La contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, advirtió este miércoles que el decreto firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para flexibilizar la aplicación de la regla fiscal creada por la Ley 9635, incumple lo dispuesto en esa ley aprobada durante el Congreso anterior.
En audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, Acosta afirmó que la institución que dirige ya pidió copia del expediente del decreto al Ministerio de Hacienda para estudiarlo y que aunque no ha sido publicado todavía en La Gaceta, desde ya advirtió de las consecuencias que tendrá el decreto firmado por Chaves.
Acosta explicó que el criterio no modifica la forma de analizar el cumplimiento de la regla fiscal en la etapa de presupuestación, pues se mantiene el comparado entre el aprobado al inicio del año correspondiente, con el aprobado al inicio del año anterior. El cambio ocurre a la hora de analizar el cumplimiento de la regla fiscal en el presupuesto ejecutado, pues actualmente es el ejecutado del año en curso versus el ejecutado del año anterior, pero Chaves lo modificó para que sea el ejecutado versus el presupuestado.
Este cambio no cumple el artículo 21 del Título IV de la Ley 9635 y permitiría un mayor margen de crecimiento para el gasto ejecutado del presupuesto nacional, porque ahora se podrá gastar lo que antes era subejecutado, favoreciendo principalmente el gasto corriente. Esto postergaría el retorno a la sostenibilidad y podría generar expectativas negativas en torno al compromiso que como país tenemos con la disciplina fiscal.
La contralora afirmó que el decreto del Presidente no consideró los efectos que tendrá sobre el sector descentralizado. Explicó que en esas instituciones las reglas de aprobación del presupuesto son diferentes, pues en ellas la Contraloría es quien toma la decisión, y tiene facultad de aprobar parcialmente o hasta de rechazar el plan de gastos, mientras que la aprobación del presupuesto del Gobierno Central corre por cuenta del Congreso, y no se tiene permitido rechazarlo.
"Las improbaciones en el sector descentralizado provocan que el presupuesto inicial aprobado, que es la nueva base de cálculo, sea mucho menor, lo que podría estrujar la posibilidad de crecimiento del año siguiente. Pero también existen empresas públicas cuyos recursos, en su mayoría, provienen de ingresos por tarifas: esos recursos son incorporados a través de presupuestos extraordinarios cuando se dispone de la información sobre las tarifas actualizadas y aprobadas, por eso, esas instituciones se van a ver afectadas en sus presupuestos y ejecución al considerar el presupuesto inicial como base del cálculo de la regla fiscal, pues afecta el crecimiento del presupuesto del año siguiente. Además, a aquellas instituciones que generalmente presentan altos niveles de subejecución en el gasto, el cambio en la base les permitiría un crecimiento del gasto mucho mayor al parámetro de la regla", detalló Acosta.
La contralora también dijo que la decisión de Chaves origina que la base de cálculo de la regla fiscal sea menor, lo que estruja la posibilidad de incremento del gasto de capital, y deja además por fuera esa porción del gasto en el cálculo del tope del crecimiento del gasto.
Además, el cambio genera incentivos que de hecho ya hemos empezado a ver, para, por ejemplo, dejar de presupuestar bajo el argumento de que se procede de esa forma para no incumplir la regla fiscal, fenómeno que genera riesgos de que las cifras presupuestarias no reflejen la realidad económica y no sirvan para la toma de decisiones. También se presentaría un traslado de responsabilidad de la administración al órgano de aprobación. En el caso del presupuesto de la República, es la Asamblea Legislativa, y en particular esta comisión [Hacendarios] que es la que dictamina el Presupuesto. También, se pierde simplicidad en el cálculo de la regla, lo cual genera costos operativos adicionales de implementación y se retrasa el retorno a la sostenibilidad, se exacerban incentivos de la huida del control de la regla.
Acosta afirmó que si al día de hoy, si este decreto pasara, le presentan un presupuesto extraordinario para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), no podría ser aprobado porque incumpliría la regla fiscal.
Este es un análisis serio, hemos solicitado el expediente al Ministerio de Hacienda para analizarlo, porque en realidad se está generando una gran confusión y esto tiene riesgos y efectos que en nuestra opinión son muy serios.
La contralora concluyó recordando que esta discusión se tuvo hace dos años, durante el trámite de la aprobación de la Ley 9635, cuando ella también era jerarca de la institución, y señaló que la ley quedó a como está hasta ahora. "Lo dice el artículo 21: se verificará en la liquidación, pero si hay dudas, o si se quiere cambiarle eso, por la razón que se estime por parte de los tomadores de decisión, se debería hacer a través de la ley".
En declaraciones en Casa Presidencial, tras lo dicho por la Contraloría, Rodrigo Chaves afirmó que no se está flexibilizando la regla fiscal, sino cambiar cómo se mide.
"Cuando yo era ministro de Hacienda les dije que esto iba a pasar: si lo medíamos ejecutado contra ejecutado, lo que estamos haciendo es meter el acelerador cuando vamos cuesta abajo en una recesión, sin capacidad de frenar, porque la regla fiscal se vuelve pro-cíclica. El Presidente de aquel entonces escogió el criterio de la Contraloría; respeto a la señora contralora enormemente, pero como economista tengo una visión enormemente diferente a la de ella, y si no hacíamos ese cambio, no estoy dispuesto a tirar 13 mil chiquitos a la calle porque no van a poder recibir asistencia del Estado en sus hogares de residencia, ni a dejarle de pagar a los diplomáticos", dijo.
