones de Nueva República se sumaron a la desinformación sobre las vacunas contra COVID-19.
El diputado David Segura Gamboa cuestionó la causalidad de miocarditis y pericarditis con la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, y preguntó si las personas no tenían derecho a un consentimiento informado previo.
Chacón, en lugar de exponer los datos duros de estudios internacionales donde se ha investigado el tema, dio "la razón" al congresista y afirmó que por ese tipo de cosas "las personas no se quieren vacunar".
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) calificó la miocarditis y pericarditis por la vacunación de COVID como un efecto adverso "muy raro", inferior a 10 casos por 100.000 personas o 100 por millón. Un estudio del Centro de Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC) determinó que hubo 105 casos de miocarditis por cada millón de dosis de la vacuna de Pfizer entre los menores de 16 y 17 años; y de 70,7 casos entre los de 12 y 15 años. Entre hombres de 18 a 24 años hubo unos 52,4 casos por millón de vacunas de Pfizer y 56,3 en las de Moderna. Entre las mujeres, las tasas son menores: hubo 11 casos por millón de vacunas entre las mujeres de 16 y 17 años; 8,2 casos entre las de 25 a 29 años; 6,8 entre las de 18 y 24 años y 6,3 entre las de 12 y 15 años. Sufrir COVID-19 aumenta en 16 veces el riesgo de sufrir miocarditis, por lo que el estudio demostró que el riesgo derivado de la vacunación es menor al beneficio que supone ponerse las vacunas (Fuente: La Vanguardia).
Por su parte, Fabricio Alvarado Muñoz replicó desinformación sobre supuestos riesgos en el embarazo por la aplicación de la vacuna contra COVID-19, citando que en Estados Unidos el riesgo de defectos congénitos graves y abortos espontáneos en el embarazo era "del 2% al 4% y del 15% al 20%, respectivamente", y que si eso no era tema de preocupación para el Ministerio de Salud.
Chacón respondió que no podía referirse a los efectos adversos en mujeres embarazadas ni en la población en general, por el "contrato de confidencialidad". Las afirmaciones tanto de Alvarado como de Chacón son falsas.
LEA: Embarazadas no sufren mayor riesgo de aborto por vacunas anticovid (publicado por DobleCheck); No hay alertas de aborto por vacunas anticovid (publicado por DobleCheck); Embarazadas podrán vacunarse contra covid-19 en Costa Rica (publicado por La Nación) y Apenas 4 de cada 1000 vacunados contra COVID-19 en Costa Rica presentó efectos secundarios,
Cabe mencionar que durante su intervención, Fabricio Alvarado hizo un comentario transfóbico en el cual los congresistas de su fracción y hasta la propia ministra de Salud, según se oye de la transmisión en vivo, le "ríen la gracia".
Esto que yo acabo también de poner sobre la mesa directamente relacionado con el tema del aborto, es decir, posibles posibles efectos abortivos en mujeres embarazadas y perdón, acabo de decir una incongruencia, porque solo las mujeres pueden quedar embarazadas, entonces es importante decirlo, efectos abortivos, hasta ahí podemos llegar y la frase está completa y está perfectamente bien.
Alvarado también preguntó sobre la colocación de vacunas "vencidas", debido a que se había extendido la fecha de expiración de los lotes, usando como fuente a Diario Extra. "Se puede haber aumentado en una etiqueta la fecha de vencimiento, pero ¿realmente todavía estarían vigentes esas vacunas como para que se hayan aplicado a la población sin ningún riesgo?"
Chacón respondió que fue Pfizer, no el país, quien determinó que tras las investigaciones hechas sobre la estabilidad y calidad de las vacunas, permitieron dar dos prórrogas a nivel mundial, pero que no tenían detalle de cuántas de esas vacunas se aplicaron por el hackeo a la CCSS.
LEA: Diario Extra inventó que Salud pidió ampliar vencimiento de vacunas anticovid (publicado por Doble Check)
Siguió el espacio del Partido Liberal Progresista, en voz de la diputada Kattia Cambronero Aguiluz, quien también resaltó el talante respetuoso del diputado Oscar Izquierdo, a raíz del incidente previo, y expresó su sorpresa ante la ausencia del abordaje sobre la vacunación en menores de edad.
Cambronero preguntó por qué Chacón omitió de su presentación información sobre vacunación en niños y niñas, a lo que Chacón respondió que ella hizo la presentación según los puntos sobre los cuales la convocaron al Plenario.
Es que... este... señora diputada, no sé si leemos nuevamente por qué me llamaron, los cuatro puntos por los que me llamaron. Yo presenté, solo me dieron 20 minutos para explicar, entonces coloqué los cuatro puntos con las respuestas de lo que me llamaron.
Al referirse a la vacunación en menores, Chacón volvió a reiterar la falsedad de que, desde antes de que ellos asumieran el gobierno, había un 25% de menores sin vacunar. La diputada Cambronero dijo que le llamaba la atención que solo se tuvieran con tercera dosis un 3% de los menores, pero que hubiese medio millón de dosis a punto de vencer, y que aún así se decidiera derogar el decreto de emergencia.
Ahí es donde yo realmente no entiendo entonces, para qué derogar el estado de emergencia, si tenemos a una población tan vulnerable sin la vacunación, sin las dosis completas. ¿De dónde surge la información entonces para definir, si todavía no tenemos a toda la población?
Chacón insistió en que el cierre del decreto no significa el cierre de la emergencia; sino que se quitó el decreto de emergencia "porque ya tenemos todas las vacunas, más bien de sobra y prontas a vencer".
Luego la diputada Rocío Alfaro Molina del Frente Amplio preguntó por los indicadores de salud pública o epidemiológicos que se usaron para eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios confinados, entre ellos escuelas, transporte público y otros espacios donde se podría presumir que se está disparando el contagio.
La ministra respondió que hicieron un estudio que arrojó que casi un 80% de la población lo que estaba utilizando eran mascarillas de tela no quirúrgicas, donde la protección que se brinda en 25 minutos es casi nula y que muy poca parte de la población tenía acceso a utilizar mascarillas de alta protección, por lo cual se eliminó la obligatoriedad pero se seguía incentivando. La diputada respondió que no terminaba de comprender la estrategia de eliminar la obligatoriedad, pero incentivar su uso.
Chacón respondió que "los costarricenses son lo suficientemente inteligentes", a lo que Alfaro dijo que ella no dudaba de la inteligencia del pueblo, pero que si no tenían la información adecuada, no iban a actuar en consecuencia.
La diputada también preguntó por los criterios o consideraciones para que una vacuna tenga que ser obligatoria en un país. La ministra respondió que eso es algo "muy local", a lo que Alfaro replicó que los criterios son: necesidad, proporcionalidad, evidencia de seguridad vacunal, abastecimiento suficiente, entre otros.
Otro de los momentos más tensos de la interpelación involucró al diputado frenteamplista Antonio Ortega Gutiérrez, quien lanzó varias preguntas a las que solicitó respuestas cortas y precisas, pero la ministra no logró seguir el hilo, por lo que le pidió entonces que respondiera por escrito.
Dip. Antonio Ortega
¿Considera ético y adecuado cambiar los miembros de un ente técnico como la Comisión de Vacunación para que apoyen una decisión política. Si la decisión de eliminar la obligatoriedad de la vacuna no fue política, por favor, aporte los elementos técnicos que lo sustenten.
Ministra Chacón
Solamente en ciertos escenarios algunas personas asumen puestos para toda la vida. La Comisión Nacional de Vacunación, ya algunos de sus miembros han estado ahí, por años, de años de años. Cuando Costa Rica cuenta...
Dip. Antonio Ortega
Perdón ministra le pregunté si le parecía ético, no que justificara...
Ministra Chacón
¿Puedo terminar?
Dip. Antonio Ortega
Le hice una pregunta puntual.
Ministra Chacón
Qué pena, pero voy a terminar, gracias. Entonces, nosotros elegimos dentro de la Caja...
Dip. Antonio Ortega
Perdón ministra es que está respondiendo no sé si muy despacio o necesita otra pausa, le voy a hacer la otra pregunta porque no me la está respondiendo, igual no le ha respondido a nadie esa pregunta. ¿Cuántas personas se han despedido por no querer vacunarse?
Ministra Chacón
Vamos a ver, voy a responder la primera porque me parece también que tengo el derecho de hacerlo, diputado Ortega... diputado Ortega.
Dip. Antonio Ortega
Señor presidente, podría indicar el tema del tiempo, es que creo que la ministra no me está respondiendo y está haciendo perder el tiempo de las preguntas que le quiero hacer. Además, tuvo 20 minutos para exponer.
Ministra Chacón
Pero me hizo una primera pregunta y quiero responderla. ¿Cuál es el problema en que responda?
Dip. Antonio Ortega
Me la puede responder por escrito, entonces, señora ministra, ¿cuántas personas se han despedido por no querer vacunarse?
Ministra Chacón
A nivel de la Caja no le puedo decir el número, para eso puede solicitarse directamente a don Álvaro, pero en muchos hospitales no dejan entrar personal. Y a nivel del ICE...
Dip. Antonio Ortega
Muchas gracias, lo digo porque usted hizo una gran referencia, me imaginé que tenía el dato por el nivel de alarmismo con el que lo dijo. ¿Existe una campaña coordinada entre el gobierno y los grupos anti vacunas? ¿Se les está pagando favores de campaña estos grupos?
Ministra Chacón
[Ríe y no responde]
Dip. Antonio Ortega
Hugo Marín Piva, hasta entonces integrante de la Caja, la acusó a usted de eso. En distintos actos de la campaña, Rodrigo Chávez y Stephan Brunner prometieron detener la campaña de vacunación y que "nadie los va a obligar a vacunarse nada". Este gobierno además, desarticuló la estrategia de comunicación sobre la pandemia. La promesa no fue menor cosa, pues quienes ingresaron con violencia a los hospitales para desinformar sobre la pandemia son los influencers del club de fans oficialista. El día antes de la segunda ronda en un famoso grupo anti ciencia dijeron "A votar por Chaves, pero solamente porque aseguró que no van a joder a los empleados públicos con la vacuna". Yo creo que sí están coordinando, porque además el día de hoy viera que montón de correos nos llegaron a los diputados de personas de estos grupos, bravos, porque la trajimos usted aquí, entonces yo creo que sí están coordinando, me imagino que su silencio también lo evidencia.
Ministra Chacón
Perdón, no es silencio, es que no me estás dejando responder.
Dip. Antonio Ortega
¿Por qué a pesar de que públicamente se ha sostenido que la vacunación debe ser obligada en niños, se trató de anular el decreto 43364-S del 13 de diciembre del 2021? ¿Usted envió el oficio siguiendo alguna instrucción, o lo decidió por su propia cuenta?
Ministra Chacón
¿Puedo responder alguna? Porque no me has dejado. Por favor dé pruebas de que yo he estado sentada o he hecho trato con algún anti vacunas como usted le llama. Y cuando las tenga le pediría disculpas a quien sea, pero no lo he hecho, así que eso es lo que yo puedo responder de mi parte y con respecto al decreto ya me referí dos veces, creo que los que pusieron atención lo comprendieron. Gracias.
Dip. Antonio Ortega
Ok, no me respondió lo referente a la vacunación de niños. Yo creo que cuando la vida del niño está en peligro, el Estado asume la patria potestad para asegurar su bien superior, si el decreto se anula, se pone en indefensión al menor. No existe evidencia ni estudios científicos serios que indiquen que existe un mayor riesgo para el menor en vacunarse.
En la segunda ronda de preguntas, predominaron las intervenciones por el fondo de los congresistas.
Carlos Felipe García afirmó que ciertas cuestiones como mandar a consultar un decreto genera dudas sobre retroceso social, porque este país había dado avances grandísimos con los esquemas de vacunación.
Y puede ser que la vacunación del COVID-19 sea algo diferente, pero acabamos erradicado enfermedades a partir de la vacunación de la gente que cree. Y poner en duda, cuestionar la ciencia, puede tener un impacto tremendo y un retroceso tremendo en las conquistas en materia de salud que Costa Rica ha sido pionero.
Eliécer Feinzaig Mintz, jefe del Liberal Progresista, lamentó que el Ministerio de Salud no ha hecho campañas específicas dirigidas para vacunar a menores de edad y afirmó que las escuelas pueden ser utilizadas para hacer campañas de concientización con los padres.
Yo no estoy pidiendo que vayan con la Policía y vacunen a la fuerza a los niños. Lo que estoy pidiendo es: escuelas, involúcrense en hacer campañas con los propios padres de los niños para obtener las autorizaciones y poder hacerlo.
Antonio Ortega volvió a intervenir para cuestionar si había una sobrecompra de vacunas, o si la gente se había dejado de vacunar. La ministra respondió que hubo una sobrecompra, sin embargo, el congresista la contradijo afirmando que está ligado a la falta de campañas y al lobby de los antivacunas.
Yo creo que los datos y la baja mortalidad se deben a la institucionalidad costarricense y a cientos de miles de personas, entre ellos empleados públicos, no a usted, como lo quiso decir ahora. Creo que las fuerzas que desprecian a la ciencia y a la técnica están en Casa Presidencial, creo que los grupos anti ciencia y negacionistas que se dicen pro vida, pero que cuando el niño nace le niegan la salud, le niegan la vacunación, le niegan un Estado Laico, están muy fuertes en Casa Presidencial. Tenemos una ministra que aparentemente no dudó un segundo en exigir 50.000 banderas en campaña, pero que no puede hacerle frente a la vacunación. Son las mismas ideas de los grupos que tomaron el Capitolio en Estados Unidos, que toman hospitales en Costa Rica; todo indica que tienen influencia fuerte en Casa Presidencial.
La diputada Andrea Álvarez dijo que ha quedado claro que no se tomaron criterios técnicos y que evidencia de eso era que un representante de la ministra en la CNVE dijo que se debían valorar criterios políticos y de salud.
Nadie que trabaje en el área de salud puede decir que lo político es un criterio, eso le corresponde a los políticos, no al Ministerio de Salud. Y a mí como costarricense, me duele que por primera vez el Ministerio de Salud se haya politizado cuando había sido uno de los ministerios que habían mantenido políticas de Estado, independientemente de quién estaba en la Presidencia de la República.
El cierre lo dio la jefa del PLN, Kattia Rivera, quien afirmó que politizar la salud pública definitivamente no es una buena política. "Los virus no entienden de política. Y en este caso mucho menos van a desaparecer por la declaratoria de un decreto. El derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental que aparece en nuestra Constitución Política. Construir y aplicar políticas de salud pública definitivamente debe conformarse sobre fundamentos técnicos y científicos", dijo.
Me preocupa sobremanera escuchar argumentos con las palabras "pecado", "orgullo", "temor". ¿Cuál es la base científica de esto?
Rivera procedió a hacer un listado de mensajes erróneos emanados por la ministra de Salud y el gobierno: el levantamiento del decreto de emergencia; que el 8 de mayo Chaves dijera literalmente: "sólo los funcionarios y trabajadores de la primera línea de la salud pública estarán obligados a usar mascarilla y a vacunarse; el resto de las personas, incluyendo los niños en las escuelas, podrán escoger si quieren protegerse con mascarillas o no. Lo mismo con la vacunación obligatoria. Hay gente que no quiere vacunarse obligatoriamente. Removimos la capacidad de que sean despedidos de sus puestos".
¿Cómo vamos a tener una población que pueda entender en este momento la importancia y la necesidad de la vacunación, si tenemos a la principal vocería, precisamente teniendo un mensaje sumamente ambivalente? No tenemos claro cuál es esa ruta por parte del Ministerio de Salud y en esto también tenemos que dejar muy claro que el tema de reactivación económica es trascendental, que para todos nosotros era importante visualizar esas aperturas, porque hay que aprender a vivir con los virus.
La liberacionista también señaló que en el Tribunal del Servicio Civil no se han presentado despidos por negativa a vacunarse, y que el EDUS ya estaba funcionando desde el 22 de agosto, ambos datos que no se expusieron durante la interpelación.
Yo sé que ya todos estamos un poco cansados, quiero hacer un recordatorio, y es que el primer delito que comete un funcionario público es precisamente aceptar un puesto para el que no está capacitado.