Proyecto pretende sacar de la regla fiscal el pago de intereses de la deuda y gasto de entes públicos no estatales
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y su ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, presentaron el día de hoy un proyecto de ley (expediente 23.330) para incluir una lista de nuevas excepciones a la aplicación de la regla fiscal.
Según anunció el mandatario en conferencia de prensa “tenemos que hacer algunas reformas, porque la regla fiscal como se diseñó en el momento en el que se diseñó, como era natural, ha estado presentando problemas innecesarios que más bien obstruyen el buen manejo de los recursos públicos”.
Si bien el mandatario aseguró que “no estamos flexibilizando el gasto público y mucho menos tratando de aumentarlo, lo que estamos haciendo es corregir las distorsiones de una ley que se pasó con la urgencia del momento está dando problemas”, el texto presentado sí permitiría al Gobierno Central aumentar el gasto público al incluir dentro de las nuevas excepciones el pago de los intereses de la deuda del país —que para el 2023 tendrá un crecimiento del 11.6%— y que como crece a un ritmo superior al tope establecido para el presupuesto total (2.56% para el 2023) obliga al Gobierno a realizar recortes en otros rubros para que el presupuesto total cumpla con el límite de la regla fiscal.
Al respecto el ministro Acosta aclaró:
El impacto que este proyecto pueda tener se refleja en crear espacio para que el gobierno pueda dedicarlo a hacer lo que le corresponde: transferencias [a] grupos vulnerables, construir obra, y en términos generales mejorar la calidad de vida de los costarricenses.
Dato D+: Para el Presupuesto Nacional 2023 el monto por pago de intereses de la deuda asciende a 2.48 billones de colones, lo que equivale a aproximadamente una quinta parte (20.4%) del Presupuesto Nacional que asciende a los 12.26 billones de colones.
Por otra parte, el texto presentado por el Gobierno sí solucionaría la problemática que tienen actualmente distintos entes estatales que generan sus propios ingresos, pero que al estar sujetos a la regla fiscal les impide ejecutar estos recursos. Esto incluye a entes públicos no estatales, como colegios profesionales, e instituciones comerciales sin competencia, como es el caso de la Fabrica Nacional de Licores. Para estos casos la propuesta establece que la exclusión de esos recursos no incluye los montos recibidos por transferencias del Gobierno Central.
Al respecto el ministro Acosta señaló:
Los colegios profesionales son entes públicos no estatales a los cuales se les aplica la regla fiscal y tenían una serie de problemas relacionados con ejecución; pero también otras entidades que brindaban servicios a diferentes grupos, caso particular el ICAFÉ, que no podía ejecutar sus presupuestos debido a la regla, y en el caso también de FANAL, no podía producir más alcohol porque no estaba dentro de su presupuesto y también estaría violentando la regla fiscal.
Adicionalmente, el proyecto también pretende excluir de la regla fiscal los montos destinados por préstamos internacionales a cualquier entes y órganos del Sector Público, los pagos al “Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”, al “Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós”, así como los montos ordenados en ejecución de sentencias judiciales en firme.
Contradicciones de Rodrigo Chaves con la regla fiscal
Como ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves pidió a Carlos Alvarado vetar la exclusión a las municipalidades de la regla fiscal. Ante la negativa del mandatario, renunció poco después. Foto: Roberto Carlos Sánchez/@rosanchezphoto
En mayo del 2020, Chaves Robles, en su entonces condición de ministro de Hacienda, solicitó públicamente al entonces presidente Carlos Alvarado Quesada que vetara la Ley 9848 que excluía a las Municipalidades de la aplicación de la regla fiscal en aquellos rubros que fueran autogenerados a través de los impuestos municipales —y no aplicaba a las transferencias que se hace a los Gobiernos locales—. La negativa a vetar por parte del presidente Alvarado fue una de las razones por las que Chaves renunció a la pasada administración.
La carta enviada por Chaves a Alvarado decía:
El Gobierno de la República debe mantener el compromiso absoluto de Costa Rica con la sostenibilidad de las finanzas públicas. La Asamblea Legislativa y el Gobierno realizaron grandes esfuerzos para aprobar la Ley N°9635, por lo que no es aceptable que en este momento de crisis económica se fuesen a crear excepciones".
Adicionalmente, el primer veto presidencial firmado el 18 de mayo por Chaves fue al decreto legislativo 10.258 para excluir a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) de la regla fiscal, que, con el nuevo proyecto, estaría quedando incluida dentro de las excepciones, en cuanto a los recursos que no obtenga por transferencias del Gobierno Central.
En aquel entonces Casa Presidencial envió un comunicado señalando:
Resulta sumamente inconveniente para las finanzas públicas generar una excepción a Procomer de la regla fiscal. A la vez que no envía el mensaje correcto y oportuno de responsabilidad y estabilidad fiscal que el país requiere en estos momentos.
Dato D+: Una vez que un proyecto de ley es aprobado por la Asamblea Legislativa se conoce como decreto legislativo o decreto-ley, y se convierte en Ley de la República hasta que es firmado por el Poder Ejecutivo o resellado con 38 votos tras un veto presidencial.
Adicionalmente, el pasado 22 de junio el presidente Chaves firmó un decreto para modificar la forma en que se aplica la regla fiscal al presupuesto nacional, estableciendo como límite para el cálculo de la ejecución el tope presupuestado el año anterior, y no el tope ejecutado, lo cual la Contraloría General de la República ha señalado que incumple con la debida aplicación de la regla fiscal.
