Por Kevin Zamora Ramírez – Estudiante de la carrera de Administración de Negocios
Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo, escritor, político y teórico suizo, que a lo largo de su vida planteó una serie de cuestionamientos en relación con las estructuras sociales y políticas de su época. En uno de sus escritos, menciona que “la igualdad en la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se vea precisado a venderse” (Salcedo, 2018, párr.1). Cuando este tipo de situaciones de corrupción se presentan, estas van a ir opacando y rompiendo el contrato social de un país, y en este caso, hablaremos del de Costa Rica.
Se considera corrupción “la alteración más grave y contagiosa que pueden padecer las instituciones. Supone que una persona o varias, de común acuerdo, instrumenten y manejen el sector público a su antojo, en beneficio propio o ajeno” (Silva, 2017, párr. 1). Esta también puede verse en el sector privado, y a su vez en situaciones mixtas, donde lo público y privado se entrelazan. Por otra parte, el contrato social se puede definir como “la cual hace referencia al compromiso adquirido por un ciudadano con el Estado, cuando este se integra en una sociedad que se encuentra bajo la gestión de un este último. El compromiso, simbólicamente, Rousseau lo representa con un contrato” (Marín, 2021, párr.1).
Teniendo estos conceptos claros, se puede entender que la ruptura del contrato social comienza con los actos de corrupción en un país, lo que provocan la falta de confianza de los ciudadanos en el Estado y sus instituciones, que son un pilar clave para la democracia y la estabilidad. Las faltas de probidad pueden ser pequeñas, desde robarse una vacuna hasta problemáticas sistemáticas que afecten a los procesos democráticos. Es claro que estas situaciones son inevitables, pero la búsqueda de la mitigación de estas debe ser contundentes y prioridad para un Estado pleno y democrático.
Costa Rica se ha visto involucrada en una serie de actos de corrupción a lo largo de los años, que evidentemente han atentado contra el contrato social del país, algunos de los más grandes han sido: la Trocha Fronteriza, CCSS – Fischel, ICE – Alcatel, Banco Anglo, Cementazo, y por ultimo el más grande y reciente; el caso Cochinilla. Todos estos casos ejemplifican la mala gestión del Estado en su intento de de procurar que el contrato social prevalezca. Evidentemente esos casos son de gran magnitud, pero estos atentados se pueden ver, en mayor o menor medida, a través de todo el sistema estatal y no son lejanos a la cotidianidad de la ciudadanía, lo cual es un gran fallo para nuestra sociedad.
La piedra angular de un Estado debe ser un contrato social sólido, que logre perdurar en el tiempo ante los embates internos o externos que puedan atacar a la democracia. La responsabilidad de lograr este objetivo es parte de toda la ciudadanía y no se puede olvidar conforme evoluciona el país y su funcionamiento. De esta manera nos debemos ver en la obligación de fomentar y contagiar el ímpetu de un buen desenvolvimiento social que permita al concepto del contrato social desarrollarse de una manera adecuada y plena.
